La consulta catalana. Sabemos las preguntas y algunas respuestas

Hoy 12 de diciembre de 2013 el presidente del gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, acompañado de algunos miembros de su ejecutivo, de representantes de los partidos CDC, Unió, ERC, Iniciativa y la formación extraparlamentaria Esquerra Unida i Alternativa (coalición de izquierdas socialista, republicana federal, anticapitalista, ecologista y feminista), ha anunciado que el 9 de noviembre de 2014 se celebrará un referéndum en Cataluña para responder a dos preguntas: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y en caso afirmativo ¿Quiere que sea un Estado independiente?.

Los términos de la consulta son redundantes puesto que de los Estados se predica su soberanía, su independencia, de manera que la segunda pregunta se la podían haber evitado o refundirla con la primera y preguntar una sola vez: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Tanto tiempo debatiendo la pregunta para no ser capaces ni de resolver su interés en conocer la opinión del pueblo a la primera. Técnicamente es problemática porque en la práctica podrán darse más de los dos supuestos de una pregunta única ya que en este caso se combinan dos preguntas pudiendo suceder que no se contesta a la primera y sí la segunda o se responde un no a la primera y sí a la segunda, entre otros supuestos. Y pregunto ¿Qué garantías de pulcritud de la votación inspira el hecho de que la administración electoral sea la misma que promueve el sí?

Según declaran algunos de los pactantes, la fórmula elegida pretende contentar a todos los sectores partidarios de votar, como si se tratara de un eslogan comercial que quiere atraer al mayor público posible, incorporando así el marketing a la propuesta. Joan Herrera (Iniciativa) ha declarado que la pregunta incluye a los federalistas, que podrán votar sí a la primera pregunta y no a la segunda. Entonces ya le hemos fastidiado de verdad porque incluir el conocimiento del constitucionalismo federal entre los electores y pedir que, con la que han venido liando desde hace más de dos años sobre la independencia y no sobre las fórmulas jurídicas que desde el Derecho comparado podríamos importar (federalismo, Estado libre asociado ….), entiendan que se pregunta sobre federalismo o que la primera pregunta es un paso intermedio no definitivo cuyos partidarios quieren otro modelo (no se sabe cual) pero no la independencia, lleva a pensar que desde el punto de vista legal y voluntarista de conocer la real opinión de los ciudadanos estamos ante una auténtica chapuza a la española, muy lejos de la primavera catalana de la que hablaba Joan Tardá esta semana en la noche de 24 horas (TVE) y que se quedó masticando en seco cuando describía la catalanofobia presente en España a lo que el presentador le preguntó que cómo se explicaba si tanta fobia había, los españoles no quieren la independencia de Cataluña.

En El País, Walter Oppenheimer relata las diferencias con el caso escocés, donde se pactó la pregunta entre el gobierno escocés y británico y se sometió la pregunta a un análisis científico para determinar su neutralidad, modificándose finalmente en aras de la claridad y para evitar ambigüedades. En el proceso catalán hay dos preguntas, no pactadas con el Gobierno del España sino entre los promotores de la independencia, redundantes y ambiguas porque hace falta preguntar dos veces para saber qué quiere la gente.

Fijadas las preguntas unilateralmente, ahora instarán al Estado a que autorice la consulta. El desvarío nacionalista se incorpora al carril de la legalidad continuamente, tanta veces como se sale del marco jurídico, con fundamento en este caso en el ejercicio de un derecho no reconocido cuya titularidad no ostentan y bajo el principio de la ruptura del Estado de Derecho desde una presunta mayoría democrática, como si la democracia se antepusiera a la legalidad. Todos saben de su ilegalidad, pero demostrado está que actúan al margen por lo que desde la legalidad sola será complicado resolver el callejón sin salida a la vista que una élite de dirigentes políticos faltos de sentido de la responsabilidad pero de alto espíritu romántico decimonónico han metido a la sociedad catalana y española en general.

Ha salido Rajoy diciendo que la consulta es inconstitucional y que por ello no se hará. Encendida la mecha hay que usar pólvora mojada. El Gobierno que cumpla su función constitucional de hacer cumplir la ley desde los instrumentos que le otorga el ordenamiento jurídico y se abstenga de colaborar en el éxito de la consulta con advertencias de usar mecanismos coercitivos o suspensiones de la autonomía. Sería un error elevar la tensión pues sólo beneficia a los convocantes. Probada la ilegalidad de la consulta, no tendría valor jurídico alguno por lo que no sería vinculante. De hecho ya existen antecedentes de domingos de consultas municipales en varias localidades catalanes con el mismo objeto, y no ha ocurrido nada.

Por muy ilegal que sea, pienso que el 9 de noviembre de 2014 se celebrará la consulta porque el gobierno catalán dispone de los medios necesarios para llevarla a cabo y sin embargo el Estado carece de medios para evitarlo porque las fuerzas del orden público a su mando son insuficientes en el lugar, sin perjuicio de que no sería procedente llegar a tal extremo. A esta situación se llega cuando desde la deslealtad institucional se usa parcialmente e interesadamente el Estado de Derecho, infringiéndolo de manera impune desde el poder que precisamente les han otorgado las mismas normas que se pasan por el arco del triunfo. La única esperanza es una sociedad catalana que mayoritariamente ignore la consulta, guardándose su opinión para expresarla en los foros legales. No estoy en contra del derecho a decidir, estoy a favor del supremo Estado de Derecho.