Informe sobre las Estadísticas Judiciales de Homicidios Dolosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los Departamentos Judiciales de La Plata y San Martín. Año 2011. Así se titula el trabajo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni presentó ayer al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la sala José B. Gorostiaga del Palacio de Tribunales. Al principio escoltado y anunciado por el presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, el también autor de La cuestión criminal, Crímenes de masas y La Pachamama y el humano explicó el alcance de este segundo paso en materia de criminología de campo en nuestro país (el primero, más acotado, fue dado exactamente un año atrás).
El Instituto de Investigaciones de la misma Corte Suprema volvió a encargarse del estudio exploratorio de homicidos dolosos cometidos en nuestra ciudad, y ahora también en los departamentos judiciales de La Plata y San Martín. En comparación con la edición anterior, ésta cuenta con un respaldo institucional mucho más grande: por un lado forma parte del Convenio Marco que la Corte firmó junto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia de la Nación (Acordada 16/2012); por otro lado consiguió el aval explícito del mencionado Lorenzetti cuyas palabras introductorias figuran a continuación.
El Poder Judicial necesita reflexionar sobre lo que está haciendo especialmente en el área criminal, un tema del que se habla mucho y de altísima sensibilidad… Hoy se muestra una metodología de campo hecha con pocos recursos pero con mucha buena voluntad y entusiasmo. Además de presentar un modelo analítico, estamos enviando una señal a los demás poderes del Estado sobre la importancia del trabajo en equipo”.
Zaffaroni, por su parte, celebró que la Argentina por fin empiece a hacer criminología de campo. Aunque admitió que “ésta es una investigación pobre, reducida, limitada”, la consideró una instancia fundamental para comenzar a identificar características y causas del delito y, a partir de este conocimiento científico, definir las políticas tendientes a reducirlo.
“No estamos haciendo estadísticas -explicó- recolectamos datos de interés criminológico con intención preventiva, como en los países centrales”. Así, el penalista insistió en priorizar la prevención por encima de la represión.
Foto extraída del Centro de Información Judicial (CIJ).
Don Raúl también aclaró que “las cifras de este informe no coinciden con las de otras agencias estatales”. Por ejemplo, los números que maneja la Policía suelen ser inferiores porque ésta sólo contabiliza las muertes ocurridas en el momento de la denuncia. En otras palabras, las víctimas que fallecen días después pasan desapercibidas para los archivos de las comisarías.
Al mismo tiempo, algunos expedientes judiciales confunden homicidio y tentativa. En este punto Zaffaroni reclamó “una mejor cultura judicial” en cuanto a confección de expedientes y recolección de datos. A título ilustrativo señaló que hace falta consignar el grado de instrucción de víctimas y victimarios, información mucho más reveladora que aquélla sobre (an)alfabetismo, históricamente presente en los formularios de rigor.
“En el informe del año próximo esperamos ampliar nuestro trabajo a todo el Gran Buenos Aires, e incorporar una metodología de carácter cualitativo en base a técnicas de entrevista entre otras, para profundizar nuestro estudio y confirmar o descartar algunas hipótesis derivadas de los dos primeros informes”, anunció el especialista en criminología.
“Ninguna investigación es ingenua”, sostuvo Don Raúl antes de cerrar el encuentro. Efectivamente, esta iniciativa a cargo del Instituto de Investigaciones de la CSJN apunta a un objetivo muy claro: diseñar e implementar una política preventiva cuyos aciertos desplacen la simple punición.
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PD. En este powerpoint figuran parte de los datos del informe, que Zaffaroni comentó en su presentación. Aquí, una síntesis de dichos comentarios.
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