La deriva totalitaria del Partido Popular

Esta gente no ha entendido todavía lo que es la democracia. Con once millones de votos sobre más de treinta y cinco millones de electores, pretenden imponer un régimen absolutista, sólo porque una ley ilegítima e injusta, como la electoral, les confiere mayoría absoluta, cuando no la tienen en la sociedad.

Y con esa premisa, ellos están dispuesto a dominar todo. Sin contar con nadie e imponiendo la apisonadora en el parlamento. Con un desprecio total a las minorías y a quien no consideran de los suyos.

De las graves medidas que han impuesto hasta ahora y han pasado por el parlamento, el noventa por ciento las han sacado en solitario. No quieren pactar, eso para ellos es debilidad. Quieren imponer.

A los proyectos para criminalizar a los manifestantes y censurar la libertad de expresión, se deben unir los dos últimos ejemplos que no son los únicos, los referidos al Ente Público de RTVE y la ley de Transparencia.

En cuanto a RTVE el cambio es notable. En el consejo han disminuido de 12 a 9 los consejeros, habiendo desaparecido los que representaban a los sindicatos. De esta forma los sindicatos no podrán defender reformas que puedan perjudicar a sus afiliados, cuando se discutan, puesto que han sido borrados del mapa.

Y, aún más grave es que el presidente de Televisión lo puede nombrar la mayoría absoluta de los diputados, cuando antes debían hacerlo los dos tercios. Lo que permite al PP no tener que pactar con nadie y nombrar al presidente a su libre albedrío, sin consenso. Se vuelve, de nuevo, a la televisión de partido, aquella de Aznar, donde el tal Urdaci era su representante sectario más genuino.

Por otro lado, acaban de aprobar, dentro de lo que será la Ley de Transparencia –otro brindis al sol, para aparentar lo que no son—, lo que llaman el Código de Buen Gobierno. Donde se trata de que se pueda expedientar a los altos cargos que no cumplan la ley.

Es curioso observar que a los ministros los tienen que juzgar, y en su caso castigar, el consejo de ministros. Y a otros altos cargos, será el Ministerio de Hacienda quien imponga la sanción.

O sea, para explicarlo mejor, si yo soy ministro y cometo una acción ilegal, me juzgo yo y mis otros compañeros ministros. Total, una maravilla. Vamos que está claro que no sirve para nada. Entre pillos anda el juego, a ver quién es el guapo que sanciona al coleguita.

Pero, ¿nos creerán tan estúpidos como para que no nos demos cuenta del timo? ¿Hasta dónde piensan llegar? Están siguiendo la política de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y a los demás ni agua.

Salud y República