En España, un nuevo estudio destaca una práctica preocupantemente común y claramente ilegal: excluir a personas desempleadas de los procesos de selección laboral. Antonio Fernández García, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha arrojado luz sobre este fenómeno discriminatorio con una investigación profunda que pone de manifiesto la urgencia de una revisión normativa y ética en los métodos de contratación de las empresas y servicios de empleo.
Según datos recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 2.900.000 personas en España están actualmente desempleadas, con un notable 35% sin trabajo desde hace más de un año. Este grupo, especialmente vulnerable a ser descartado automáticamente en las selecciones de empleo, encuentra en la investigación de Fernández un esperado grito de alerta contra las injusticias que enfrentan.
Fernández ha explorado numerosos estudios y legislaciones, encontrando una clara ilegalidad en la exclusión basada en el estado de empleo actual de una persona. Según el experto, muchas empresas y plataformas de empleo utilizan filtros automatizados que rechazan candidatos solo por su condición de desempleados, una práctica que no solo es injusta sino también ilegal bajo la legislación española, incluyendo la reciente Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación.
El efecto de esta discriminación es doblemente perjudicial, afectando no solo a las personas desempleadas sino también a la eficacia de las políticas públicas destinadas a mejorar la empleabilidad. Fernández critica la contradicción de invertir en formación y subsidios mientras se permite esta forma de exclusión en el mercado laboral.
Además, el profesor señala que la discriminación por desempleo afecta desproporcionadamente a colectivos ya de por sí vulnerables como mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidades, sin hogar, migrantes y personas trans. Esto subraya la necesidad de un enfoque más inclusivo y equitativo en los procesos de selección laboral.
Para combatir esta práctica, Fernández recomienda una revisión de la Ley de Empleo de 2023 para que prohíba explícitamente la discriminación contra las personas desempleadas. Además, insta a las empresas y servicios de empleo a revisar y ajustar sus procesos de selección para evitar cualquier tipo de discriminación y alinea su investigación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, los relacionados con el fin de la pobreza y el fomento de un trabajo decente y crecimiento económico.
Este estudio no solo pone de manifiesto un problema latente en la sociedad española, sino que también ofrece un camino claro hacia su solución, esperando influir en un cambio significativo en las políticas de empleo a nivel nacional y quizás, eventualmente, a nivel europeo.
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure