La ilegalidad del aborto: una política de Estado

El poder político y el clero son los que atentan contra la vida y salud de mujeres y niñas
Todavía se conserva en el recuerdo -principalmente de las mujeres que viajamos al XXV Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos- la irrupción violenta de una patota, enviada por el clero local, a la escuela donde se desarrollaban los talleres de aborto y anticoncepción, la cual golpeó con furia a mujeres y jóvenes que reclamábamos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En ese momento, el gobernador K Uribarri y el gobierno nacional actuaron con una clara complicidad a través del silencio frente a la agresión física.
Esta vez, el peso de la Iglesia, así como el del poder político y judicial enterriano, sumado al silencio del gobierno nacional, cayeron sobre una niña de sólo 11 años, embarazada a causa de una violación. La niña y su mamá fueron víctimas de una presión brutal (sostenida por decenas de médicos, profesionales de la salud y ONG) para que la niña, ya violentada una vez, continuara con un embarazo que no deseaba y que no puede sostener ni física ni mentalmente, además de correr riesgo su vida por su corta edad.
El caso entraba entre los abortos que el Código Penal tipifica como no punibles. Sin embargo, a pesar de que el pedido de la madre de realizar el aborto -el cual no requería autorización ni permisos judiciales-, el director del Hospital Regional de San Salvador, Juan Arletaz, le señaló que debía hacer la denuncia policial y judicial. Desde allí, comienza una fuerte intervención de los poderes político y judicial, que indujeron a la familia a desistir del requerimiento de aborto -objetivo que finalmente lograron, pasando por encima de las súplicas de la niña ante el juzgado, la cual quería volver a la vida de antes. Desde el juez de Familia, Raúl Tomaselli, quien hizo un pedido de investigación médica a la dirección del Hospital Masvernat, cuyo resultado sostenía que la niña se encontraba apta para continuar el embarazo, pasando por los defensores oficiales de la Justicia que decían que la niña no estaba angustiada, hasta el propio ministro de Salud provincial, Hugo Cettour, quien -además de señalar que el caso no entraba en los no punibles- con repugnante descaro negó el abuso sexual a la niña y escondió las dañinas consecuencias físicas y psicológicas de la continuación del embarazo. El ministro expresó: "La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación, el cuerpo está preparado". Y agregó, para quitarse responsabilidad política y naturalizar el embarazo adolescente: "(...) acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazadas adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado" (extraído de Página/12, 18/1). Este comentario no es casual: más del 27% de los partos atendidos en los hospitales públicos de Entre Ríos son de niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, siendo las zonas más pobres el epicentro de la problemática, según un artículo publicado el 27 de enero por el portal de noticias Gualeguaychúadiario. Mientras, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva a nivel nacional no se cumple en ninguna provincia y se ha aprobado una ley de educación sexual que ni siquiera es aplicada, que habilita la injerencia total de la Iglesia en sus contenidos.
El caso de la niña enterriana, de 11 años, es uno de los cientos que se reproducen en el país y cada uno de ellos muestra la profunda violencia estatal-clerical sobre mujeres y niñas. Atravesado por la problemática de la ilegalidad del aborto, recordemos el caso de la niña de 13 años, en Salta, que murió producto de un aborto clandestino y que, mientras velaban a la niña, llevaron a su madre presa, acusada de haberle suministrado el fármaco.
El caso de la niña de Entre Ríos vuelve a mostrar la inutilidad del artículo 86 para garantizar los casos de abortos no punibles, desde el momento que se deja a la mujer a merced de la arbitrariedad de las direcciones de los hospitales, los comités de bioética y la Justicia (totalmente infisionados por el clero). Sin dejar de lado que el aborto es hoy una prerrogativa de quienes pueden pagarlo. El aborto en Argentina sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres embarazadas.
Sólo podrá terminarse con este flagelo contra las mujeres y niñas estableciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Advertimos que no vendrá de la voluntad política de ningún bloque parlamentario, a pesar de ciertos discursos a favor. Tanto kirchneristas como opositores han cajoneado el tema y Cristina Kirchner ya anunció su rotunda oposición al aborto. Es necesaria una movilización permanente y una acción política masiva que le imponga al poder político esta reivindicación.
Mariela Solesio