La ley obligará a informar sobre el sueldo antes de la entrevista de trabajo

La Comisión Europea ha aprobado con los diferentes gobiernos de la Unión Europea la puesta en marcha de una directiva sobre transparencia retributiva. La Comisión propone una medida que hasta el momento no siempre se producía y favorece el conocimiento de las condiciones laborales a las personas que a través de una entrevista tienen la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

Esta medida propone informar sobre el salario inicial o su rango en la oferta de empleo antes de la primera entrevista de trabajo. Además añade que no estará permitido preguntar a la persona candidata por sueldos percibidos con anterioridad en otros empleos.

Una medida de obligatorio cumplimiento

Una medida muy interesante de obligatorio cumplimiento para organizaciones con más de 250 personas trabajadoras, es hacer públicos los datos acerca de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Además de informar a nivel interno por categorías de personas empleadas que hacen un trabajo cuyo valor es similar.

Según datos de la Comisión Europea, el coste para estas grandes organizaciones se estima entre los 379 y los 870 euros anuales. En algunos países estas nuevas medidas ya se han puesto en marcha y se conoce que se ha producido una mejora en la imagen pública de la compañía, incremento de motivación de sus trabajadores y trabajadoras y además una medida que incide en la problemática experimentada por la mitad de la población como es la brecha salarial por razón de sexo.

Derechos de las personas empleadas

Tendrán derecho a solicitar información de su empleador o empleadora, su nivel salarial individual y los niveles medios en la organización, por sexo y por categorías de trabajadores haciendo tareas equivalentes.

Las personas que sean víctimas de discriminación salarial podrán reclamar una serie de compensaciones. Entre ellas reclamar la recuperación completa de los salarios y bonus no percibidos. Por parte de la organización recae la responsabilidad y tarea de demostrar que no se ha producido dicha discriminación.

Cada país de la Unión Europea alberga la responsabilidad de establecer penalizaciones (incluyendo un mínimo de multa económica) para infracciones de este principio, en función y teniendo en cuenta la gravedad y duración.