La rebelión que están protagonizando cientos de miles de andaluces no es de esas luchas efímeras que se enfrían con el tiempo y se esfuman. Es una rebelión en toda regla contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es, sin duda, el impuesto más injusto, depredador, antidemocrático, impopular y contrario a la Constitución de todos los que están vigentes en España. Pero esa rebelión, que ya supera las 150.000 firmas de condena y se expande por las redes sociales con fuerza viral, es también un ensayo de liberación, un resorte que ha logrado que los andaluces se rebelen ante un régimen que desconoce la fuerza del pueblo, acostumbrado a imponer siempre su voluntad, que lleva cuatro décadas manteniendo a la región en el atraso, el desempleo, la corrupción y la pobreza, no sólo económica, sino política, moral, cultural, educativa y en servicios públicos que, a pesar de ser dispensados en una región de Europa, parecen tercermundistas.
El próximo 30 de junio, los andaluces están convocados delante de las delegaciones de Hacienda de la Junta para protestar una vez más contra ese impuesto injusto y depredador. Ese día, a pesar del calor y de que ya se está casi en periodo de vacaciones, podrá apreciarse la fuerza de un movimiento que ya ha ganado la batalla de la opinión pública, demostrando que es injusto, cruel, contrario a la Constitución y depredador.
Los andaluces llevan cuatro décadas con un gobierno socialista, sin alternancia, sin conocer otras opciones. Y ese gobierno ha aprovechado el tiempo para tejer una red clientelar poderosa y densa, sin duda la principal obra del régimen y la que más esfuerzos y recursos ha concentrado, muchos más que los empleados en la educación, la sanidad o la lucha contra el desempleo y la pobreza.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, quizás porque es injusto y brutal porque impide a miles de andaluces heredar lo que sus mayores le legan a la hora de morir y porque es tan elevado y desproporcionado que obliga a miles de familias a renunciar a la herencia o a caer en la ruina, se ha convertido en la espoleta que ha provocado la rebelión, que ya no es sólo contra ese impuesto, sino también contra otras muchas lacras y dramas de Andalucía: desempleo, avance de la pobreza, sistema educativo ineficiente, atraso, corrupción, abuso de poder, arrogancia, prepotencia y un poder gubernamental tan denso y palpable que llega a controlar casi la mitad de la economía y que hace depender la la Junta el empleo, la prosperidad y la vida de millones de ciudadanos, dependientes, directa o indirectamente, del poder de la clase política andaluza, tan atrincherada en el pdoer que parece imposible de ser desalojada de sus palacios.
La asociación "Stop Impuesto Sucesiones" lidera la protesta, promete alcanzar pronto el medio millón de firmas y afirma que su rebelión arrebatará al socialismo de Susana más de medio millón de votos en las próximas elecciones, si la presidenta no abandona su arrogancia y no accede a la petición masiva que clama por un Impuesto de Sucesiones bonificado al 99 por ciento, como en Madrid, terminando así con esa diferencia anticonstitucional de que heredar en Andalucía cueste cien veces más que heredar en Madrid y mil veces más que hacerlo en las islas Canarias, toda una brutalidad que hace pedazos la Constricción y la más elemental Justicia.
Los socialistas andaluces, si fueran listos, cederían y, abandonando su arrogancia, reducirían en un 99 por ciento ese impuesto depredador, porque si no lo hacen corren el riesgo de que la espoleta de la indignación popular se dispare y la protesta alcance dimensiones preocupantes. Por mucho poder que tengan, el pueblo alzado siempre es invencible, sobre todo en democracia y cuando está cargado de razón.
Contra el Impuesto de Sucesiones existen razones sólidas, pronunciamientos de todo tipo y muy pocos argumentos para defenderlo. Contra él se han pronunciado expertos, políticos, fiscalistas, cámaras de comercio, defensores del pueblo, asociaciones de empresarios y una legión de juristas de todo el mundo. Los socialistas andaluces dicen que es un impuesto que está vigente en Estado Unidos, pero ocultan que allí están exentos de pago los primeros cinco millones de dólares heredados, mientras que en Andalucía lo exento sólo llega a 250.000 euros. Sin duda alguna, es un impuesto injusto porque paga por lo que ya ha pagado, irreverente, porque burla la voluntad de los muertos, y anticonstitucional porque rompe la igualdad ante la ley de los españoles, que garantiza la Carta Magna.
Se trata de una lucha entre el poder y el pueblo, entre la arrogancia y la razón, entre la injusticia y la voluntad popular, digan lo que digan Susana y sus acólitos de la Junta, entre los que figuran sus socios del partido Ciudadanos, que, a pesar de sus afirmaciones de condena a ese impuesto y sus exigencias verbales a que sea suprimido, en realidad no han puesto interés alguno en suprimir ese impuesto, a pesar de que ellos se declaran liberales y contrarios a los abusos fiscales.
A pesar del inmenso poder de los socialistas en Andalucía, pase lo que pase, gracias al Impuesto de Sucesiones, el gobierno de Susana está siendo derrotado, después de haber perdido ya la batalla de la opinión pública, que ya se ha convencido de que ese impuesto es depredador, cruel, injusto y anticonstitucional.
Los andaluces, gracias a la protesta contra ese impuesto inicuo, están aprendiendo la primera lección de la verdadera democracia, que exige desconfiar del gobierno y que los políticos deben ser vigilados siempre y controlados para que su poder no se vuelva opresor y abusivo. La democracia es, precisamente, eso, un sistema que se basa en la desconfianza frente al poder para evitar que los políticos se conviertan en dictadores, corruptos y sátrapas y para que la libertad, que es el bien más preciado del sistema, nunca deje de brillar.
Francisco Rubiales
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