La nueva tasa a discapacitados valencianos usuarios de centros de día, ocupacionales y residenciales entra en vigor con sanciones por impago e incluso el embargo

Año nuevo, impuesto nuevo. El 2015 se estrena con novedades para los discapacitados de Castellón y, en concreto, para los usuarios de centros de día, ocupacionales y residenciales. Llega una nueva tasa y, como en todos los tributos, incluye un recargo de hasta el 20% para los que tengan la tentación de no pagar que, además, pueden enfrentarse al embargo de sus cuentas. El reconvertido copago que la Conselleria de Bienestar Social aprobó el pasado 3 de diciembre acaba de entrar en vigor. El primer recibo se emitirá a principios de febrero y esta misma semana los centros de la provincia empezarán a informar a los usuarios de los pasos a seguir para abonar un impuesto cuyo importe final por discapacitado aún se desconoce.
La nueva tasa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tumbara en septiembre el copago al que el Consell sometía a los discapacitados desde principios del 2014. Quedó anulado, pero Bienestar Social dijo que lo recurriría. Y no solo hizo esto. Además, convirtió el copago en una tasa para ajustarse, según dijo, a lo que decía la sentencia del alto tribunal valenciano. “Si lo que quieren es que los discapacitados se vayan a la ruina, que lo digan claramente. Esto no es más que una persecución que ya resulta insoportable”, afirma Juan Planells, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-CV), que aglutina a más del 95% de las 400.000 personas con discapacidad en la Comunitat.
El importe, una incógnita 
 La Conselleria mantuvo este jueves una reunión con todos los directores de los centros de discapacitados de la provincia. “La Administración nos pidió que les facilitáramos el número de cuenta de cada usuario para poder domiciliar la tasa pero eso, en virtud de la ley de protección de datos, no lo podemos hacer”, explica Juan Bru, presidente de Afanías. Así que los centros se han visto obligados a convocar una reunión con todas las familias afectadas para que, voluntariamente, proporcionen la cuenta a la Conselleria. Quien no lo haga deberá ir todos los meses a Hacienda a abonar el impuesto.
El problema es que los usuarios van a dar un número de cuenta a la Administración sin saber el importe que les tocará abonar. “Nadie sabe si van a ser 100, 200 ó 300, aunque todo apunta a que va a ser menos que con el copago anterior”, apunta Bru. Y es que la Conselleria garantiza, como mínimo, una renta de 2.625 euros anuales por discapacitado, es decir, 220 euros al mes. Con el copago anterior lo mínimo garantizado eran 128 euros mensuales.
Pero la tasa implantada por la Conselleria incorpora un nuevo quebradero de cabeza para las asociaciones y centros de día. A partir de febrero, quien cobra la tasa es Hacienda (con el copago, el dinero lo repartía cada mes la Conselleria). Y la Agencia Tributaria funciona como caja única, es decir, el dinero que recaude de los discapacitados no revertirá directamente en las asociaciones. “Eso significa que los centros, hasta el mes de mayo, no vamos a ver ni un euro, por lo que tendremos que volver a recurrir a créditos”, subraya el presidente de Afanías.
Juan Planells habla también de cuatro meses de “pesadilla”, puesto que los centros no van a tener liquidez. “Ante tales despropósitos, solo nos queda seguir luchando. Y una de las vías que acabamos de iniciar es la recogida de firmas a nivel nacional para pedir el fin del copago”, sentencia el presidente de Cermi.
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