La razón moral y el paternalismo

La aprobación del plan de salud de Obama da pie para discutir muchas cosas. En otros lugares más competentes se puede leer una exposición sensata sobre lo que es y lo que no es ese plan.
Aquí me interesa un aspecto lateral. Las encuestas han dado distintas adhesiones al plan según el momento de todo el recorrido político por el que ha pasado (todavía por terminar). Mi cuestión es la siguiente. Pongamos que es cierto que el plan genera un rechazo mayoritario. Pongamos que los demócratas, el presidente y la gran mayoría de representantes de ese partido, se empeñan en aprobarlo. Pongamos, finalmente que, después de aprobado (tal vez algunos pocos años), el plan tiene, finalmente la aceptación ciudadana. ¿Es esto un buen resultado de la democracia?
Debo decir que el caso del plan de Obama tiene más complicaciones, puesto que los demócratas respaldaron a Obama cuando era candidato presidencial y llevaba el plan en su programa electoral, y con ese programa le eligieron los ciudadanos, y porque algunas de las encuestas que mostraban el rechazo indicaban también que gran parte del rechazo era por el procedimiento seguido más que por el plan en sí.
En fin, que la pregunta es hasta qué punto puede ejercer un político el paternalismo. Si por una parte los ciudadanos ahora no quieren algo, pero luego esos mismos ciudadanos cambian de opinión al tener ese algo, ¿legitima ese resultado al político que sacó adelante el proyecto? ¿es esto paternalismo? ¿es bueno? ¿es malo?
Los economistas tendemos a trabajar con las preferencias presentes (a no ser que se trate de un menor de edad), puesto que son las únicas conocidas (más o menos) y no es posible asegurar que cambien en la dirección prevista. Por otra parte, en algunos casos, dadas las experiencias en otras sociedades y en la misma sociedad en ocasiones similares, es posible prever esa aceptación. Más aún, si se asume una certeza razonable en el cambio de las preferencias, no es posible demostrar que sea mejor usar las anteriores y no las posteriores para la evaluación de una política. Los criterios económicos al uso, como los de eficiencia y de equidad, se pueden establecer con cualesquiera preferencias.
Con todo, hay por lo menos, dos situaciones en las que atender a las preferencias futuras es inaceptable para casi cualquiera que piense sobre el tema (para más abundar contra las pretensiones razón moralistas que ya hemos señalado en más ocasiones diremos que es imposible una deducción lógica de esa inaceptabilidad y que solo podemos decir que a la mayoría nos parecerá mal). El primer caso es el de la adicción. Una política paternalista que acaba siendo aceptada porque se hace adictiva no parece muy defendible.
El segundo caso se refiere a los costes asociados a imponer o a retirar una política. Se entenderá mejor en un caso extremo. En el momento actual preferimos seguramente tener un cierto lugar libre de contaminación. Si sucede un accidente y ese lugar se contamina, tal vez sea preferible mantenerlo contaminado que descontaminarlo si el coste de descontaminarlo es altísimo y los recursos que se tuvieran que dedicar a descontaminarlo pudieran, por ejemplo, descontaminar muchos otros por el mismo precio.
Así pues, antes de responder a las preguntas sobre la legitimidad de las políticas no populares a priori habrá que ver si no estamos en alguna de estas situaciones.