La sanidad en España, su privatización y mentiras internacionales

Parece increíble como una sanidad pública que llegó a ser referente mundial, no sólo por sus más que satisfactorios resultados, sino también por su escaso coste para el ciudadano, haya sido convertida en lo que hoy es. Mientras Estados Unidos ha estado al borde de la suspensión de pagos por una reforma sanitaria que extendía la atención a toda la población, en España, ese bien preciado internacionalmente del que muchos países recelan, ha sido saqueado y ninguneado con absoluta indiferencia. Los políticos y economistas alegan que la sanidad española es muy cara, y que el sistema de pensiones, el de educación y la propia sanidad (Estado del Bienestar en su conjunto) son completamente insostenibles. Obviamente, con una tasa de desempleo tan alta como la que acarrea España, el sistema de pensiones, el sistema educativo y la sanidad pública se verán a abocadas a la más trágica de las quiebras. Sin embargo, para que ese Estado del Bienestar fuera sostenible -y suponiendo que no lo fuera ya-, las medidas a llevar a cabo no pasan por un recorte masivo en estos sectores. Sus costes, como se ha demostrado e ignorado cientos de veces, no son superiores a los de otros países. España destina a sanidad alrededor del 10% del PIB, del cual, una pequeña parte -en torno al 2%- se deriva al sector privado.

Claro que el gasto en el sector privado es menor que en el público, sin duda; porque el alcance de la sanidad privada es infinitamente inferior que la pública. Equiparando a ambos sistemas, encontramos cómo la sanidad pública gana por goleada a la privada. Así se ha demostrado en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, cuyos sistemas no solo son caros, sino que además son ineficientes. Mientras que en el año 2011 España destinó un 9,4% del PIB a sanidad, el gasto en esta misma partida fue de un 9,3% del PIB en Reino Unido y del 17,9% en Estados Unidos. Por una cosa buena que tenemos, la vamos a echar a perder.

La diferencia esencial está en la calidad. Mientras la eficacia en España es muy elevada, Reino Unido o Estados Unidos -con alto grado de privatización sanitaria- es muy baja. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSAP) concretó que el proyecto privatizador de la sanidad comenzado por Margaret Thatcher había derivado en "un incremento importante del gasto sanitario que no ha ido vinculado a mejorar el funcionamiento del sistema". En Reino Unido se han producido decenas de escándalos sanitarios a causa de primar el beneficio económico ante la calidad del servicio.

Uno de los más sonados es el del Hospital de Stafford, en el que murieron 1.200 personas por negligencias y maltratos. La falta de agua o de comida, y la nula cualificación de los trabajadores hicieron que el propio David Cameron tuviera que dirigirse a la nación pidiendo disculpas. Este hospital estaba gestionado por una empresa a cargo del Gobierno británico. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, cerca de 45.000 personas mueren al año por carecer de una asistencia sanitaria. Paradójicamente -o no-, en España estamos haciendo esfuerzos por asemejarnos a los modelos privados de los países anglosajones.

Dentro de España encontramos como el experimento privatizador, el conejillo de indias, es la Comunidad de Madrid. Aunque en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular también se han planteado estas medidas, en ninguna tal como en Madrid se han llevado a la práctica tan rápida y contundentemente. Además, el deterioro de la sanidad pública ha sido estremecedor. Listas de espera de meses o incluso años, inspecciones de trabajo intrínsecamente sospechosas o la negativa a conceder bajas a aquellos que sí las necesiten -sin obviar el fraude laboral- a cambio de retribuciones a los inspectores según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 12 de agosto de 2011 ( pulsa para ver documento adaptado), han sido campo de cultivo para justificar una privatización injustificable.

Ya solo la adjudicación de los seis hospitales a privatizar despertó la polémica. La Comisión Nacional de Competencia advertía en septiembre sobre la falta de rivalidad y participación en las adjudicaciones, la longevidad de los contratos (de treinta años), unos plazos de presentación muy reducidos o las maniobras de la comunidad para allanar el camino a las empresas, como por ejemplo, el reducir el aval de 233 a 28 millones de euros cuatro días antes de la adjudicación. Fue precisamente eso lo que provocaba la paralización del proceso de privatización.

Un grupo puertorriqueño llamado HIMA San Pablo, Sanitas y Ribera Salud (perteneciente al grupo Capio, ahora denominado IDC Salud) habrían de hacerse cargo de la gestión de esos hospitales. En estas empresas y en otras que excuso citar, existen lazos políticos e intereses privados. Por ejemplo, Juan José Güemes, quien estuvo en el puesto de consejero de sanidad en la comunidad entre 2008 y 2010, dejaba su puesto en Unilabs tras conocerse cómo esta empresa había comprado el 55% de la Unión Temporal de Empresas (UTE), a la que se le había adjudicado los análisis clínicos en seis hospitales madrileños, los mismos que ahora se ha acordado privatizar. Finalmente, la UTE -con Ribera Salud a la cabeza-, ganaba el concurso tras ofrecer 125 millones, un precio "temerariamente barato".

Cientos de contratos irregulares que priman el beneficio monetario antes que el social, ponen en un muy serio aprieto la sanidad pública. Las empresas y los políticos, que muchas veces llegan a tener intereses dentro de esas empresas -además de los ejemplos citados, famosos son los casos de Felipe González en Gas Natural o el de José María Aznar en Endesa-, han situado a la sanidad como un privilegio, una auténtica ostentación de la que sólo unos pocos tendrán la gracia de disfrutar. Dicen que es un sistema insostenible sí, pero... ¿insostenible para quién?