Cualquier inmigrante que padece una enfermedad crónica o grave sabe que tras entrar en España ilegalmente puede exigir que le atiendan mejor que a numerosos nacionales que sostienen la Seguridad Social.
En España hay entre 700.000 y un millón de inmigrantes indocumentados, de los que el diez por ciento padece enfermedades crónicas.
Tras haberse instalado ilegalmente en España, muchos se niegan a revelar su origen para no ser deportados a sus países.
Reciben asistencia médica gratuita. Pero a la vez ocurren casos como el de una española desempleada, de la que el cronista tiene noticia directa, que ha perdido todos sus derechos y en los hospitales rechazan su tarjeta sanitaria porque caducó, mientras atienden sin requisitos a los sin papeles.
Debe acudir a Hacienda para pedir un “certificado de pobre”, es decir, de que no tiene ingresos, para que algún allegado la incluya en su cartilla.
Muchos españoles viven con irritación casos así, que se añaden a la entrega de viviendas públicas en toda España a quienes han hecho poco para ganarlas, mientras se las niegan a españoles desempleados y/o en condiciones precarias.
Señalar estas incongruencias no es racismo o xenofobia: los españoles deben ser atendidos primero, pues este país no es la ONU, el organismo supranacional que debería hacerse cargo de estas situaciones.
No se debe abandonar a ningún indocumentado enfermo. Pero en otros países avanzados no se grava el sistema sanitario obligatorio creado para atender a la población en situación legal con gastos para los que no corresponden los objetivos del pacto con los ciudadanos .
Una manera de que pague la ONU es imputar el coste de la atención a los indocumentados a las aportaciones del país, reduciendo ese importe de las subvenciones anuales a la Organización.
En ausencia de la inoperante ONU,que sean las oenegés establecidas por ciudadanos, solidarios si son laicos, o caritativos si son religiosos, quienes vayan afrontando paulatinamente las atenciones.
Esa red de protección para indocumentados es la que debe sustituir a una Seguridad Social en precario que abandona crecientemente a los españoles.
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