La Justicia, en democracia, para que cunpla su cometido, no basta con que investigue, persiga y condene el delito, sino que necesita generar confianza y seguridad en los ciudadanos. Si la ciudadanía no confía en la Justicia, es como si no existiera. Sin esa confianza, vital en democracia, el sistema no funciona.
La Justicia española y el gobierno de Rajoy deberían tomar nota de que la sociedad española, mayoritariamente, se siente insatisfecha con el trato que la Justicia ha dado a los atentados del 11 M, quiere saber lo que realmente ocurrió, conocer a los verdaderos culpables y que se siga investigando hasta que se alcance la última gota de verdad en torno a aquel atentado, el peor de la historia moderna de España y de Europa.
La insatisfacción que produce el 11 M entre los españoles, manifestada claramente ayer, 11 de marzo, por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una organización con gran influencia moral en la nación, es la evidencia de que la Justicia española no funciona. Los ciudadanos, ocho años después del crimen terrorista, siguen sospechando que los verdaderos culpables andan sueltos y que la Justicia actuó con precipitación, miedo y sometimiento al poder político a la hora de juzgar aquel horrendo crimen.
Sólo por razones terapéuticas y profilácticas, es urgente que el caso se reabra y se juzgue de verdad, sin un juez complaciente a próximo al poder sentado en el estrado, con equipos de investigadores no sometidos al mando político y con la búsqueda de la verdad presidiendo todo el proceso, sin tapujos y componendas, sin demostrar, como se ha hecho, que la Justicia española funciona mal, con interferencias y convertida en un verdadero problema para la convivencia.
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