La verdad sobre El Aro

COMO SI HUBIERA SIDO AYER, LA masacre perpetrada por los paramilitares en los corregimiento de El Aro y La Granja, zona rural de Ituango (Antioquia), vuelve a estar en boca de todos, esta vez por las compulsas que hicieron la Fiscalía y el Tribunal de Medellín para que se investigue al expresidente y exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, por presuntas omisiones a la hora de proteger a los habitantes de estas dos poblaciones, casi que borradas del mapa por la barbarie paramilitar. El anuncio de una posible investigación contra Uribe agitó el avispero político y algunos, como el procurador, Alejandro Ordóñez, llegaron a decir, irresponsablemente, que todo se debía a que las Farc habían puesto como condición, para un posible acuerdo de paz, que Uribe fuera condenado. Faltaba más. Ahora no se puede investigar a un expresidente.

Pero lo peor de todo es que, en medio de la controversia, lo realmente importante ha pasado de agache: esclarecer lo sucedido en El Aro y La Granja hace 18 años. No se trata, exclusivamente, de investigar las presuntas omisiones por parte del exgobernador de Antioquia, sino, sobre todo, de establecer los responsables de la matanza de 19 campesinos, esclarecer la participación de miembros de la Fuerza Pública en la masacre y aclarar, de una buena vez, qué fue lo que sucedió. Porque —a nueve años de que Colombia fuera condenada por la CIDH por omisiones en este caso— la verdad sobre lo sucedido sigue cercenada, por no decir otra cosa.

Y el problema ha sido, de nuevo, que toda la atención se la ha llevado la compulsa de copias por parte de la Fiscalía y el Tribunal de Medellín en contra del expresidente Uribe. Y, por ello, otras decisiones, tan importantes como esa, han pasado de agache. Por ejemplo: la de investigar los asesinatos del defensor e investigador Jesús María Valle, quien investigó durante años lo sucedido en Ituango, y del exparamilitar Francisco Villalba, condenado a 33 años de prisión por esta masacre y, por ello, testigo de excepción en este caso. Se trata de dos homicidios estrechamente vinculados con la masacre de Ituango y que, al igual que la matanza, siguen sin ser esclarecidos.

De la misma forma, de una sentencia de 786 páginas proferida por el Tribunal de Medellín, la opinión pública se ha encargado, exclusivamente, de lo que se dice en ese documento sobre el exgobernador de Antioquia. No obstante, hay muchos otros aspectos que se esbozan en el fallo y merecen ser tenidos en cuenta, por ejemplo, los nexos entre la masacre de El Aro y el allanamiento al parqueadero Padilla, el 30 de abril de 1998, en el que se encontraron documentos que, a juicio del Tribunal, permiten asegurar que “desde el parqueadero Padilla se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998, entre ellas la masacre de El Aro en Ituango, Antioquia, el 22 de octubre de 1997; la de Pichilín en Morroa, Sucre, el 4 de diciembre de 1996, y la de La Granja en Ituango, el 15 de julio de 1996”.

Son muchas las preguntas que siguen sin resolverse. No sólo respecto a las masacres de El Aro y La Granja sino, además, respecto a los nexos del paramilitarismo con agentes del Estado y miembros de la sociedad civil. Es el momento de escudriñar y revelar esas verdades, necesarias para la reconciliación de un país que busca, afanosamente, pasar la página del conflicto. Y es, por ello, que lo coyuntural no debe ensombrecer lo esencial, y esto es que se aclare lo sucedido en El Aro, que se cumpla con la cuota de verdad que merecen las víctimas y los familiares de los campesinos asesinados en esa ocasión.

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