Lo justo y lo legal

Leo en la prensa que la familia de una fiscal ya fallecida, Soledad Cazorla, ha creado unas becas para ayudar a los hijos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, en memoria de esta mujer que en su vida profesional tuvo una vinculación muy directa y mantuvo una lucha destacada para acabar con la violencia de género. En la información se explica que Soledad Cazorla, la primera fiscal de Sala de Violencia de Género de España, fue clave en la legislación contra la violencia machista, ya que hizo muchas preguntas y aportó muchas respuestas judiciales para erradicarla.

Cuando se da a conocer un asesinato, la mayoría nos quedamos con la noticia impactante de la muerte de otra mujer, un drama, sí, pero lo que hay detrás es, no sé si peor, pero sí muy doloroso y, por lo que he podido leer, también muy injusto.

Si en 2009 el Gobierno anunciaba un paquete de medidas con el punto destacado de que los huérfanos de las mujeres víctimas de la violencia de género menores de 21 años podrían cobrar no solo la pensión de orfandad, sino también la pensión de viudedad de su madre fallecida, parece que esto no se cumple, al menos, no en todos los casos.

Hace solo ocho meses, el periódico El País publicaba un reportaje titulado El crimen machista no tiene pensión de orfandad en la que desgranaba las trabas de la Seguridad Social para otorgar el subsidio a los huérfanos de la violencia de género, una circunstancia que había obligado a los jueces a reinterpretar la ley para poder proteger a los menores. Increíble, pero cierto, hay gente que en una situación así, encima, se ve con este problema. En la información se relata el caso de una familia a la que la Seguridad Social le negaba 200 míseros euros en concepto de pensión de orfandad porque la madre nunca había cotizado. Un juez revocó esta instrucción pero la Seguridad Social anunciaba su intención de recurrir la sentencia.

El organismo público aclaraba que siempre defiende la legalidad, por lo que no podía hacer excepciones no contempladas en la ley. Es lógico y así entiendo que debe ser pero me pregunto si entre toda la tropa de políticos que tenemos en este país no hay ninguno al que se le haya ocurrido la iniciativa de modificar leyes injustas que afectan a la vida de las personas por cuyos intereses se supone que deben velar, más aún si son menores de edad, se quedan sin madre y, en cuanto al padre, mejor no hablar.

Se me hace el corazón una pasa al pensar en esos chicos y chicas que no tienen ya bastante sufrimiento con haber perdido a su madre de una manera tan traumática, sino que también se tienen que enfrentar al abandono de las instituciones, cuyos responsables están demasiado ocupados en asegurarse un asiento para sus culos.

Hace unos días se han concedido las primeras becas en nombre de Soledad Cazorla a dos chicos y dos chicas. A una de ellas, que hoy tiene 19 años, la escuché en la radio explicar cómo a los 14 años se le movió el piso que sustentaba toda su vida y cómo pudo sobrevivir gracias al soporte familiar porque no tenía derecho a cobrar la pensión de orfandad, ya que su madre no había cotizado nunca a la Seguridad Social. Otros, sin embargo, han podido cobrar 10.000 euros de indemnización por 111 días de trabajo en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Cierto es que algunos, 26 de los 229 diputados y 13 de los 194 senadores que tienen derecho a esa indemnización, han renunciado a ese dinero.

Termino este post, con el que he aprendido algo más sobre la diferencia entre lo justo y lo legal, con unas palabras del marido de Soledad Cazorla, que en la presentación de esta preciosa iniciativa contaba, emocionado, cómo ella se preocupaba por los huérfanos y su soledad, cómo instaba siempre a denunciar. Su lema era “educación, educación, educación” en esta “carrera de fondo hacia la igualdad”.

Cuánta falta nos hace más gente como ella en las instituciones y qué pena que ya no esté para seguir batallando.