Los partidos políticos, violadores contumaces de la Constitución Española

Los partidos políticos españoles, que deberían ser ejemplares, no sólo son las organizaciones más corruptas del país, sino también las que violan la Constitución con más frecuencia. Y lo hacen con contumacia, en público, sin que nada ni nadie les recrimine su mal ejemplo, sus violaciones y sus abusos de poder. --- Hay decenas de ejemplos, pero citemos el más actual: El "mandato imperativo" que exige Javier Fernández a los diputados socialistas está prohibido por la Constitución. Aunque todos los partidos defiendan eso que llaman "disciplina de voto", la Carta Magna prohíbe taxativamente en dos de sus artículos que un partido imponga el sentido del voto a un diputado. La pretendida "disciplina" no es democrática y en realidad es sometimiento esclavo al líder.

La prohibición más contundente está en el artículo 67.2, que dice expresamente que "Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo". Obviamente se refiere al mandato de voto obligatorio que exigen los partidos cada día a sus diputados y senadores.

Por otra parte, la Constitución Española contiene en el art. 6 un mandato expreso de democracia interna de los partidos políticos, el cual se incumple de manera sistemática, ya que los partidos funcionan de modo opuesto a como establecen las reglas democráticas, es decir, sin libertad de conciencia, sin libre debate y sin plena libertad para expresarse, decidir y votar en defensa del bien común.

El Congreso y el Senado deberían ser, según la Constitución Española y las normas de la democracia, sendos templos del debate libre, donde los representantes del ciudadano discuten y dilucidan las medidas y leyes que conviene adoptar para el bien común, pero la realidad es otra: son dos aulas donde cientos de privilegiados se someten a los criterios de sus líderes políticos, votan lo que les ordenan votar y renuncian a debatir en libertad en busca del bien común, sin que ni siquiera conozcan a los ciudadanos a los que dicen representar, ni sus intereses y deseos.

La Constitución tiene muchos otros mandatos que los partidos incumplen de manera sistemática, como la obligación de los partidos a practicar la "democracia interna". En lugar de ello, los partidos son organizaciones autoritarias y verticales, incapaces de debatir libremente, donde todos se someten a los criterios y caprichos del líder, única manera de prosperar en la corrompida y escasamente democrática política española.

Los políticos violan la Constitución cunado marginan a los ciudadanos y los apartan de los procesos de toma de decisiones, cuando roban o practican cualquier modalidad de corrupción, cuando abusan del poder, cuando pervierten los concursos públicos, cuando otorgan subvenciones a sus amigos y las niegan a sus adversarios, cuando cobran comisiones, cuando crean instituciones inútiles, que sólo sirven para colocar a sus amigos, cuando benefician a los suyos violando el principio de igualdad de oportunidades, cuando endeudan a la nación por varias generaciones, cuando despilfarran, cuando crean un Estado tan grueso que es imposible de financiar, cuando desprecian la separación de poderes que garantiza la Constitución y se dedican a nombrar jueces y magistrados, cuando violan el principio de igualdad, cuando permiten los desahucios, contrarios al mandato constitucional de que cada español tiene derecho a una vivienda digna, cuando son arbitrarios y practican el amiguismo y el nepotismo y las miles de veces que anteponen sus propios intereses y los del partido al bien común.

Violar la Constitución parece ser el "deporte" favorito de los partidos políticos, que de ese modo consiguen proporcionar a los ciudadanos un mal ejemplo de moral e indecencia democrática, que termina prostituyendo la nación y la sociedad.

Además de las violaciones concretas de la Carta Magna, destacan las violaciones generales a sus principios y valores. Tres de las más destacadas son el aforamiento, la práctica impunidad de los políticos en España y la obsesión por los privilegios, que constituyen ataques frontales contra la justicia y la igualdad.

Algunos partidos políticos, por su número de delitos juzgados y por sus imputados y sospechosos, ya destacan por haberse convertido en las asociaciones delictivas mayores del país, sólo superados, por el momento, por la banda terrorista ETA, pero ahora hay que considerarlos, también, como los mayores violadores de la Constitución.

Francisco Rubiales