El gobierno andaluz, enfrentado a gran parte de su propio pueblo, está empleando el dinero de los contribuyentes para financiar una campaña publicitaria costosa que defiende el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo abusivo y probablemente inconstitucional que los políticos andaluces cobran y que está provocando que miles de familias, incapaces de pagar las elevadas cantidades que les exigen, pierdan las herencias de sus mayores. Es un impuesto atroz, que ignora la voluntad de los que fallecen, que obliga a pagar de nuevo por lo que ya ha pagado, que rompe el principio constitucional de la igualdad de los españoles y que está generando dolor, frustración y una insoportable sensación de injusticia y abuso por parte del poder político.
Heredar en Andalucía cuesta cien veces mas que heredar en Madrid y ese abuso, inconstitucional porque pulveriza la igualdad de los españoles ante las leyes, está causando rios de frustración y dolor en miles de familias andaluzas, lanzadas a la protesta en una insultante desigualdad, con un gobierno que financia su propaganda con dinero público, mientras la protesta popular sólo puede contar con el esfuerzo de los voluntarios, el dolor y la rabia de los que son vejados y la fuerza de la razón.
Ese impuesto, denunciado por el pueblo, está siendo reducido o suprimido en otras comunidades, como Asturias y Murcia, pero la andaluza Susana lo mantiene con terquedad y arrogancia, exhibiendo sin pudor lo peor que puede ocurrir en democracia, que los gobernantes ignoren los sentimientos y anhelos de su propio pueblo y le obligue por la fuerza a soportar injusticias y abusos.
Es difícil encontrar en el mundo un ejemplo más perfecto de degradación política que el que se está viviendo hoy en Andalucía, donde el gobierno, impregnado de soberbia y terquedad, se enfrenta al clamor de su propio pueblo, que exige la eliminación de un impuesto abusivo, absurdo, humillante y probablemente anticonstitucional como el Impuesto de Sucesiones, bautizado por los ciudadanos como el "Impuesto a los Muertos".
Los rebeldes que protestan contra el abuso luchan desde el voluntariado y la Junta emplea el dinero que recauda de los ciudadanos para defender lo indefendible y sostener un impuesto que en el resto de España se está hundiendo por injusto, cruel, absurdo, impopular y contrario a los principios constitucionales.
La Junta de Andalucía, después de que la plataforma ciudadana Stop Impuesto de Sucesiones presentó al defensor del pueblo andaluz mas de 30.000 firmas de protesta contra el impuesto y un escrito impecablemente argumentado, que demostraba la inconstitucionalidad y la injusticia del impuesto de Sucesiones, en lugar de rectificar decidió lanzar campañas de publicidad costosas, financiadas con dinero público, para defender un impuesto tan evidentemente injusto y contrario a la Constitución, que otras Comunidades Autónomas ya han decidido eliminar o reducir.
Es la lucha de David frente a Goliat, un David sin dinero pero con razón y la fuerza moral que emerge de la lucha contra el abuso, frente a un Goliat cargado de soberbia y arrogancia, que sabe que cobrar ese impuesto significa causar dolor, imponer una doble imposición fiscal, burlar la voluntad de los que fallecen y, probablemente, apropiarse indebidamente de bienes ajenos y violar un principio constitucional tan básico como la igualdad de los españoles.
En Andalucía y en otras partes de España, donde ese impuesto permanece, no se lucha contra un simple tributo injusto, sino contra una actuación gubernamental injusta, vejatoria, contraria a la Constitución y a voluntad popular mayoritaria, causante de mucho dolor y que burla la última voluntad de los que fallecen, impedidos de cumplir con su voluntad de legar a sus seres queridos el fruto de su esfuerzo y su ahorro en vida.
Ayer por la tarde un abogado sevillano decía que ese impuesto es una forma moderna y sucia de profanar las tumbas y explicaba que los políticos de hoy, en lugar de desenterrar los cadáveres para arrebatarles un anillo o un diente de oro, como hacían los ladrones de tumbas en el pasado, les arrebatan ahora, con el apoyo de leyes discutibles y probablemente contrarias a la justicia y a la Constitución, lo que dejan en herencia a sus hijos.
En las oficinas de la plataforma ciudadana "Stop Impuesto Sucesiones" hay documentados miles de casos de familias arruinadas por ese impuesto, que han vivido la experiencia traumática de tener que endeudarse para pagar lo que la Junta les exige o de renunciar a la herencia porque les resulta imposible abonar las cifras que el gobierno les reclama. Algunos partidos políticos, impresionados por la creciente fuerza de la protesta popular, están acercándose para analizar los testimonios y los casos documentados de vejaciones y abusos, quedando siempre sorprendidos e impresionados ante la magnitud de las injusticias que se están perpetrando.
La Junta defiende ese impuesto bajo el grito de "Los ricos deben pagar", pero las estadísticas demuestran que las víctimas de ese impuesto no son precisamente los más ricos, que lo eluden cambiado su residencia a otras comunidades o adquiriendo productos financieros que lo evitan, sino las clases medias, los autónomos y los trabajadores.
El oscuro mundo del Impuesto de Sucesiones está rodeado de una red complementaria de injusticias que lo convierten en oprobioso e hiriente, como las tasaciones abusivas del valor de las viviendas, que suelen valorarse, a efectos de la liquidación, muy por encima del valor de mercado, ante la indignación de los herederos, la desconfianza de los ciudadanos en la catadura moral de los que cobran ese impuesto, gobernantes de una Andalucía señalada por Bruselas como la región más corrupta de España, la falta de transparencia sobre el destino final de los bienes que, tras la renuncia de los herederos, pasan a ser controlados por el gobierno, los mecanismos perentorios para el pago y un largo etcétera que convierten el hecho de heredar en un verdadero infierno.
Stop Impuesto Sucesiones
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