Luchando por un mundo más sano

1 noviembre 2016

A raíz del reciente Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria en La Haya, Jimena Romero, del colectivo Millones contra Monsanto, habla sobre la significativa presencia de Argentina en ese evento. Y desde el norte de América Latina, la documentalista Berenice Fernández explica cómo ha sido la resistencia al modelo transgénico durante los últimos años en México.

Por Benjamín Rocca 

Con motivo de difundir el Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria realizado en La Haya desde el 14 al 16 de octubre, en el cuál Argentina tuvo varios representantes desde víctimas hasta expertos en la problemática vinculada a los agrotóxicos, el 30 de septiembre se realizó en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata un evento llamado “Buenos Aires: Provincia Tóxica”. Organizado por Millones contra Monsanto y muchas organizaciones y asambleas vecinales, el objetivo era realizar un mapeo colectivo sobre los problemas socioambientales más acuciantes de la provincia. Jimena Romero, integrante de Millones contra Monsanto y de CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) Autónoma Bienes Comunes, nos habló sobre este encuentro.

¿Cuál es tu opinión acerca de la participación y el aporte que tendrá Argentina en el Tribunal de los Pueblos de La Haya?

Lamentablemente, nuestro aporte en el juicio va a ser fundamental. Nosotros estamos contribuyendo con el “Caso Argentina”, el cual estuvimos redactando en una comisión que se conformó con el objetivo de describir las problemáticas en la salud, en el ambiente, en la conflictividad social (como los desalojos), el impacto terrible que ha tenido en Argentina este modelo de agronegocios. Elaboramos una minuciosa descripción de esto porque es fundamental que entendamos que no solamente Argentina, si no toda América Latina está siendo zona de sacrificio, así que humildemente eso es lo que vamos a aportar tratando de que Monsanto y el resto de las multinacionales que se están juzgando por este modelo se evalúen como genocidas, ecocidas.

Particularmente en la provincia de Buenos Aires,  ¿cuáles son las problemáticas más urgentes que este modelo está generando?

Cuando empezamos a hacer los íconos para elaborar el mapeo colectivo de la provincia de Buenos Aires, que es el proyecto que estamos haciendo colectivamente con organizaciones y asambleas, nos dimos cuenta que el único ícono que no íbamos a poner es el de minería a cielo abierto o megaminería. Todos los demás entraban y teníamos que ponerlos, eso es alarmante, la lista de problemas socioambientales que tiene la provincia de Buenos Aires es enorme. La cantidad de personas que se ven afectadas por esos problemas es alarmante, estamos hablando de la provincia con mayor cantidad de población de Argentina. Hoy realizamos varias charlas, una que abordó la temática del agua, otra sobre la contaminación electromagnética, sobre el modelo de agronegocios. Y se sigue sumando gente y cada uno quiere aportar su mirada sobre un nuevo problema, sobre algo que no se difundió, algo que quedó invisibilizado, un problema que tienen en su barrio y ningún medio levanta salvo los medios alternativos que siempre nos acompañan. Pero nos damos cuenta que hay una suerte de invisibilización de toda esta conflictividad y en la que los vecinos y vecinas, las asambleas, nos encontramos solos, por eso la invitación es a juntarnos.

Algo que está llegando a la provincia y también está invisibilizado es el fracking, como el proyecto de la Cuenca de Claromecó.

Sí, nosotros estamos ahí accionando con gente que está en la Cuenca de Claromecó, tratando de frenar el reflote de ese proyecto de exploración que intenta llevar adelante fracking en la provincia de Buenos Aires. Por suerte no tenemos oro, igual nosotros nos limitamos a la provincia de Buenos Aires para no tener un objetivo tan grande que sea inabarcable, pero la verdad que esté 500 km más allá o acá no hace la diferencia.  El planeta es uno solo y lo que está pasando en África nos pasa a nosotros, lo que tenemos que entender es que tenemos que mirar globalmente y tratar de organizarnos localmente para cambiar estas problemáticas globales. Hoy la invitación era a organizarnos todos para visibilizar el Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria y enmarcarlo en mostrar todo el resto la integralidad del problema.

Y respecto a las leyes de semillas y agrotóxicos que se están tratando en el Congreso Nacional y provincial respectivamente, ¿cuáles son las expectativas? ¿Habrá un retroceso o seguirán avanzando?

El 18 de agosto cuando hicimos la movida contra la ley de agrotóxicos acá en la legislatura y logramos frenar que se trate sobre tablas, ya que había tenido la media sanción en Senadores, nos dimos cuenta que se había dado un paso pero nada más. Inmediatamente nos enteramos de que la ley de agrotóxicos que se estaba intentando implementar a nivel provincial y que nos quiere fumigar a 10 metros, en la puerta de nuestras casas, estaba siendo ya presentada con audiencias a nivel nacional. Como no pasó en la provincia, ya se intenta hacer que pase a nivel nacional. En la provincia tenemos un paquete de medidas, la ley de humedales, la ley de bosques nativos y la ley de agrotóxicos, así como también la habilitación de la exploración de fracking. Y las semillas no son mercancía, hoy estamos acá con intercambio gratuito de semillas.  Nuestra expectativa es frenar todo, depende de nosotros, porque las empresas y el Estado están hoy en un maridaje muy especial, están siendo una pareja difícil de desarmar. La confianza está en que hagamos algo nosotros.

¿Qué logros has tenido durante tu participación en colectivos o asambleas en estos años?

Yo pertenezco al colectivo Millones contra Monsanto y nosotros fuimos parte de la movida de Córdoba cuando se inició el freno a la construcción de esa planta de Monsanto, la más grande del mundo de tratamiento de semillas, que se iba a poner en Malvinas Argentinas. Hoy tenemos que festejar que frenamos ese megaemprendimiento de muerte sólo con la lucha de la gente. Ahí todos los gobiernos, el nacional, el provincial y el local, tenían distinto signo político pero estaban de acuerdo en promocionar esa planta. Así que cosas como esta nos llenan de alegría, porque entendemos que cuando nos organizamos los pueblos somos invencibles, pero también nos damos cuenta que nos faltan más espaldas, más manos y accionar y articular en conjunto, la invitación es a hacer eso.

MÉXICO Y UNA RESISTENCIA PARADIGMÁTICA

Uno de los países latinoamericanos en donde el modelo agrario industrial se instaló con más fuerza sin dudas es México, afectando notablemente el cultivo más característico del país: el maíz. Sin embargo, en los últimos tiempos hubo logros y luchas trascendentes, por ejemplo en el 2012 cuando los agricultores le dieron un gran revés a la modificación de la ley de semillas. Sobre todo esto profundiza en la siguiente entrevista Berenice Fernández, comunicadora y documentalista mexicana comprometida con las causas ambientales y de derechos humanos de su país, quien colabora con el colectivo Carnaval del Maíz y realizó documentales como “Patentes sobre la vida: el caso del maíz transgénico en México” (2014) y “Territorio minado”, el cual será presentado próximamente.

¿Cómo ha sido la penetración de Monsanto en México y qué connivencia con el poder político ha tenido?

Desde los ‘90 se introdujeron transgénicos, especialmente maíz de forma experimental, pero se logró frenar y se puso una moratoria. En el año 2000 el científico Ignacio Chapela descubrió que ya había contaminación transgénica en maíces en la sierra de Oaxaca. En 2005 se promulgó la ley de bioseguridad para organismos genéticamente modificados, la cual tiene como finalidad regular sobre la base de que los transgénicos serían aceptados, muchos la llaman Ley Monsanto. En 2009 se aprobó la siembra experimental y piloto de maíz transgénico. La soja sí entró a nivel comercial en el sur del país. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha apoyado totalmente a Monsanto. En 2012 la empresa solicitó el permiso para la siembra comercial de maíz y esto generó mucha movilización social y de organizaciones que están en contra de los transgénicos, y el año 2013 fue llamado el año por la defensa del maíz nativo. Un grupo de organizaciones y personas impulsaron una demanda colectiva contra la siembra de transgénicos, especialmente maíz (con el argumento de que México es centro de origen) y ahora continúa ese juicio, mientras tanto hay una medida precautoria que prohíbe la siembra de transgénicos mientras se resuelve el juicio. La SAGARPA contrademandó a las organizaciones, a ese nivel está el gobierno coludido con Monsanto.

¿En qué medida los agrotóxicos afectaron al maíz y a otros cultivos?

Desde la introducción de la Revolución Verde en los ’60, que instaló el modelo de híbridos y agrotóxicos, los campesinos perdieron mucha independencia económica, lo que afectó la siembra de maíz nativo y ha ocasionado que en muchos lugares la tierra ya no dé nada, a menos que se le echen muchos insumos (fertilizantes químicos), generando dependencia en los agricultores de este tipo de productos y, por consecuencia, en muchos casos se produjoel abandono del campo por falta de rentabilidad.

¿Qué tratamiento en los medios de comunicación ha tenido este tema y hasta qué punto está concientizada la población mexicana?

Ha tenido una mediana difusión. En algunos programas de radio y televisión ha habido debates, pero no en los canales de mayor alcance. Es un tema poco explicado y difundido, aunque la labor de organizaciones y campañas en contra ha logrado permear y la gente tiene desconfianza hacia ellos (aunque no entienda al cien por cien qué son).

¿Cómo se organizaron los agricultores en el 2012 para frenar la modificación de la ley de semillas?

Las organizaciones de agricultores se unieron y levantaron la voz contra esta ley cuando se propuso, presionaron a los legisladores y lograron un acuerdo de eliminar el proyecto de ley. La ley vigente es una que entró en vigor en 1996 y  aunque no es una ley que tome en cuenta a los pequeños agricultores es “mejor” que la nueva que se proponía, ya que no patentiza las semillas como lo pretendía hacer la de 2012.