Madrid ya no cumple con el derecho a la sanidad con inmigrantes

Una de las cuestiones que despierta más indignación y alarma es la exclusión del sistema sanitario, a fecha 31 de agosto, de todas las personas inmigrantes en situación irregular, excepto las mujeres embarazadas y las personas menores de edad. Esta medida, en el ámbito del VIH, genera no sólo un drama personal para las personas afectadas, sino un serio problema de salud pública. La atención a este colectivo desde las ONG, como afirmó la ministra Mato, es una medida que rechazamos y que valoramos alejada de la realidad ya que supone crear un sistema sanitario “de beneficencia” inasumible desde estas entidades.
Desde que el pasado 24 de abril el BOE publicase el Real Decreto en el que se establecen las llamadas medidas de ajuste del sistema sanitario, COGAM, ha trabajado en colaboración con CESIDA y la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH para visibilizar las situaciones derivadas de su aplicación y que afectan a las personas que viven con VIH.
A pesar de lo que la propia Esperanza Aguirre afirma, la Comunidad de Madrid ya aplica estas medidas al impedir la renovación de las tarjetas sanitarias caducadas a estas personas. Niega así su derecho a la sanidad, garantizado por el Real Decreto hasta el 31 de agosto. Ya son varios los hospitales madrileños que han negado el tratamiento médico a estas personas o que han limitado la atención desde el servicio de urgencias. Esta medida ha provocado el acercamiento de estas personas a colectivos como COGAM, donde se está haciendo un seguimiento individualizado para lograr obtener su medicación, vital en estos casos.
Kike Poveda, coordinador del grupo Entender en Positivo de COGAM afirma que “el que no les renueven la tarjeta sanitaria no se trata de un error, como dijo la señora Aguirre en la Asamblea de Madrid. Es un hecho que hemos podido comprobar por nosotros mismos. Diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid no pueden aplicar las mismas medidas por error o desconocimiento, hay una orden interna que regula estas situaciones. Esta es una medida clasista y xenófoba”.
Según Agustín López, presidente de COGAM “la exclusión de estos pacientes del sistema sanitario atenta contra los derechos humanos, si aquí hay algún error es de concepto. La salud, individual y colectiva, no debería ser valorada según criterios económicos. No pararemos hasta que en Madrid haya un cambio de postura y todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad reciban la atención necesaria”.
Fuente: CáscaraAmarga