Los principales partidos políticos, incluyendo el PP, han apoyado en el Parlamento que las Fuerzas Armadas resuelvan el conflicto de los controladores aéreos civiles, a los que se aplicará la legislación castrense.
Situación que invita a preguntar por qué este Gobierno aplaudió y no militarizó a los empleados del Metro madrileño cuando lanzaron dos días de huelga injusta y salvaje contra Esperanza Aguirre que impidió cuatro millones de viajes, siete veces más que los de los aeropuertos, a quienes necesitaban ir y volver a trabajar.
Podemos suponer que ahora se militarizará a los conductores del AVE y de otros servicios públicos fundamentales, cuyas huelgas provocan enormes daños a los ciudadanos.
Mariano Rajoy aprobó la medida quizás porque piensa que cuando gobierne, porque cree que lo hará, podrá movilizar incluso a los jugadores de fútbol o a los ciclistas que un día no quieran trabajar.
Obtendrá el aplauso popular, y los demás partidos políticos, especialmente el socialista y los nacionalistas, ya no podrán llamarle franquista como harían antes del decreto zapateril.
Ahora tenemos una España de nostalgias militaristas. Con un Zapatero, que tuvo casi siete años para resolver el problema de los controladores, una élite de 2.450 profesionales mimados y caprichosos, cuyos colegas militares cobran diez o veinte veces menos.
Pero como los controladores estaban agrupados en un sindicato y Zapatero presume de sindicalista, no iba a ser él quien se les enfrentara por exageradas que fueran sus exigencias.
Esa podría ser la causa de su inacción durante tantos años: “Yo, contra un sindicato de clase, nunca”. La ideologización hasta que el mundo lo hizo caer del burro, mayo de 2010.
La actual movilización cuartelera del tráfico aéreo no es franquista: es la de un civil democráticamente elegido que cuando por incompetencia no sabe resolver un conflicto manda a los militares con sus pistolas a poner firmes a los rebeldes.
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