Menos folclore y más condenas

Hace tiempo que pienso lo que sugiere el título. Me importa un bledo total y absoluto lo que hablaron la Sra. Sanchez-Camacho y la ex-amiguita de Jordi Pujol Ferrusola en un restaurante el 2010, y no me interesa para nada si encima de la mesa tenían un salero con micrófono incorporado, lo que quiero, y todos deberíamos estar exigiendo, es que si Jordi Pujol Ferrusola ha cometido un delito sufra la condena que le corresponde y se recupere al menos parte del dinero si este es robado de las arcas públicas, que también se apliquen sanciones a la Sra. Sanchez-Camacho y su interlocutora, así como a los del salero-grabadora,  si han incurrido en alguna responsabilidad por no haber denunciado un acto delictivo o andar grabando lo que dicen los demás, y que esto se consiga en un plazo razonable de meses en vez de años y mucho menos de décadas. Lo demás es folclore.

Estoy más que harto de este nuevo folclore hispano que consiste en que la función que corresponde a los juzgados la estén cumpliendo los medios de comunicación, que dan todo tipo de informaciones sobre corrupción, algunas ciertas, otras solo a medias y otras falsas, en cualquier caso movidos por el interés de algún partido político, o incluso un clan concreto dentro de un partido, mientras la Justicia continua con su exasperante inoperancia.

Es indudable que este país tiene un muy serio problema de corrupción, pero la peor de todas las corrupciones y la que provoca y amplía la enorme dimensión de las demás, es la de la Justicia.

Nuestro Justicia ha puesto en libertad a mafiosos, permite, con su inoperancia y lentitud, que gentes como Millet, Bárcenas y muchos otros de la misma calaña estén sueltos, en el caso del Yak-42 no investigó los muchísimos millones desaparecidos contratando aviones, ni las negligencias del Ministerio al hacer oídos sordos a las continuas quejas sobre la seguridad de los aviones y acusó del accidente y las barbaridades posteriores al militar que le llevaba la cartera al Ministro Trillo al que ni tan solo llamó a declarar, en el incendio del Liceu de Barcelona determinó que la responsabilidad era de una máquina de soldar, y la lista de otras irregularidades, fallos y decisiones totalmente incomprensibles e inaceptables es larguísima y aumenta cada día. Nuestros Altos Tribunales toman sus decisiones más críticas en base al interés político predominante en ellos, y no en base a la Ley, e incluso contradiciendo la Ley. En este país ni tan solo son delito acciones que en países más serios conllevan condenas de cárcel y/o sanciones inmensas, y si alguien no entiende a que me refiero solo hace falta recordar asuntos de información privilegiada, como el de las famosas stock-options de hace unos años, con el que una serie de señores importantes se forraron mientras miles de inversores se pillaban los dedos, que en cualquier país serio habría acabado como mínimo con sanciones por cifras que ponen los pelos de punta mientras aquí la Justicia ni se movió. A la Justicia de este país ni se les ocurre que pueda ni tan solo rozar la consideración de delito el hecho que absolutamente todos los gobiernos apoyen todas las iniciativas de las empresas de servicios-estafas públicos para abusar del usuario español, y que para compensarlo dichas empresas contraten a sueldos astronómicos para trabajos prescindibles a los ex-ministros que les han apoyado y ayudado en sus abusos, y etc.etc. etc.

A la hora de buscar culpables, resulta que siempre son los mismos. En mi opinión no se puede culpar del desastre judicial español a los jueces o los funcionarios de la Administración de Justicia, o al menos no a todos. Creo que la base fundamental del problema está por un lado en una estructura politizada en la que no siempre, o casi nunca, los mejores llegan a la cumbre, y por otro en un paquete legislativo formado por leyes anticuadas o desastrosamente elaboradas. En este país no estamos precisamente faltos de leyes, la diarrea legislativa, la manía por legislarlo todo, y la creencia muy extendida entre nuestros gestores públicos que la solución está siempre en el B.O.E. ha creado un monstruo inmenso de legislación multitudinaria y para todos los gustos, en buena parte inútil, que la mayoría no se cumple casi nunca y las pocas leyes que son efectivas funcionan muy mal porque son sumamente anticuadas o están pésimamente diseñadas.

Pero ni tan solo los Juristas que se responsabilizan del nacimiento, desarrollo, modificación y muerte de las leyes son totalmente responsables del desaguisado. Estoy convencido que en todos los casos, cuando los juristas profesionales y los técnicos redactan el borrador de una futura Ley el resultado es un texto casi perfecto, que si se utilizase sin más daría como resultado una Ley que cumpliese los objetivos perseguidos con ella, pero antes de su aprobación pasa por el Congreso y el Senado, y en una demostración más que a la mayoría de nuestros partidos políticos les importa un rábano el interés general del país, lo que podríamos llamar el bien común, el mercadeo político deja al excelente borrador hecho unos zorros. Hace unos años tuve ocasión de comprobar este hecho en la práctica con la Ley sobre Fondos de Pensiones  de 1987, de la que pude leer el borrador porque me lo pasó uno de los expertos que colaboraron en su confección. Cuando al cabo de un año se publicó el texto definitivo de la Ley, cualquier parecido con el borrador no era ni coincidencia porque no existía. Toda la estructura de exenciones fiscales, normas de gestión y funcionamiento de los fondos, instrumentos de garantía, etc. habían sido modificadas o habían desaparecido. El resultado fue que todo y las modificaciones introducidas en dicha Ley en el 2002, los fondos de pensiones en España han fracasado.

Sean cuales sean las razones y los responsables, la situación actual es absolutamente kafkiana y da pie una vez más a calificar este país como inmenso manicomio. La ciudadanía está harta de corrupción, los medios de comunicación no paran de explicar historias rocambolescas, vergonzosas y esperpénticas sobre casos de corrupción, los partidos políticos hacen mil propuestas inútiles para luchar contra la corrupción, publican declaraciones de renta sin significación alguna, hacen declaraciones trascendentes y montan grandes reuniones que todos sabemos es la mejor forma de aparentar que se está haciendo algo, pero entre los políticos ni una sola voz se alza para exigir la regeneración absoluta de nuestra Justicia y Administración Pública.

Lo dicho, aunque también podría decir menos folclore y más y mejor Justicia.

Aunque no tenga relación directa con el tema de esta nota, os adjunto uno de los sensacionales dibujos-discurso de Batllori, publicado en La Vanguardia del miércoles 13 después que el martes 12 se votase en el Congreso la I.L.P. sobre la dación en pago.