México necesita proteger a sus trabajadoras domésticas

La Constitución Mexicana de 1917 creó los principios laborales más avanzados de su época y formuló las bases para reconocimiento de los derechos sociales como pilar importante en la construcción del estado.
Pese a que con los ańos la política social mexicana se fue orientando hacia la protección de los derechos de los trabajadores, existe aún un rubro que ha sido relegado; se trata de las empleadas domésticas cuya reivindicación en la legislación laboral mexicana es un tema pendiente.
En nuestro país existen alrededor de un millón 500 mil personas dedicadas a desempeńar trabajos domésticos, de las cuales el 96.6 por ciento son mujeres y particularmente jóvenes menores de 33 ańos de edad cuyas oportunidades de crecimiento personal y laboral se encuentan limitadas, en muchas ocasiones por condiciones salariales nada favorables, incluso con jornadas inhumanas que deben enfrentar diariamente.
Según datos del INEGI, cuatro de cada cinco trabajadoras domésticas no tienen acceso a los servicios médicos otorgados por las instituciones de salud y el 15 por ciento de los trabajadores domésticos en México no saben leer ni escribir, lo cual evidencia la necesidad de considerar los derechos de este sector de la población económicamente activa en nuestro país.
Un claro ejemplo de las desventajas laborales propiciadas por las omisiones de nuestra legislación laboral, lo encontramos en mujeres y jóvenes indígenas que no hablan espańol y emigran de sus comunidades para emplearse como trabajadoras domésticas, lo que es aprovechado por algunos empleadores para explotarlas y abusar de una situación desfavorable...

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