Muiscas de Bosa ganan lucha por su territorio

La comunidad muisca de Bosa acaba de ganar una larga batalla al Distrito y la Nación. Tras una lucha de nueve años en defensa de su territorio ancestral para frenar la construcción de dos planes parciales de vivienda (aprobados en 2006 y 2011), con el argumento de de que con los proyectos se les había vulnerado el derecho a la consulta previa (clave para cualquier tipo de obra que afecte a las comunidades), la Sección Quinta del Consejo de Estado les dio la razón.

Esta decisión es un triunfo que celebra la comunidad, ya que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había fallado una tutela a favor de la Nación, en la cual decía que nadie había vulnerado los derechos de los indígenas. Sin embargo, tras la impugnación de la decisión, los magistrados del Consejo de Estado encontraron suficientes elementos a favor de los muiscas.

Vale recordar que el Ministerio del Interior y el Distrito siempre afirmaron que los planes respetaron la ley. Sin embargo, para el Consejo de Estado, en todo este proceso se desconoció el derecho fundamental a la consulta previa, pues desde 1999 la comunidad indígena había sido reconocida por el Ministerio del Interior y, a pesar de ello, no había sido tenida en cuenta en el proceso de concertación en el plan parcial El Edén-El Descanso, algo que podría poner en riesgo su identidad cultural.

La historia comenzó en 2006, cuando el Distrito lanzó sus dos planes de vivienda llamados El Edén-El Descanso y Campo Verde. La comunidad muisca que vive en la zona (intermitentemente desde el siglo XVII) manifestó su preocupación por el riesgo que podría representar la megaobra para su identidad y por la posibilidad de agravar una política de despojos de tierra de la cual han sido víctimas durante años. De inmediato invocaron su derecho a la consulta previa.

En el caso de El Edén-El Descanso, efectivamente se inició el proceso, pero tres años después de que el Distrito adoptara el plan de manejo. Desde 2009 las dos partes dieron inicio a reuniones que buscaban dialogar para llegar a un acuerdo con la comunidad indígena sobre sus inconformidades y temores frente a la obra. Sin embargo, han pasado seis años y aún no hay acuerdo.

Estas reuniones fueron el principal argumento de la administración distrital para defenderse frente a la tutela que buscaba suspender cualquier actividad relacionada con la ejecución del plan parcial El Edén-El Descanso, hasta tanto se efectuara la consulta. Señalaba que hasta ahora las citas se habían cumplido y que no existía ninguna violación, puesto que las obras no habían comenzado.

Sin embargo, el cabildo indígena expresó en la tutela que dichas reuniones no se celebran desde hace más de un año y además desmintió al Distrito cuando dijo que las obras no habían comenzado. Como prueba señalaron la construcción de paraderos para el SITP y una ciclorruta en la Alameda del Porvenir, que hace parte del diseño de lo que será del plan parcial de vivienda.

En el caso de Campo Verde, otro de los proyectos de vivienda en territorio indígena, señalaron que las reuniones previas a la consulta ni siquiera se realizaron. Actualmente, la administración está adelantando allí la construcción de 3.600 viviendas del programa Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores. Las entidades gubernamentales aseguran que este no alcanza a ser territorio de los indígenas y, por lo tanto, no se viola ningún derecho.

El Distrito, el Ministerio del Interior y la comunidad indígena tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos. Al final, el Consejo de Estado decidió darles la razón a los indígenas y obligó al ministerio a empezar en un plazo de 48 días el proceso de la consulta previa y a garantizar que no se le viole este derecho a la comunidad muisca. Las dos partes deberán llegar a un acuerdo sobre la metodología para llevar a cabo el proceso. En caso de que no logren llegar a un arreglo, en tres meses la Defensoría, la Personería y la Procuraduría deberán evaluar el impacto de este plan sobre la comunidad indígena.

En la decisión, el Consejo de Estado no sólo ordenó al Mininterior iniciar o reiniciar la consulta. También, atendiendo la denuncia de la comunidad, pidió verificar si en efecto se está construyendo un parqueadero para buses del SITP en el territorio indígena y si es cierto que se está construyendo una ciclorruta en la Alameda del Porvenir. En caso de que esto sea cierto, el máximo tribunal ordenó suspender el uso del parqueadero y la construcción de la segunda hasta que termine la consulta previa. La Personería se encargará de vigilar este punto hasta cuando concluya el proceso.

En el caso de Campo Verde, el Consejo de Estado le pidió al Ministerio del Interior verificar, con una visita en campo, si la comunidad indígena muisca de Bosa reside en la zona del proyecto. Si es así, debe notificar al Distrito para que proceda a suspender las obras que se estén realizando en aras de iniciar el proceso de consulta.

Ante la decisión, la gobernadora del resguardo, Sandra Cobos, se mostró optimista, aunque dijo que era algo que esperaban. “El Consejo de Estado nos acaba de notificar. Y tengo para decir que no esperábamos menos, porque en este caso era evidente la vulneración a la consulta previa y la responsabilidad que tienen el Ministerio del Interior y la administración distrital. Como los tiempos ya empezaron a correr, radicaremos los incidentes de desacato”, expresó.

Via:: Colombia