"Esto es una burla, sigue la corrupción", dijo Mauricio Rosales, quien advierte que en breve irán al Gobierno y Congreso del Estado a denunciar lo que ocurre
Los vecinos consideran que es una bomba de tiempo la
instalación de gasoneras o gaseras ilegales al final de
esta administración.
Resultado de las movilizaciones de los vecinos, el pasado martes personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano a cargo de Elisa Rubí Márquez, acudió a la estación ubicada en Avenida 16 de septiembre No. 60, colonia San Francisco Cuautlalpan de este municipio, para dar seguimiento al expediente SJ/292/2011, cuyo oficio DGDU/4858/2011 del 25 de octubre de 2011, sentenciaba “la suspensión de dicha construcción por no contar con las licencias de uso de suelo y construcción que la autoricen”.Esto que hicieron fue “una simulación, puro teatro”, expresó Mauricio Rosales, ya que, explicó, “la estación sigue funcionando. Esto es una burla y se ve la corrupción”.
Lo que ocurrió fue que, en efecto, el personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano llegó, clausuró el lugar pero, “los sellos los puso por dentro, de tal forma que no se ven por fuera y la estación de servicio continúa funcionando”.Es decir, lo que están realizando las autoridades del municipio de Naucalpan es realizar una clausura para justificarse para el momento en que pudiera llegar una inspección mayor hacia ellos. En los hechos realizaron la clausura, pero en la forma permiten que la estación continúe prestando el servicio, declaró Mauricio Rosales.
Los vecinos de Naucalpan afectados, que iniciaron movilizaciones el 31 de mayo, afirman que acudirán la próxima semana al Palacio de Gobierno del Estado en Toluca, con el fin de denunciar la forma de proceder de Azucena Olivares tanto en el Congreso Local como ante las autoridades estatales del medio ambiente, protección civil y desarrollo urbano.
Los ciudadanos no podemos ser objeto de este tipo de burlas propiciadas por la corrupción de algunos políticos que se quieren ir con las bolsas llenas a costa de la integridad física y el posible daño patrimonial a las familias, declaró Rosales.
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