Acaba de aparecer muerto entre cartones de vino en un parque madrileño ocupado por mendigos el rumano Silviu Bodolán, de 53 años.
Aseguraba haber nacido en una importante familia del régimen de Ceaucescu para la que beber desde niño era parte de la cultura popular.
El seis por ciento de los comas etílicos que se dan en España los sufren niños y niñas de entre 13 y 14 años, mientras que en otros países de la UE como Francia, Portugal o Italia el porcentaje es cero.
Hace unos días el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, decía que las intoxicaciones juveniles se habían duplicado en la última década, y que el alcohol se vincula ya a accidentes, fracaso escolar, o consumo de drogas.
Babín reconoció que se estudia la posibilidad de multar a los padres cuyos hijos tengan que ser atendidos por comas etílicos reiterados.
Supuestos expertos y la mayoría de los padres a los que entrevistaron los medios de comunicación, contestaron indignados a esa idea porque “no podemos controlar a nuestros hijos adolescentes”.
Responsabilizaban a “la sociedad” de esas conductas y proponían mil métodos de blandenguería nacional, mundos de Yupi, y ese buenismo comprensivo que tanto agradecíamos para seguir cometiendo barbaridades cuando estábamos en igual edad.
Pero los padres son responsables de la patria potestad y de la conducta de sus hijos. Lo señalan la Constitución y el Código Civil.
En Euskadi esas multas fueron eficacísimas: acabaron con la “kale borroka”, terrorismo juvenil de baja intensidad.
En el caso de las crisis de alcoholismo –juvenil y adulto- lo mejor no serían las multas, sino el cobro ejecutivo con facturas de los enormes costes de atención a los comatosos.
Si culpamos a "la sociedad" y de las borracheras de los niños, cuando los responsables son quienes tienen la patria potestad, dejamos que acaben como Silviu Bodolán.
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