Nota mental sobre policía y poder punitivo, a diez años de la masacre de Avellaneda

El señalador que ilustra este post data del año ’80 u ’81. Lo encontré el domingo pasado, por casualidad, en un libro escolar de la época. Pensé en el sentido oportuno de esta aparición, a días de cumplirse diez años del hoy conmemorado asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

También recordé los sentimientos contradictorios que la policía me inspiraba en tiempos de dictadura e infancia. El señalador, por un lado, y la famosa viñeta donde Mafalta descubre el “palito de abollar ideologías“, por el otro, sintetizan el encontronazo.

La contradicción desapareció con los años. Se impuso la mezcla de miedo, bronca, desprecio que me provocan los uniformados; se esfumó la ilusión de protección alimentada por la escuela, los medios y la módica campaña de marketing institucional que habrá diseñado el resucitado señalador. También con los años fui entendiendo que la policía es la punta del iceberg represivo, uno de los brazos armados de -en palabras de Raúl Eugenio Zaffaroni- “el poder punitivo“.

Un día como hoy, vale la pena repasar el análisis de este integrante de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los verdaderos agentes ejecutivos del Poder (nótese la inicial mayúscula) no sólo en la Argentina sino en el mundo globalizado. A continuación, algunos párrafos destacados.

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 Latinoamérica carece de un modelo propio de policía, democrático y adecuado a nuestras necesidades. Sobreviven prácticas del siglo XIX junto a segmentos tecnificados y algunas iniciativas ordenadoras, pero sin dejar el esquema  jerarquizado militarizado. Todo complicado con los innumerables tráficos globalizados y manifestaciones de criminalidad económica.
 El modelo vigente permite una violencia que por momentos alcanza límites de masacre: las ejecuciones sin proceso disfrazadas de enfrentamientos son una realidad policial, las detenciones sin otro objetivo que hacer estadística sólo reafirman la imagen negativa, el afán por mostrar eficacia lleva a la tortura y a la fabricación de hechos (desde la imputación a un inocente vulnerable hasta celadas montadas para ejecutar a varias personas). Todo depende del grado de deterioro institucional alcanzado.
 Este modelo no sólo lleva a una clarísima violación de derechos humanos de los más vulnerables de la sociedad. También lesiona los derechos humanos del propio personal policial, que sufre pésimas condiciones de trabajo. Para colmo de males, se ha profundizado la llamada “privatización de la seguridad”, con empresas que superan la capacidad de la policía estatal. Cuando los controles no son rígidos, estos servicios pueden derivar en actividades cercanas al pago de protección.
 El control de la exclusión social es otra funcionalidad preocupante en este modelo policial suicida. Producto potenciado por el irresponsable festival de mercado de fines del siglo XX, el excluido urbano se diferencia del explotado porque no forma parte del sistema. Es un ser humano descartable que se agolpa en las periferias urbanas y que es necesario controlar.
 Criminalizados, victimizados y policizados son seleccionados de los mismos sectores sociales. Los escuadrones de la muerte, los justicieros barriales, las muertes por tóxicos o para eliminar competidores en su distribución, la ejecución policial sin proceso, la victimización de habitantes del propio barrio y de policías son funcionales a una táctica de control.
 Esta serie de muertes configura una “masacre por goteo” que se diferencia de la “masacre masiva” (aquéllas que producen todas las muertes juntas). Es urgente definir nuevos modelos policiales, si es que realmente se quiere prevenir masacres de ambos tipos.
 El problema es que, por lo general, los políticos no tienen una idea clara de la cuestión policial. La limitación es grave, puesto que la policía es una institución imprescindible en la vida social moderna, y su descuido señala una falla de imprevisibles consecuencias políticas generales.