Nuevo reglamento de facturación y factura electrónica

El Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, sustituye al Reglamento de facturación aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a las normas de facturación.Uno de los principales objetivos de la directiva y del nuevo reglamento es  garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas electrónicas. Para conseguir este objetivo se amplían las posibilidades para que el sujeto pasivo pueda expedir facturas por vía electrónica sin necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada. No obstante, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos que ya venían utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, este Reglamento reconoce expresamente que dichas tecnologías, que dejan de ser obligatorias, garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas electrónicas. Asimismo y con el señalado fin, los sujetos pasivos podrán seguir comunicando a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a su utilización, los medios que consideren que garantizan las condiciones citadas, al objeto de que sean, en su caso, validados por la misma.Sin embargo y en el ámbito de la contratación del sector público el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala en su Disposición adicional decimosexta en el apartado 1f que todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato deben ser autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. Añade el apartado 2º de esta norma que Ajustándose a los requisitos establecidos en el apartado anterior y a los señalados en las normas que regulen con carácter general su uso en el tráfico jurídico, las disposiciones de desarrollo de esta Ley establecerán las condiciones en que podrán utilizarse facturas electrónicas en la contratación del sector público.En virtud del principio de jerarquía normativa, parece por tanto que seguirá exigiéndose firma electrónica reconocida en las facturas electrónicas cuyo destinatario sea alguno de los órganos administrativos frente al resto de entes del sector público que no tienen naturaleza administrativa y de las empresas privadas; diferencia en el tratamiento jurídico que no parece justificable.