Los españoles están sometidos a una legislación antiterrorista inspirada en la idea católica del perdón: la confesión y el arrepentimiento de los etarras puede acortarles las penas, concesión espiritual de la que no gozan los delincuentes comunes.
La doctrina fue impuesta por los obispos nacionalistas vascos, tan influyentes en la democracia como los nacionalcatólicos del franquismo: estamos, pues, ante una justicia dominada por ideas que pretenden hacernos santos, progres y políticamente correctos.
España prescindió de la pena de muerte, como tantas democracias, pero al contrario que la mayoría de estas, bondadosamente eliminó también la cadena perpetua.
Imaginemos a un Hitler preso en España: con decenas de millones de muertos, incluido el genocidio judío, estaría libre tras dos décadas de cárcel si lo hubieran juzgado hace pocos años, y en cuarenta años con el Código Penal recientemente reformado.
Alrededor de medio millar de presos de ETA, algunos con más de una decena de asesinatos, se negó esta última semana a arrepentirse.
No quieren mostrar remordimiento por sus crímenes, dicen en un comunicado de respuesta al Gobierno, que les pide ese acto de contrición para acercarles, en algunos casos, la libertad.
Pero el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, va más allá de la doctrina católica al reclamar la indulgencia del Estado con los etarras: dice que no debe exigírseles que pidan perdón para que debamos dárselo.
El obispo Uriarte quiere que seamos más santos que Dios, porque Dios perdona a quien se lo pide tras arrepentirse, pero nosotros debemos otorgarlo sin ese requisito.
Y esto es maravilloso: Rajoy y los suyos pueden subir a los altares, hasta podríamos ofrecerles culto de una nueva religión, gracias a que los obispos vascos encontraron el camino para que este Gobierno sea mejor que el mismo Dios.
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