Pacto de Estado por la Justicia: El pacto olvidado

A finales del mes de octubre se reunieron en Málaga los jueces decanos de toda España con el fin de tratar los problemas de la Administración de Justicia. Este Tercer Poder es elemento imprescindible y prioritario dentro de un Estado de Derecho. Sin embargo, ni suele ocupar ese lugar de preeminencia en los planes de los dirigentes políticos ni se le concede la importancia que merece desde un punto de vista presupuestario. El buen funcionamiento de una sociedad democrática, la convivencia pacífica, el desarrollo económico de un país y el disfrute de los derechos de sus ciudadanos dependen de una actividad normalizada en el ámbito de la Justicia. En estos momentos, además, atravesamos una época clave a causa de la multiplicación de asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto de escasez de recursos y de escasa inversión. Es por ello que los jueces decanos han querido alzar su voz, emitiendo un comunicado en el que denuncian la actual situación y en el que proponen, a su vez, varias ideas para mejorar este pilar esencial y básico de todo modelo de sociedad libre.

Para empezar, señalan que en España no existe una firme y decidida voluntad política de construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Tan sólo ha existido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control e influencia. Por eso, alertan sobre cómo desde algunas esferas se les exige celeridad para determinadas causas, o escuchan lamentos sobre la lentitud del sistema judicial, mientras que desde esas mismas esferas se ha cerrado el paso sistemáticamente a una decidida modernización que sí se ha dado en otros terrenos. Y, aunque disponemos de un sistema judicial muy garantista y de calidad, resulta poco ágil y está escasamente dotado. Así, la deseable prontitud en la respuesta a los litigios, mermada por una inadecuada carga de trabajo en los juzgados, termina por afectar al nivel de este servicio público. Pero, paradójicamente, tales problemas tienen solución. Únicamente se requiere una decidida voluntad política.

En este punto, los decanos exigen un incremento en la inversión destinada a la Administración de Justicia y los magistrados se lamentan ante esta realidad sangrante e injusta. No existe un plan de inversiones que, prolongado durante varias legislaturas, permita dotar al sector de los imprescindibles medios que requiere. Se quejan con mucha razón de la aprobación de normas que, de un modo grotesco, no van a llevar aparejado un incremento de gasto, lo que coloca a los profesionales en la tesitura de aplicar nuevas leyes sin una adecuada dotación de personal y en ausencia de medios adicionales. Frente a esta sequía inversora, resulta sonrojante que las ayudas públicas al ramo financiero hayan ascendido a más de 60.000 millones de euros, cifra que representa nada menos que diecisiete veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España.

Paralelamente a lo anterior, solicitan incrementar el número de jueces para equipararnos a los países de nuestro entorno. A día de hoy contamos con unos 5.500. Para alcanzar la ratio europea de 21 por cada cien mil habitantes, deberíamos contar con casi el doble (más de nueve mil).

El debate de Sus Señorías tampoco ha olvidado la espinosa cuestión de la politización de la Justicia. Afirman que es preciso reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en su máximo órgano de gobierno. En este sentido, la designación política de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está resultando muy perjudicial para la imagen de los jueces y de su esencial independencia, por lo que el CGPJ debería quedar al margen de cualquier tipo de influencia partidista, una idea ya afirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la reciente Sentencia de 21 de junio de 2016 sobre el asunto “Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal”. Asimismo, se reclama una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, la reducción de los aforamientos, una nueva regulación del indulto y de las denominadas “puertas giratorias” y, también, la supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas.

En definitiva, los representantes de la Judicatura y, junto a ellos, numerosos profesionales (como secretarios de la Administración, fiscales, abogados o procuradores, entre otros) llevan décadas reivindicando un Pacto de Estado por la Justicia, una pieza de nuestro sistema tan básica como arrinconada. Solamente se precisa voluntad y sensibilidad reales para proporcionar como es debido este servicio público, destinado a defender los derechos de la ciudadanía y a garantizar el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. De ello depende que podamos continuar denominándonos Estado Social y Democrático de Derecho no sólo de palabra, sino de obra.