En lugar de estar recusados, tres magistrados se han sentado a juzgar un caso por el que la Fiscalía General del Estado los denunció por prevaricación dolosa, tras dejar en libertad condicional al gran narcotraficante, ahora fugado, Carlos Ruíz Santamaría, “el Negro”.
“Apoyo a “mis” magistrados, como corresponde al presidente de la Audiencia Nacional”, dijo Carlos Dívar cuando respaldó a Carlos Cezón, Juan José López y Carlos Ollero.
La solidaridad de Dívar es más que corporativista, es de un padrinazgo que recuerda a oscuras organizaciones, advierte J.M.C., un policía que persiguió a “el Negro”.
El activista antidroga Jesús L. Ramudo, que es filólogo, dice que “el pronombre y adjetivo posesivo mis muestra supeditación. Los tres magistrados, por tanto, son dependientes, y la Audiencia Nacional establece un intercambio de protecciones contrarias a la definición de la justicia independiente con éstos y otros jueces que han liberado a grandes narcos”.
Como todas las organizaciones antidroga, Ramudo se indignó con este padrinazgo, cuando, muy al contrario, la Audiencia Nacional debería haber exigido la destitución de los tres magistrados por escandalosa incompetencia. Y eso, pensando bien de ellos en este caso con un narco que valía, según la Fiscalía, 420 millones de euros de multa y 60 años de cárcel.
Ramudo piensa muy mal de ésta y otras liberaciones porque, afirma, los padrinos del narcotráfico son muy pródigos con quienes los favorecen.
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