El ambiente entre los promotores de esa lucha es de euforia por dos razones, la primera porque el apoyo popular a la lucha contra el impuesto es enorme y desbordante, con miles de mensajes y hasta deseos de donar un dinero que, por el momento, no se recibe, hasta que los cauces más impolutos y legales estén a punto; la segunda razón es porque los letrados que están estudiando el Impuesto de Sucesiones y elaborando los correspondientes informes y dictámenes sobre su legalidad se muestran muy ilusionados y seguros porque encuentran numerosos y sólidos argumentos para derribar la vigencia de ese impuesto, a todas luces injusto y contrario a la Constitución y a los derechos humanos elementales por razones como la desigualdad que crea en la sociedad, la indefensión y el daño que causa a sus víctimas, la burla de la voluntad de los fallecidos y su brutalidad fiscal, ya que representa una doble y, en algunos casos, hasta triple imposición a sus víctimas.
En la Junta de Andalucía, el gobierno español que cobra ese impuesto con más saña e injusticia, están muy nerviosos porque saben que los argumentos para sostenerlo son mucho más débiles que los argumentos para derribarlo y porque una sentencia judicial contra ese impuesto en los altos tribunales de España o Europa podría obligar a los políticos socialistas andaluces no sólo a retirar de circulación ese impuesto, sino también a devolver todo lo que se ha cobrado injustamente en el pasado.
Heredar en Andalucía o en Asturias, que son las regiones donde ese impuesto se aplican con más brutalidad, equivale a pagar cien veces más impuestos que heredar en Madrid o en otras autonomías donde ese impuesto es insignificante.
Pero el abuso que se perpetra contra los ciudadanos llega todavía más lejos porque al parecer hay casos, algunos de ellos suficientemente documentados, que demuestran que las tasaciones de la Junta de Andalucía sobre los bienes heredados están artificialmente elevadas, por encima de los valores catastral y de mercado, sin otro fin que cobrar más dinero, un abuso que podría ser declarado delictivo por su suciedad y por la indefensión que provoca.
Ese impuesto, contra el que cada día se alzan mas personas indignadas, se defiende bajo el grito socialista de "lo ricos deben pagar", una mentira de grandes dimensiones porque las estadísticas dicen que son las clases medias y trabajadoras las víctimas principales de ese impuesto y que los ricos son los que más fácilmente lo eluden, ya sea trasladando a otras regiones su domicilio fiscal, utilizando sociedades instrumentales, contratando en las entidades bancarias productos que eluden ese impuesto, como los fondos de pensiones y otros, además de reformar los testamentos para que. en caso de renuncia de los herederos, los beneficiarios no sean los políticos, sino instituciones benéficas como Cáritas y otras, exentas por ley del pago de ese impuesto.
La batalla contra ese impuesto se está convirtiendo, poco a poco en un doble símbolo para la ciudadanía: símbolo de la lucha ciudadana contra la injusticia del poder político y símbolo de la regeneración de la sociedad civil y del concepto de ciudadanía, muy débiles y hasta aplastados por la omnipresencia y el exceso de poder y la falta de controles de los partidos políticos, que han colocado a la sociedad civil española casi en estado de coma.
Francisco Rubiales
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