Putin, criminal de guerra

Soy consciente de que ver a Putin ante la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad es un deseo que probablemente nunca se convertirá en realidad. Y, sin embargo, está haciendo grandes méritos para ello en Ucrania, por no hablar de los contraídos en lugares como Siria o Grozni, la capital chechena arrasada por las tropas rusas en 1999, cuyo espeluznante relato le costó la vida a la periodista Anna Politkóvskaya. Por desgracia, la debilidad de las instituciones judiciales con las que cuenta la llamada comunidad internacional para hacer cumplir el derecho y los convenios sobre la guerra como el de Ginebra, le permitirá quedar impune de la responsabilidad que le corresponde por el asesinato de civiles inocentes que hacían la cola del pan, que se refugiaban de las bombas en un teatro o que esperaban para dar a luz en una maternidad. Ni siquiera en las guerras vale todo y hay normas que es imperativo respetar: Putin se las está saltando una por una y lo está haciendo a la vista de todo el mundo. Así actúan los tiranos como él.

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No son daños colaterales, son ataques premeditados a civiles

Según estimaciones provisionales y a la baja de la ONU, hasta ahora son casi 700 los civiles muertos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, mientras el Gobierno ucraniano los eleva a 2.000. En todo caso, esas cifras deben haber sido superadas con creces a causa de los inmisericordes bombardeos de las últimas horas ante el atasco de la invasión. Las tropas rusas no se están andando con rodeos para disparar con misiles y cohetes contra bloques de viviendas, hospitales, escuelas, teatros e infraestructuras nucleares de alto riesgo ni para utilizar bombas de racimo y de vacío contra población indefensa. 

El empleo de ese tipo de armamento contra civiles está prohibido por la Convención de la Haya y por los principios de humanidad, proporcionalidad, necesidad y distinción que recoge el Derecho Humanitario. Aquí no hablamos siquiera de daños colaterales, ese eufemismo empleado en las guerras para referirse a la muerte de civiles inocentes; aquí hablamos sencillamente de sembrar el terror entre la población para provocar su huida o minar su resistencia y dejar el camino expedito a los invasores.

Con el aval de la petición de 39 países, entre ellos España, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha puesto en marcha una investigación para reunir pruebas que permitan incriminar a Putin por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Ucrania. Los primeros pasos de la investigación consisten en conservar los vídeos y fotografías que circulan por las redes sociales para analizarlos con detenimiento y determinar su validez como pruebas inculpatorias. Las pesquisas se retrotraen a noviembre de 2013, por lo que incluirán el derribo en julio de 2014 de un avión de Malaysia Airlines cuando sobrevolaba Ucrania, lo que costó la vida a 298 personas y cuya autoría apunta a Moscú. La anexión de Crimea y la guerra en las repúblicas separatistas que se ha cobrado casi 14.000 víctimas también se incluyen en la investigación de la CPI. 

No cabe hacerse muchas ilusiones

Pero no cabe hacerse ilusiones: la investigación será compleja, lenta y costosa y seguramente pasaran años antes de que se pueda acusar a Putin de criminal de guerra y la CPI dicte contra él orden de detención. En ese caso el dictador ruso podría ser arrestado en cualquiera de los 123 países que reconocen la jurisdicción de ese tribunal internacional, entre los que no se encuentran precisamente ni Rusia ni Ucrania, como tampoco lo están China, Estados Unidos o la India. Ese es justamente otro de los inconvenientes para sentar a Putin en el banquillo, si bien Ucrania ha reconocido ahora de facto la jurisdicción del CPI tras la invasión rusa.

"Son pocos los primeros ministros o jefes de estado condenados por crímenes de guerra"

A los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cabría añadir el de agresión, un supuesto que se agregó posteriormente y que hace mención a la invasión injustificada de un país soberano. En todo caso, sea por unos delitos o por otros, llevar a Putin ante la justicia internacional tendría que pasar antes por ponerle las esposas y esa posibilidad es, a fecha de hoy, una mera ensoñación salvo que se produzca un cambio de régimen político en Moscú, lo cual no parece muy probable. Cabe recordar que la CPI no juzga a estados sino a individuos, por lo que sería mucho más fácil condenar a un soldado o a un oficial que al gran dictador que juega con las vidas de inocentes desde su despacho, pero cuya implicación directa en los ataques a la población civil es muy difícil de probar.

Otra posibilidad teórica para que Putin pague por sus crímenes de guerra es que la Corte Internacional de Justicia de la ONU solicite el procesamiento, aunque Rusia no tardaría en usar su derecho a veto para impedirlo. Así pues, aunque el Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también está convencido de que se han producido crímenes de guerra en Ucrania y ha constituido una comisión de expertos para investigarlos, sus esfuerzos es muy probable que no obtengan fruto.

Pocos antecedentes

Si miramos al pasado, los antecedentes de primeros ministros o jefes de estado condenados por crímenes de guerra tampoco dan muchas esperanzas, y no precisamente por falta de candidatos a sentarse en el banquillo de los acusados. Para los cruentos conflictos de Yugoslavia y Ruanda se crearon tribunales específicos que dictaron condenas como las de Milosevic y Karadsic, pero en el caso de la Corte Penal Internacional, aunque sus fiscales han presentado cargos contra líderes civiles y militares de varios países, son muy pocos los que finalmente han sido juzgados y condenados.

Hasta que no contemos con instituciones judiciales supranacionales bien dotadas y aceptadas por toda la comunidad internacional, algo que de momento parece muy lejano por no decir utópico, tendremos que conformarnos con confiar en que la investigación de la CPI o la condena casi total de Rusia en la Asamblea General de la ONU actúen al menos como herramientas de presión sobre Putin y contribuyan a mostrarlo ante el mundo, y sobre todo ante quienes todavía lo consideran una pobre víctima de Occidente, como lo que en realidad es: un individuo cruel y cobarde y un autócrata de la peor especie. La comunidad internacional está moral y políticamente obligada al menos a aislarlo y a repudiarlo, toda vez que seguramente no será capaz de conducirlo ante un tribunal de justicia para que responda por sus crímenes.