¿Qué es el sistema kafala, la criticada contratación barata de extranjeros en Oriente Próximo?

El sistema kafala consiste en el patrocinio de ciudadanos o empresas locales a personas migrantes para que trabajen y residan de forma legal. Esta práctica, común en algunos países de Oriente Próximo, busca disponer de mano de obra barata y temporal, pero se ha denunciado como un sistema de explotación. También se ha prestado para que los Gobiernos otorguen capacidades legales a los patrocinadores o kafiles a cambio de que controlen la migración laboral en el país.

Los sistemas kafala (‘garantizar’) se aplican en los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos—, además de Jordania y Líbano. Las personas migrantes, por lo general de Asia y África, tienen restricciones de movilidad una vez llegan al país y no pueden cambiar de trabajo sin permiso de su patrocinador. Además, el carácter temporal y rotatorio de los contratos les dificulta conseguir un permiso de residencia permanente o la nacionalidad.

Una forma de esclavitud moderna

El sistema kafala tiene su origen en la economía tradicional de pesca de perlas en el Golfo. Las empresas pesqueras proveían a los trabajadores de alojamiento, comida y ayuda económica para sus familias durante la temporada. Cuando había menos migrantes, los nacionales debían cuidar de ellos una vez llegaban al país. La versión moderna empezó a desarrollarse en los años cincuenta con el auge de la industria del petróleo, que requería levantar grandes infraestructuras para suplir las demandas. De esta manera, el sistema kafala sirvió para que las petroleras contrataran mano de obra barata en periodos de necesidad y para darle seguridad legal a esos trabajadores extranjeros.

El mapa del petróleo y el gas en el golfo Pérsico

En las últimas décadas, sin embargo, distintas ONG han calificado el sistema kafala como una nueva forma de esclavitud. Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado que los empleadores se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, quienes no suelen hablar árabe y no tienen acceso a las ayudas locales. En muchas ocasiones, el patrocinador local confisca el pasaporte del trabajador al llegar al país y después le cobra la devolución. Las trabajadoras domésticas son las más afectadas, pues entre los países del Golfo solo Emiratos Árabes Unidos y Catar las incluyen en su legislación laboral. Esto significa que no existe un límite a su horario, ni salario mínimo ni acceso a tribunales de trabajo.

En los últimos quince años, algunos países han intentado reformar sus legislaciones o abolir el sistema kafala en favor de la mano de obra migrante. Los pioneros han sido Baréin y Catar: ambos Estados han dotado de más derechos a los trabajadores extranjeros, pero aun así siguen vulnerables y las medidas no cobijan al personal agrícola y doméstico.

El sistema kafala y el Mundial de fútbol de Catar

Desde la adjudicación del Mundial de fútbol masculino a Catar en 2010, el país empezó a construir estadios con miras a noviembre de 2022. Sin embargo, al menos 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en las obras entre 2011 y 2020, según reveló The Guardian. El Gobierno catarí las ha calificado como “muertes naturales”, por el gran volumen de extranjeros en el país: casi dos millones de trabajadores migrantes constituyen más del 90% de la fuerza laboral.

Cuando los inmigrantes son mayoría: los Emiratos Árabes Unidos

La presión internacional hizo que el comité organizador local ante la FIFA, responsable de la construcción de los estadios, publicara en 2014 unas normas y compromisos para los trabajadores, que no son vinculantes. Catar, por su parte, inició en 2017 un programa de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo para reformar las condiciones de los trabajadores extranjeros. Hasta ahora se ha aprobado una ley de salarios y se ha eliminado el requisito del certificado de no objeción del empleador. Sin embargo, la retención de los propios salarios y los pagos con retraso estarían a la orden del día, además del acceso limitado a la justicia y la falta de investigación oficial de las muertes de la mano de obra migrante.

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