Reales Sociedades Económicas de Amigos del País

Instituciones creadas durante la segunda mitad del s. XVIII en España e Hispanoamérica, las cuales se fijaron como objetivo el progreso de la economía y la introducción de los adelantos científicos y técnicos en el ámbito de la Ilustración europea.
No cabe duda de que la época era propicia en España para la instauración de las Sociedades Económicas, y ello debido a diversos factores:
1- la existencia de instituciones similares que ya habían sido creadas en Edimburgo (1723), Zurich (1747), París (1761) y Berna (1763).
2- el impulso de la Enciclopedia, unido a la entrada de las nuevas ideas pero también -pese a la prohibición imperante- de los libros más avanzados sobre ciencias físicas y naturales.
3- el empeño personal de auténticos promotores entre los que se encuentran Jovellanos, el conde de Peñaflorida, los marqueses de Hinojosa, Peñafiel y Panés así como los clérigos Arteta de Monteseguro y Hernández de Larrea.
La necesidad de las Juntas de Comercio y de las Sociedades Económicas fue más sentida en el s. XVIII que en ninguna otra época, ya que los Estados aún carecían de experiencia y de organismos socioeconómicos con que orientar las políticas oficiales ante el avance de la industrialización y el capitalismo. De ahí que, pese a ser entidades eminentemente populares, las Sociedades Económicas poseyeran cierto matiz oficial que les otorgaba la protección de reyes y ministros.
Sin embargo, el destacado papel que en ellas jugaron algunos miembros de la nobleza hace que sea muy discutido su carácter democrático y a menudo se las considere producto de la aristocracia. A esto debe sumarse la sospecha de heterodoxia que las ha acompañado desde su polémica creación y que todavía marcó negativamente la opinión de Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles (1880-82): “Vinieron a servir sus Juntas de pantalla o pretexto para conciliábulos de otra índole, hasta convertirse alguna de ellas, andando el tiempo, en verdaderas logias o sociedades patrióticas”.

CASA TORRE DE LOS LUJANES SITA EN LA PLAZA DE LA VILLA DE MADRID FUE LA SEDE DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE AMIGOS DEL PAÍS

En cuanto a su origen, suelen establecerse unos cuantos precedentes: la Real Compañía de Navegación de Caracas creada en 1728 por el conde de Peñaflorida (padre), la Conferencia de Física que se inauguró en Barcelona para el estudio de las artes y las ciencias naturales, la Real Academia de Agricultura de Lérida (1763-68) o la Real Academia de Agricultura del Reino de Galicia (1765-74).
Hay también quien alude a la idea de Azeta Duzagoitia para fundar una especie de orden de caballería bajo el patrocinio de San Ignacio, sin carácter militar y con los mismos objetivos que en 1763 llevarían a la creación de la Sociedad Bascongada de Amigos del País. Y es que la Vascongada, con sede en Vergara, tiene el honor de ser la primera de las Sociedades que funcionaron en España hasta bien entrado el s. XIX. Javier María de Munibe, conde de Peñaflorida e inspirador de las primitivas tertulias de Azcoitia, reglamentó estas reuniones en un Plan de una Sociedad Económica o Academia de Agricultura, Ciencias y Artes útiles y Comercio (1763).
Antes de esa fecha, Macanaz ya había expuesto un plan semejante a Felipe V y el propio marqués de la Ensenada había mostrado en un informe a Fernando VI la conveniencia de crear Sociedades Económicas. Por si esto fuera poco, el periodista Mariano Nipho elogiaba en su Estafeta de Londres de 1762 la Sociedad de Agricultura, Comercio y Artes de la Baja Bretaña y otras inglesas e irlandesas deseando que en España también “se establezcan corporaciones para suplir con su estudio lo que se ignora”.
La Sociedad fundada por el Peñaflorida, con su fructífera labor (modernización agrícola, fundación de escuelas como el Seminario de Vergara, introducción mejoras urbanísticas, políticas y de buenas costumbres, etc.), alentó el nacimiento de otras surgidas ya no por iniciativa privada sino pública. De hecho, valió para que el despotismo ilustrado español se hiciera consciente de la utilidad de este tipo de instituciones con objeto de remediar el estado de cosas que había traído la desastrosa política económica de los últimos Austrias.
En 1773 se fundó la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tudela (Navarra) -la segunda en España- y al año siguiente la Sociedad de Verdaderos Patricios de la ciudad de Baeza y reino de Jaén y la de Amigos del País de Cádiz, las tres a imitación de la Vascongada.

PALACIO DE INSAUSTI
SEDE PRINCIPAL DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS

Poco más tarde, en noviembre de 1774, Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, enviaba a todas las cancillerías del país su Discurso sobre el fomento de la Industria popular para fijar definitivamente la relación Gobierno-Sociedades Económicas. En dicho Discurso, del que se imprimieron 30.000 ejemplares, el político asturiano invitaba a fundar tales instituciones y proponía a nobles y eclesiásticos ingresar en ellas. Sus sugerencias fueron bien acogidas en toda España y así en noviembre de 1775 Carlos III aprobaba los estatutos de la Sociedad Económica Matritense, tras conceder la licencia solicitada unos meses antes por sus tres fundadores: Vicente de Rivas, director de la Compañía de Caracas; José Faustino Medina y José Almazara, gobernador de San Fernando.
Su primer director fue Antonio de la Quadra -siempre aconsejado por el propio Campomanes- y más tarde Francisco Cabarrús. En ella colaboraron Jovellanos, Sempere y Guarinos, López de Ayala y algunas de las más influyentes personalidades de la época entre los que se encontraban ministros, consejeros de Castilla, de Indias y de Guerra, obispos, magistrados, generales, académicos, etc.
Desde el principio la Matritense, modelo de todas las sociedades que se fundaron después, se propuso y consiguió, gracias a sus altas cotas de actividad:
-mejorar las manufacturas e industrias populares
-divulgar los secretos de las artes mediante iniciativas editoriales, incluso con publicaciones periódicas
-difundir la maquinaria y los adelantos técnicos como auxilio de la enseñanza
-fomentar la agricultura y la cría de ganados, regular adecuadamente la beneficencia
Estaba instalada en el propio Consistorio madrileño y organizada en secciones (Agricultura, Artes y Comercio) donde sus miembros, a menudo mujeres que se reunían en una Junta de Damas de Honor y Mérito, no podían gozar de suelto alguno con objeto de evitar el “funcionarismo” tan arraigado en la época.
Fue tanto el prestigio alcanzado por la Matritense, apoyada por el conde de Aranda y favorecida por el Consejo de Castilla, que el monarca permitió que dos de sus hijos ingresaran en ella y dio orden a la Tesorería mayor para que se suministrasen anualmente a la institución tres mil reales de vellón para dos premios.
Además, desde el Gobierno se buscó la cooperación de “hombres de bien” y entes privados para organizar una red nacional de Sociedades inspiradas en la de Madrid. El proyecto fue encargado en diciembre de 1775 a una comisión encabezada por el conde de Montalvo y el príncipe de Pignatelli, la cual iba a tener fruto tan inmediato como la creación de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (1776). Dada la condición noble de sus primeros miembros (el duque de Híjar, los condes de Aranda, Argillo, Atarés, Fuenclara, Fuentes, Ricla, Robres, Sástago, Sobradiel y Torresecas; los marqueses de Ariza, Ayerbe, Castelar, Estepa, Lazán, Mora, Tosos, Villafranca y Villasegura) la Aragonesa tuvo desde el primer momento un carácter más aristocrático que el resto de Sociedades españolas. Ello no impidió que fuera, con la Matritense, una de las más dinámicas gracias al obispo Lezo y Palomeque, a Martín de Goicoechea y a Félix de Azara.

CAMPOMANES, PINTADO POR ANTONIO CARNICERO EN 1777

De 1777 data la fundación de la Sociedad de Sevilla, impulsada principalmente por el ilustrado Pablo de Olavide pero también por el marqués de Vallehermoso, Martín de Ulloa, Ignacio Luis de Aguirre, Fernández de las Peñas y Francisco de la Barrera Benavides. Ese mismo año abrieron también sus puertas las Sociedades de Granada, Valencia, Murcia, Soria, Tárrega, Las Palmas y San Sebastián de la Gomera; en 1778 la de Palma de Mallorca, y así hasta la guerra de la Independencia, momento en el que habían solicitado permiso de creación 90 instituciones de esta clase.
La permisividad del Gobierno en la concesión de autorizaciones trajo consigo cierta anarquía, existiendo provincias donde surgieron dos o más sociedades con el consiguiente conflicto de competencias. En Castilla, después de la Matritense, se constituyeron las de Toledo, Zamora, Soria, Segovia, Sigüenza, Talavera, Chinchón, Astorga, León, La Bañeza, Cuenca, Ciudad Rodrigo, San Clemente, Valladolid, Medina de Rioseco, Herrera de Pisuerga, Burgo de Osma, etc.; en Andalucía las de Granada, Baza, Vera, Almuñécar, Osuna, Sanlúcar, Baeza, Lucena, Puerto Real, Vélez-Málaga, Alcalá de los Gazules, Medina-Sidonia, Motril, Constantina, Jerez de la Frontera, Cabra, Málaga y Bujalance; en Aragón las de Zaragoza, Jaca y otras; en Navarra, la de Tudela; en Valencia la de esta capital y Requena; en Galicia, las de Santiago y Lugo; en Extremadura, la de Trujillo; en Cataluña las de Tarragona y Tárrega; en Canarias, las de Gran Canaria, Gomera y Tenerife; en Baleares la de Mallorca; en Murcia, la de esta capital; y en Asturias, la de Oviedo y otras. En cambio, el asentamiento de importantes núcleos burgueses en determinadas urbes como Barcelona, Bilbao, Cádiz y La Coruña hizo innecesaria la existencia de Sociedades Económicas ante la presencia de otras instituciones más eficaces para la defensa de sus intereses: consulados, Juntas de Comercio, etc. Diversas circunstancias hicieron que tampoco se crearan Sociedades Económicas en ciudades como San Sebastián y Gerona, o que su puesta en marcha se retrasara hasta el s. XIX, como es el caso de Burgos.
Del primer período o etapa fundacional datan las Sociedades Económicas de Hispanoamérica, todas con el mismo espíritu que las españolas e idéntica organización. Destaquemos las de Guatemala, La Habana, Santiago de Cuba y Puerto Rico; y, después de la emancipación, las de Lima, México y Caracas. Es indudable que tanto en Europa como en el Nuevo Continente las Sociedades Económicas nacieron para llenar vacíos de competencia del despotismo ilustrado, especialmente en todo aquello que se refiere a intereses materiales. No obstante, también es cierto que durante su período de mayor auge (1765-1786) lograron grandes éxitos en España tanto en el campo de la economía como en el de la educación y la cultura.


TERTULIA DE LOS CABALLEROS DE AZCOITIA
MIEMBROS DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA BASCONGADA

“Escuela y despensa”, según fórmula acuñada por Joaquín Costa, las Económicas constituyeron el marco de toda la política regeneradora de la Ilustración. Sus “escuelas patrióticas”, como las llamó la Matritense, son ejemplo de lo primero igual que el citado Real Seminario Patriótico de Vergara -uno de los centros docentes con mayor proyección de la época- y las academias de enseñanzas especiales creadas por varias Sociedades: escuelas de mecánica teórica y práctica (Madrid); de dibujo (Granada, Segovia, Zamora, Vélez Málaga Talavera y Tárrega); para trabajar la seda (Granada) y la lana (Segovia); escuelas de agricultura (Zaragoza y Granada); de latinidad (Vélez-Málaga); de estampados en papel (Madrid); escuelas-fábricas de indianas (Granada), de medias de estambre (Soria), de cintas (Tárrega) o de alfares (Ciudad Rodrigo).
La puesta en funcionamiento de cátedras totalmente independientes del Estado y el orden universitario, algunas de las cuales (Economía Política, Agricultura, Mineralogía, Taquigrafía, Sordomudos y Ciegos) fueron las primeras que funcionaron en España sostenidas a base de donaciones particulares. Campomanes había expresado en su Discurso el deseo de convertir las Sociedades Económicas en “una escuela pública de la teoría y práctica de la Economía Política”, idea que Jovellanos se encargaría de difundir y materializar como ningún otro. Porque no sólo la de Asturias, sino también otras como la Matritense y la de Jerez, se especializaron en este tipo de estudios de cuya importancia da fe el Ensayo de la Sociedad Bascongada (1768) y los sucesivos Extractos de las Juntas Generales (1772-1793) de aquella institución pionera.
Adquirió especial relevancia la cátedra de Economía Política inaugurada (24-X-1784) por la Sociedad Económica Aragonesa gracias a la iniciativa del canónigo Juan Antonio Hernández y Pérez de Larrea, escenario de una polémica acerca de la ortodoxia de las doctrinas francesas sobre el lujo en la que participaron Martínez Marina y el propio Campomanes.
Por otra parte, muchas sociedades fomentaron las industrias y manufacturas regionales a través de premios a la calidad o a la calidad de la producción. En su especial interés por reactivar la industria tradicional textil, la Económica de Valladolid se ocupó de las lanas; las de Zaragoza y Tudela, del lino; la de Valencia, de la seda; la de Palma de Mallorca, de la elaboración del aceite; y las de Segovia y León, de la elaboración de paños.
Algunas sociedades emprendieron campañas de comercio (Granada, Palma de Mallorca) y otras completaron su política social estableciendo montepíos y hospicios como el de Vitoria.
Sobre beneficencia es obligatorio referirse a la Colección de las memorias premiadas por la Matritense en 1781, texto que contiene todo un programa de asistencia social del que sobresale el socorro de los pobres y la lucha contra la mendicidad infantil y juvenil por medio de la educación para el trabajo.
Casi todas estas reformas tuvieron su oportuna noticia en la Gaceta de Madrid, se recogieron total o parcialmente por escrito y al fin se publicaron bajo el título de “memorias” o “informes”. Es el caso del célebre Informe sobre la Ley agraria (1795) redactado por Jovellanos a instancia de la Matritense, el cual acabó costando a su autor y a dicha institución serios enfrentamientos con el clero y la nobleza hereditaria debido a la opinión del primero sobre la libertad económica en la agricultura.
Fue precisamente la incomprensión y hostilidad de muchos sectores de la sociedad española lo que a la larga, unido a los crecientes problemas financieros, provocó la decadencia de muchas de estas Sociedades Económicas; sobre todo aquellas instaladas en villas y pueblos, aunque también las de ciudades como Oviedo, Valladolid, León, Zaragoza, Zamora, Palencia, Cuenca y hasta Madrid.

ALEGORÍA DE LAS BELLAS ARTES EXALTANDO A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA ARAGONESA DE AMIGOS DEL PAÍS,
PINTADO POR MANUEL BAYEU EN 1785

En 1786, el Gobierno trató de aclarar las causas llevando a cabo una consulta entre los socios. Éstos presentaron como tales la falta de fondos, la escasa asistencia a las Juntas y el poco estímulo entre los socios debido a su agrupamiento en diferentes cuerpos políticos. Peñaranda, tratando de remediar dicha situación, propugnó en su Proyecto Económico de 1789 la creación de un “Consejo Supremo” de economía política en la Corte “con privativo destino al fomento de la población, la Agricultura, las Artes, el Comercio... con la creación de Sociedades Económicas, para promover universalmente la felicidad”.
Sin embargo, el temor a los acontecimientos de Francia no tardaría en provocar la reacción en contra del clero local y las oligarquías económicas, abortando el proyecto de Peñaranda y sumiendo a las Sociedades Económicas en un largo proceso degenerativo. La Vascongada, por ejemplo, soportó una aguda crisis motivada por la guerra que la obligó a suspender sus actividades entre 1793 y 1798. Lo mismo ocurriría con la de Ávila, en 1793, y la de León en 1798.
Godoy, a través de varias encuestas iniciadas el 24-II-1798, intentó sin éxito devolver las Sociedades Económicas a su vieja línea reformista e ilustrada. Después, mientras duró la Guerra de la Independencia, sólo siguió funcionando la Matritense y ello a costa de imponer el afrancesamiento de sus socios bajo el Gobierno de José I.
Las Cortes de Cádiz ordenaron la reactivación de las sociedades, resucitadas en el decreto de restablecimiento de 1815. Esta fecha marca la frontera real entre las Económicas “ilustradas” y las que sobrevivieron durante las primeras décadas del s. XIX: aisladas del resto de instrumentos para la vida pública y abandonadas al único estímulo de sus socios, apenas sirvieron para crear en la península un ambiente favorable a las ideas económicas de la escuela liberal inglesa (Smith, Malthus, Ricardo) y terminaron desplazándose hacia las sociedades secretas y patrióticas. A aquellas alturas, cuando el fin primero de las Sociedades Económicas estaba ya cumplido por las primeras cátedras de Economía política, resultaban más que evidentes sus limitaciones para albergar las bases del nuevo y pujante liberalismo español.