Reeducarnos

Con frecuencia se argumenta sobre la urgencia de buscar un acuerdo con todas las partes que intervienen en proceso educativo para construir entre todos un marco legal estable que facilite la formación y supere los posicionamientos partidarios. Hay quienes se declaran partidarios de una educación integral para conseguir ciudadanos bien formados, tolerantes y solidarios, capaces de escoger con libertad e inteligencia y quienes observan a los estudiantes como elementos para perpetuar la cultura tradicionalista, las esencias patrias y religiosas. Tampoco faltan quienes observan a los estudiantes como futuras herramientas productivas, apostando por una enseñanza centrada en las necesidades del mercado laboral.

Estas diferencias anticipan la complejidad de un posible acuerdo sobre un proceso como el educativo que nunca es neutro al implicar una concepción determinada del individuo y de la sociedad. Que el objetivo sea educar en valores para el bien individual y colectivo, es comúnmente aceptado; concretar esos valores significa dar paso a la discrepancia.

En un , que ahora vuelve a reproducir la revista Ábaco, Luis Gómez Llorente manifestaba su sorpresa con los neoliberales del siglo XXI y su obsesión por destruir la escuela pública siendo una de las obras fundamentales del liberalismo clásico: " A los liberales se debe la idea de que el Estado asuma la función de educar al pueblo cuyos rasgos esenciales fueron su universalidad, su gratuidad, su laicidad, y el carácter de sus enseñantes como servidores públicos ". Claro que a aquel liberalismo más que el mercado le preocupaba liberar al pueblo de la ignorancia y una educación sin dogmas políticos o religiosos. ¡Cómo ha cambiado! Aquel liberalismo desconfiaba de los colegios privados y apostaba por la escuela pública. En la actualidad, quienes se denominan liberales, ponen el acento en la libertad de elección de centro y se enardecen cuando se legisla sobre los valores a impartir en la escuela. En realidad, persiguen proteger determinados privilegios educativos, que todos sufraguemos la enseñanza privada, el deterioro de la pública y que los valores a impartir sean los bendecidos por la Iglesia Católica como si de un país confesional se tratara.

Desde el gobierno presidido por Zapatero, con su "educación para la ciudadanía", cada vez que se pretende establecer determinados contenidos en la educación, como los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay sectores que reaccionan alertando sobre la imposición de una determinada tendencia ideológica. Conservadores, ultraderechistas y religiosos hablan de "adoctrinamiento" en la educación cada vez que ven en peligro su posición de privilegio y cuando la moral y los valores que se pretenden transmitir no coinciden exactamente con los suyos. Sin embargo, la educación moral y cívica son elementos tan importantes que el Estado no debe dejar al criterio de instancias educativas privadas. ¿Sería aceptable que el Estado abdicase de sus funciones, en nombre de una supuesta libertad, si tolerara que determinados centros educativos educasen en el racismo, en la misoginia, en el odio al diferente o en el desprecio de los derechos humanos?

El objetivo de la escuela debe ser dotar de autonomía y capacidad a los escolares para decidir libremente sobre sus valores y creencias. En este sentido, la educación debe tener como prioridad formar a mujeres y hombres como personas autónomas e íntegras, ciudadanos responsables y formados para acceder al mundo laboral.

La democracia no vale nada reducida a demagogia y manipulación, si sus ciudadanos tienen inhabilitada la capacidad de la reflexión o si son incapaces de pensar por sí mismos. Es cierto que sería deseable el acuerdo, el consenso y el diálogo. Pero tal vez, para poder alcanzarlo, todos -familias, educadores y políticos- estemos necesitados de reciclarnos, de reeducarnos.