Reparación a Egunkaria

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo pública ayer la absolución de los cinco directivos del diario Euskaldunon Egunkaria, Juan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga y José María Auzmendi, a los que intencionada e injustamente se había acusado de actuar a las órdenes y al servicio de la estrategia de ETA. Han sido siete largos años de calvario continuado, marcados por el cierre temporal del único periódico editado íntegramente en euskera. Quienes ahora han sido declarados inocentes han sido, en todo este tiempo, victimas de una justicia (¿?) puesta al servicio de una estrategia político-policial, promovida por el Partido Popular, con la complicidad del PSOE.  

El fallo respalda la convicción mayoritaria de la sociedad vasca, que siempre supo que los cinco directivos procesados no tenían relación alguna con ETA y Egunkaria no era un instrumento utilizado para propagar y/o legitimar el discurso terrorista. De hecho, la sentencia alude a la especulación y el artificio del proceso, y destaca la insuficiencia de pruebas y el carácter equívoco de los indicios esgrimidos por la acusación particular. Todo ello por no citar el abuso de poder que supone el cierre de un medio de comunicación, decisión más propia de un régimen totalitario que de una democracia consolidada.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admite ahora lo que era obvio en 2003: “La suspensión provisional no tiene cobertura constitucional directa“.

Y yo me pregunto: ¿Quién va a compensar a los cinco directivos por todo el daño que se les ha causado desde 2003? Han sido detenidos, encarcelados e incluso se denunciaron torturas en comisaría. También han visto afectadas sus vidas los profesionales que trabajaban en el diario clausurado y quienes lo compraban y lo leían. Hablamos de violaciones de derechos fundamentales, entre ellos el de libertad de prensa e información, que no pueden quedar impunes. Alguien deberá responder por todos los perjuicios provocados en nombre de una cruzada, tan falsa como lesiva, que propagaba el pensamiento único, basándose en una gran mentira, impulsada por la derecha política, judicial y mediática. Al grito unánime de “todo es ETA y todo vale contra ETA” se han legitimado atropellos democráticos como el que justifica este post.

Es cierto que la justicia, en esta ocasión, ha actuado con la independencia y objetividad que le corresponde, pero es igualmente cierto que llega tarde y es necesaria una reparación subsidiaria por parte del Estado. Han sido muchas las personas y familias perjudicadas directamente por el cierre de Egunkaria, al perder su empleo y con él su futuro. Otras muchas han sido criminalizadas por su defensa del euskera y por sus ideas, y, de algún modo, todas y todos hemos perdido algo en este proceso porque la clausura de un medio de comunicación es siempre un ejercicio de censura. Confío en que la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia actúen, por una vez, con sentido común y renuncien a presentar recurso contra esta sentencia. Sin embargo, su valoración de la absolución no invita al optimismo. Afirmar que la indemnización que el Estado podría tener que pagar será “dinero para financiar a los terroristas” les inhabilita como demócratas.