Sacamantecas de izquierdas y de derechas versus liberalismo

   El punto del que ha de partir todo liberal a la hora de valorar la acción política es el que resume el apotegma de que el poder corrompe o, al menos, permite que quien lo detenta actualice su previo potencial de corrupción. Idea que hay que complementar con esta otra: incluso cuando es inevitable, dejar en manos de un político la posibilidad de administrar un patrimonio equivale a sustraer la dinámica económica y social a sus genuinos protagonistas, los ciudadanos, la iniciativa privada, para subordinarla a los criterios, en última instancia arbitrarios, de ese político. Existe, por un lado, una ley objetiva que rige la marcha de la sociedad: la ley de la oferta y la demanda, alguien quiere algo y entra en relación comercial con quien se lo ofrece. Y existe otra forma alternativa de conducir esta que sería la dinámica social básica, la que partiendo de que esa ley de la oferta y la demanda es intrínsecamente perversa puesto que genera abusos y desigualdades, es preciso subordinarla a la planificación decidida desde las esferas del poder político. ¿Desde qué tipo de premisas ha de ponerse en marcha esa planificación? En última instancia, subjetivas y arbitrarias, decididas a partir de los presupuestos ideológicos o meramente personales de quien detenta el poder. Así, por ejemplo, el político de turno puede decidir (de hecho, lo está haciendo) que el que no se lleguen a atender suficientemente las necesidades derivadas de las situaciones de dependencia de enfermos y personas mayores es un hecho a relativizar, porque también hay que subvencionar a cineastas como Fernando Trueba y compañía, o a las televisiones públicas (mucho más caras que las privadas) que sirven para la propaganda de los gobernantes, o a las empresas de automóviles en vez de a los fabricantes de lavadoras, o a estructuras institucionales que prácticamente sirven solo como pesebre para políticos, como ocurre con el Senado, las Diputaciones o las embajadas de las Comunidades Autónomas… y quizás el presupuesto no llegue para todo. Ilustración: Samuel Martínez Ortiz    Entre los políticos más antiliberales e intervencionistas del actual panorama político español, están los partidos de extrema izquierda; son los más hostiles a las leyes del mercado (las que se basan en la conjunción de la oferta y la demanda) y los más favorables a la planificación, es decir, al incremento de políticos y funcionarios que vengan a sustituir a la iniciativa privada. Ya tenemos ejemplos concretos suficientes a estas alturas de lo que significa llevar a la práctica estos presupuestos intervencionistas y del modo en que el particular arbitrio de los políticos a la hora de administrar el presupuesto público sustituye a la libre iniciativa regida por la ley de la oferta y la demanda; Ahora Madrid, la coalición que desde hace unos meses gobierna en el Ayuntamiento de la capital, nos proporciona ya varios ejemplos de todo ello. Pasemos a enumerar algunos: el consistorio madrileño ha multiplicado por veinte el gasto en cooperación internacional (de medio millón de euros a 12 millones presupuestados para 2016), es decir, que tal gasto sufre un aumento del 2.117 %, que presumiblemente se traducirá, en gran medida, en subvenciones a países con gobiernos ideológicamente afines. Otra reciente intervención hecha al libre arbitrio de los actuales planificadores ha sido la de ceder espacios públicos del Ayuntamiento al movimiento okupa; de hecho, se tiene presupuestado un gasto de dos millones de euros para la reforma del palacete de Alberto Aguilera, que podría cederse a los okupas del Patio Maravillas. Asimismo y por otro lado, la alcaldesa Carmena ha destinado 350.000 euros a acondicionar el Palacio de la Cibeles, sede de la Alcaldía, un palacio en el que quien fue también alcalde, Alberto Ruiz –Gallardón, ya había gastado, según documentación oficial, 140 millones de euros hace solo un par de legislaturas, se supone que para dejarlo suficientemente acondicionado, incluso para quienes utilizan el baremo comparativo del lujo asiático. Otro ejemplo más nos lo ofrece el capítulo de gasto dedicado por el Ayuntamiento de la capital a “asociaciones” y “coordinación territorial”, que pasa de tener consignados 3,5 millones de euros a disponer de 36 millones, es decir, que sufre una aumento del 908 %; naturalmente, es de prever que sean las asociaciones, asambleas de barrio y foros diversos vinculados a Ahora Madrid los que más se beneficiarán de tal subida. En general, independientemente del destino que se le dé, el presupuesto de gasto del Ayuntamiento de Madrid, que tiene ya una deuda pública que llega a 1.876 euros por cada habitante de la capital, crece para 2016 en un 1,9 %, en total 83,9 millones de euros.    Correlativamente, y para atender gastos como los expuestos, el Ayuntamiento madrileño ha decidido entre otras cosas eliminar la bonificación fiscal que disfrutaban más de 5.000 familias numerosas madrileñas, que tendrán que pagar 200 euros más al año. Asimismo, el IBI que soportan las grandes empresas, que ya era muy elevado, subirá en un 10%. En general, solo hay una manera de llevar adelante un incremento en el gasto público: subir los impuestos. Pero lo más decisivo a la hora de valorar medidas de gasto público como las referidas es que no están sometidas a ningún criterio objetivo, sino solo sometidas al libre arbitrio de los políticos.    ¿Y cómo se evitan esas arbitrariedades? Solo de una forma: evitando (en lo posible) a los políticos. Si los políticos acaparan poder de decisión sobre asuntos económicos interfiriendo en lo que la ley de la oferta y la demanda estipula, caerán fatalmente en el despilfarro, la arbitrariedad y la corrupción. No se trata, pues, de simplemente controlar al poder (habitualmente es el poder el que controla todo lo demás), sino de limitarlo al máximo. Al final, como venimos sugiriendo, las opciones son dos: la liberal, para la cual la ley de la oferta de la demanda (el mercado) debe de regir en lo sustancial la dinámica económica de la sociedad y dejar que el estado atienda exclusivamente necesidades sociales (incluyendo en ellas las que se derivan de aspectos de la organización social que difícilmente puede atender esa ley, como la necesidad de contar con unas fuerzas armadas y de policía, un aparato de Justicia, una representación exterior o garantizar la atención sanitaria) y la intervencionista (de izquierdas o de derechas), para la cual el mercado es generador de desigualdades o errores y se hace preciso sustituir la iniciativa privada por una planificación ejercida por burocracias estatales, es decir, por políticos.    Efectivamente, la iniciativa privada genera acumulación de capital, y por tanto, desigualdades (no todos tienen la misma capacidad de iniciativa para empezar); en la misma medida, la planificación es fuente de arbitrariedad y corrupción. ¿Debemos, pues, sustituir empresarios por burócratas para que no haya desigualdades o lo que se ha de hacer es sustituir a políticos por emprendedores (hacer, pues, que prevalezca la ley de la oferta y la demanda) para que no haya despilfarro, corrupción y arbitrariedad? ¿El capital acumulado debe de administrarlo aquel que lo genera o los políticos, que normalmente, a partir de un cierto nivel, nunca han dirigido una actividad productiva porque suelen haberse dedicado desde siempre a la política? La extrema izquierda se presenta como supuesta alternativa frente a la casta política, pero está dispuesta a ocupar las mismas poltronas que ocupaban los políticos anteriores, incluso aumentándolas; ¿y no es la pertenencia a la casta política uno más de los viejos trucos que de toda la vida de Dios se han montado las minorías privilegiadas de turno que siempre han estado dispuestas a vivir a costa de los auténticos productores de riqueza? Antiguamente, era la sangre la que legitimaba a la minoría de los nobles y los monarcas para vivir a costa de los demás. Otra casta privilegiada a lo largo de la historia ha sido la eclesiástica, que supuestamente avalada por el mismo Dios, se ha sentido dispensada de la obligación de crear riqueza, aunque no de consumirla en forma de subvenciones y privilegios fiscales. Hoy la coartada para mantener a las principales minorías privilegiadas, la clase política y la sindical, es “el bien del pueblo”. Sigue siendo un fácil recurso para que una casta compuesta demasiado a menudo de iletrados y no menos veces de desaprensivos sangren vía impuestos, tasas, multas y trucos recaudatorios varios a la mayoría para emplear el dinero a su arbitrio (a su antojo), y de paso nutrir sus bolsillos habitualmente muy por encima de lo que sus méritos aconsejarían.    En conclusión: cuantos más políticos y burócratas, más ruina para los pueblos. Los regímenes contemporáneos que más han gastado en regidores, es decir, los subyugados por el totalitarismo, han acabado indefectiblemente devastando a sus países. Por el contrario, donde ha podido discurrir la libre iniciativa, se ha prosperado. Cualquier toma de decisión a la hora de emitir un voto debería de tener en cuenta esta evidencia.