Cataluña se encuentra a la espera de la aprobación del Gobierno central para implementar medidas que limiten el alza de los precios de alquiler en la región.
Tres meses después de que el Departamento de Territorio enviara al Ministerio de Transporte la solicitud para limitar los precios en 140 municipios, Cataluña aguarda la autorización para poner en marcha estas restricciones.
La iniciativa se enmarca en la nueva Ley de Vivienda, promulgada para abordar el creciente problema de los precios de alquiler en España.
La Generalitat catalana comenzó los trámites para aplicar esta normativa el 22 de junio, siendo la única autonomía en solicitar la adhesión a esta legislación, ya que las comunidades gobernadas por el Partido Popular han expresado su intención de no aplicarla.
Esperando la luz verde del Gobierno en cuanto precios de alquiler
El ejecutivo catalán envió al Ministerio de Transportes el pasado 22 de agosto, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
Estas áreas, sujetas a la aprobación del Gobierno central, establecerán que los nuevos contratos de alquiler no podrán superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años.
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Para grandes tenedores (propietarios con cinco o más inmuebles), el alquiler no deberá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler.
Según la legislación estatal, una vez que la comunidad autónoma comunica la propuesta, el ministerio tiene tres meses para publicar una resolución que detalle las áreas de mercado residencial tensionado declaradas.
El contexto de los precios de alquiler en Cataluña
La medida se vuelve urgente en Cataluña, donde el alquiler medio en el segundo trimestre de 2023 alcanzó los 830.3 euros al mes, según datos del Incasòl.
Desglosando por provincias, Barcelona lidera con una media de 910.8 euros, seguida por Girona con 638.3 euros, Tarragona con 570.4 euros y Lleida con 475.4 euros.
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En Barcelona el alquiler no deja de crecer, llegando a 1123.5 euros al mes en el segundo trimestre de este año, un 3.3% más que el trimestre anterior y un 12.7% más que el año anterior.
Por ello, la Generalitat y el gobierno municipal de Barcelona, ahora liderado por el Partido Socialista, instan al Gobierno español a agilizar la aplicación de la norma. Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona, con votos a favor del PSC, solicitó al Gobierno que permita «de forma inmediata» aplicar la ley.
Antecedentes y retos jurídicos
Cataluña ya había regulado los alquileres en 2020 durante un año y medio mediante una ley autonómica, la cual fue anulada por el Tribunal Constitucional.
La actual normativa también enfrenta desafíos legales, ya que el Tribunal Constitucional debe resolver sobre la constitucionalidad de la nueva ley estatal, admitiendo en septiembre el recurso presentado por el PP y otros gobiernos autonómicos.
Se buscan entonces soluciones para hacer frente a la creciente presión en el mercado de alquileres en la región.
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