Suerte que unidos no han podido

Hay noticias de esas que te llevan a otra época y que tienes que leer dos veces para entender de qué van, aunque el objetivo te quede claro desde el primer momento. Y eso es lo que me pasaba ayer ojeando la edición digital de El País, cuyo titular rezaba así: “Carmena creará un nuevo modelo de seguridad con jurados vecinales” y añadía “El plan también incluye un gestor de barrio (nombrado por el Ayuntamiento), del que dependerán los agentes municipales y una mesa de convivencia y seguridad”. ¿Y eso qué significa?, pues sencillamente lo que estáis leyendo (y pensando), la posibilidad de que los vecinos juzguen a sus convecinos y de que la policía local dependa de un agente político del barrio. Vamos, que lo que se pretende es que los barrios de Madrid estén controlados por comisarios y asambleas políticas. Al más puro estilo de los amigos del chandalito.
Esta experiencia se va a iniciar en el madrileño barrio de Lavapiés, y os podéis imaginar la polvareda que ha levantado la ideíta. Según informaba El País, el nuevo proyecto instaura la hasta ahora desconocida figura del “jurado vecinal”. En él, infractores, delincuentes y víctimas “tienen la oportunidad de encontrarse con el entorno social donde se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la comunidad”. “La comunidad, por su parte, aceptará el reconocimiento de culpa y colaborará para definir una medida adecuada de reparación del daño hecho”. Se busca la “reintegración social” del delincuente. No obstante creo que esta fórmula es ilegal, por lo que dudo llegue a ponerse en marcha, aunque solo el hecho de que la piensen y desarrollen es para echarse a temblar. También se han sacado de la manga la figura del ‘Gestor de Barrio’, definida por el Ayuntamiento como un “community manager del barrio que dinamiza la participación ciudadana, la convivencia y la colaboración entre servicios”. “Conoce a fondo el barrio y es conocido por el barrio. Es quien impulsa y fortalece la gobernanza sobre el terreno, incluyendo todos los recursos formales [policía, servicios sociales, limpieza] e informales” para solucionar los “problemas multifacéticos” de la zona. Bajo la responsabilidad del gestor estarán igualmente los llamados “círculos de custodia ciudadana”, la “red comunitaria pública y privada”, así como el “consejo ciudadano”. Los círculos de custodia urbana se encargan de “cuidar y mejorar la calidad del lugar, reduciendo las infracciones por arrojo de suciedad y por ruido”, una labor que hasta ahora tiene encomendada la Policía Municipal, que perdería esta competencia. Bajo la responsabilidad de los futuros 121 gestores de barrio también estarán los integrantes de la llamada Unidad de Policía Comunitaria (agentes voluntarios que harán labores de mediación). Las futuras unidades de intervención en crisis y de emergencias dependerán, a su vez, de la Policía Comunitaria, según informaba El País. En definitiva, que como hemos dicho en muchas ocasiones esta gente no se esconde e impone sus medidas de control sobre la gente de una manera descarada, al más puro estilo comunista, porque ese es su único objetivo, obligarnos a vivir en tribu y a obedecer a la colectividad y al comisario político de turno. Esperemos que la Justicia ponga coto a esta avaricia controladora y que no se transmita este modelo de intervencionismo a otras localidades. Suerte que Unidos no han podido, porque miedo me dan.