¿Y quién paga los platos rotos?

Por Yohan González

“Ay, la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie.”

Buena Fe

Desde que se detectara en España el primer caso de contagio de ébola fuera de África, varios sectores de la prensa, la sociedad civil y un porciento para nada despreciable de la población española han expresado su pedido de renuncia para la ministra de Sanidad Ana Mato. Sin embargo, con una opinión pública claramente no favorable a su continuidad y la clara existencia de fallos en la administración del sistema de sanidad – incluida su incapacidad en el ejercicio del cargo- la ministra se ha mantenido en el cargo y se burla de una impopularidad cada vez creciente. Sucesos como estos suelen ocurrir en varios países donde funcionarios ,inclusive Jefes de Estado o de Gobierno, enfrentándose a una opinión pública adversa y a índices de popularidad bajos prefieren no asumir el fallo. Todo ello me recuerda a Cuba, donde aún seguimos padeciendo el problema de la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos. 

El pasado 15 de octubre la prensa cubana dio a conocer la decisión del Consejo de Estado de “liberar por renovación” a Christian Jiménez de su cargo como presidente del INDER (institución encargada de la política deportiva y de recreación en Cuba. Decisión acertada, pero tardía. Pésimos resultados deportivos, una política de manejo que ha estado haciendo aguas y un aumento descontrolado de las deserciones de deportistas han matizado los últimos años de gestión del expresidente del INDER, quien quizás no sea el gran culpable de la situación o de la malas decisiones tomadas, pero ello no lo exime de parte de responsabilidad. Sin embargo, ante la suma de malas decisiones, fracasos y una cada vez creciente opinión pública (sobre todo desde algunos sectores de la prensa nacional y extranjera), Jiménez se mantuvo en su cargo hasta tanto un día desde “arriba” vino la orden de “liberarlo”.

Raúl Castro, a diferencia de su hermano Fidel, ha sido mucho más claro en la necesidad de que los funcionarios y dirigentes asuman su responsabilidad y por consiguiente no les tiemble la mano a la hora de firmar una carta de renuncia. Sin embargo, sus discursos o no han sido escuchados o no se han aplicado en la práctica, pues aún siguen pululando dirigentes, funcionarios y administrativos ineficientes y corruptos en Cuba. ¿Cómo luchar contra ello?

Los objetivos de trabajo de la I Conferencia del Partido Comunista introdujeron el principio de “que los miembros de los comités del Partido, en todos los niveles, deben presentar su renuncia, a esta condición cuando consideren que dejaron de existir las razones por las cuales fueron elegidos, sin que ello constituya un demérito o una actitud reprochable. Si ello no ocurre, el organismo del Partido correspondiente adoptará la decisión que considere conveniente”. En la clausura de la misma el propio Raúl hizo referencia a la necesidad de reformar la Constitución en búsqueda de limitar el ejercicio de funciones político-administrativas a dos períodos consecutivos de cinco años, acción que el mismo aplicó al anunciar que su mandato como presidente solo se limitaría a diez años. No obstante son decisiones insuficientes.

La clave está en empoderar verdaderamente al pueblo, y cuando me refiero a “empoderar” no me refiero a su aplicación demagógica sino a un empoderamiento real que va desde una reforma de la práctica de la rendición de cuentas e incluso de la ley electoral reforzando la figura del “voto de castigo” hasta la reforma del papel de la prensa que está llamada a convertirse en el verdadero azote de la clase político-administrativa cubana. Sin la obligación de tener que dar la cara ante una oposición fustigante, una prensa inquisitiva o una sociedad civil organizada, los funcionarios públicos han entendido que su responsabilidad es solo con las “personas de arriba” – los únicos a quienes tienen que contentar y temer- desentendiendo el ejercicio de sus cargos de la vocación de cumplimiento de un mandato popular.

Quien ejerza funciones en instituciones estatales u órganos del PCC debe tomar la decisión política de renunciar cuando sienta que no está siendo útil o que las decisiones que está tomando son claramente impopulares. Ante el fracaso o la impopularidad se impone la renuncia y la aceptación de responsabilidades. El funcionario o político que tema a la renuncia o huya de asumir la responsabilidad política de sus fallos es porque ha convertido el ejercicio de sus funciones en un modo de vida y ha encontrado en ellas la vía del enriquecimiento y la acumulación de poder.