Un problema de las democracias ante los fanáticos religiosos es que mientras no cometan un atentado pueden exigir que se respeten sus derechos, como Amir Meshal, un joven estadounidense de Minnesota sospechoso de yihadista que exige trabajo como chofer de autobuses escolares.
Tiene derecho: sin condena alguna, es candidato a cualquier puesto y recibe, además, el apoyo de la poderosa organización antirracista American Civil Liberties Union (ACLU).
Meshal posee una licencia para conducir autobuses escolares conseguida este agosto con una beca estatal de 4.000 dólares en Saint Paul, la segunda ciudad más poblada de Minnesota, con 300.000 habitantes.
Su nombre aparece en la lista de los entre 60.000 y 70.000 sospechosos registrados en la “No Fly List”, elaborada por el “Terrorist Screening Center”, que no pueden volar dentro ni hacia fuera de EE.UU.
Es tal su radicalismo que en mayo de 2014 fue expulsado por el imán de la mezquita a la que asistía porque radicalizaba a los jóvenes, y antes ya había sido desalojado por igual motivo de otra mezquita cercana.
Amir había sido detenido en 2007 durante tres meses en Kenia a instancias del FBI, supuestamente por haberse entrenado para la guerra santa entre terroristas en Somalia. Pero no encontraron pruebas.
Ahora, y con el apoyo de la ACLU, ha demandado al FBI por instigar esa detención, por supuestas torturas, y por tratar de “comprarlo” como denunciante de yihadistas.
Los hábiles abogados de esa asociación, fundada por antirracistas judíos, hoy bajo influencia de musulmanes cercanos a la terrorista Hamas, creen que ganarán la demanda.
Después, como le nieguen el autobús o los padres rechacen que transporte a sus hijos, la ACLU presentará denuncias por racismo, segregacionismo e islamofobia que, con apoyo de las fuerzas autoproclamadas progresistas, podría encausar a padres y autoridades.
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