¿estado del bienestar o bienestar del estado?

Dicen que de la crisis económica actual tienen la culpa los mercados (así, en plural). “Dicen”, hasta tal punto, que ha llegado a ser la opinión políticamente correcta. Se entiende, pues, que hay que poner freno a ese perverso juego especulativo de la oferta y la demanda que beneficia sólo a los más poderosos y perjudica a los más débiles. Que, por tanto, el estado debe de asumir su papel y sustituir con (más) gasto público a la iniciativa privada, tan expuesta a pervertirse y generar injusticias. Evidentemente, según esto, no tenía razón Ortega y Gasset cuando advertía hace ya 80 años de “el mayor peligro que hoy amenaza la civilización: la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica”.
Pero yo me resisto a creer que los gestores de nuestro gasto público administren los recursos de manera más eficiente que los particulares. Por el contrario, creo que cuanto más se infla el estado, más crece una clase política y burocrática que aplica políticas de gasto a partir de criterios menos rigurosos (por decirlo suavemente) que los que utilizan los particulares en el suyo. El estado tiende a gastar más y peor; es más caro y menos eficiente. Y a su sombra van creciendo chiringuitos aparcados en el presupuesto público (televisiones públicas, partidos, sindicatos, CEOE, empresas públicas, embajadas autonómicas en el extranjero, clanes y grupos de presión que viven de la subvención, cargos de confianza, tarjetas VISA oficiales, coches oficiales –en España más que en todo Estados Unidos–, cámaras autonómicas, Senado, pensiones vitalicias para diputados, senadores y otros padres de la patria…) que hacen que el dinero que sale de nuestros impuestos esté administrado con mucho menos rigor que el que mueve la iniciativa privada. Y ahora mismo, además, España se ha situado a la cabeza de los países que piden un mayor esfuerzo fiscal, es decir, de la deriva de recursos hacia el gasto público, o subsidiariamente hacia el pago de la deuda pública, en detrimento de la iniciativa privada.
De aquí y de allá, he ido recopilando ejemplos de gasto, de una u otra manera público, realizado con unos criterios que ninguna empresa privada se podría permitir, y de los cuales no se puede deducir que haya alternativamente algún beneficio social proporcionado que recomiende perentoriamente ese gasto aunque no suponga una rentabilidad estrictamente económica. Gastos como los que se detallan son, en su conjunto, los que han puesto a nuestro país al borde de la bancarrota; la demostrable relajación que permite el manejo del dinero público va a suponer que varias generaciones venideras sufrirán el lastre que les dejamos en herencia. Paso a enunciar esos ejemplos a los que me refiero:
José Antonio Moral Santín, histórico diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, cobra 526.000 euros anuales de Bankia (antes había encontrado acomodo en Caja Madrid); lidera la lista de un centenar de políticos de todos los partidos, que siguen aferrados a grandes sueldos en las entidades que han recibido ayuda pública (lo cuenta el suplemento Mercados, de El Mundo). Más de 400.000 euros percibe Mercedes de la Merced, del Partido Popular, también de Bankia; lo mismo el socialista Virgilio Zapatero. En el Banco Mare Nostrum, resultado de la fusión de cajas catalanas, murcianas y andaluzas, el ex alcalde de Granada, Antonio Jara, percibe casi 300.000 euros anuales, retribución que supera la de muchos cargos públicos; por ejemplo, es superior a la retribución del presidente del Gobierno, que cobra 90.000 euros, o incluso superior a la de directivos de bancos privados, como el Santander o el BBVA. Estos políticos insertados por los poderes públicos en el sistema financiero no tienen funciones ejecutivas dentro de las entidades bancarias: no están puestos ahí porque sepan de economía o de cómo hacer funcionar mejor esas entidades. Representan a sus partidos en cuanto que grupos de presión que finalmente pretenden inclinar la política financiera a favor de unos y otros, el mismo tipo de actuaciones que han llevado a muchas cajas a la quiebra, después de financiar proyectos ruinosos cuya puesta en marcha se decidía desde organismos políticos; quiebra que después ha habido que rescatar con el dinero de todos los españoles.
El Departamento de Exteriores y Cooperación que dirigía Trinidad Jiménez como ministra de Zapatero esperó al día siguiente de las elecciones generales, con el gobierno ya en funciones, para repartir más de 63 millones de euros entre diversas ONGs. Entre las ayudas, se hallaba una destinada a la mejora de la producción agrícola mediante la resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea Bissau por valor de 293. 889 euros. Otra destinada a la promoción del crecimiento económico de los más vulnerables al cambio climático en Nicaragua por valor 298.449 euros. Otra destinada a la sensibilización de los jóvenes residentes en siete localidades españolas en la construcción de una ciudadanía global por valor de 108.676 euros. Otra destinada a la capacitación en género al personal vinculado a los medios de comunicación cubanos por valor de 262.080 euros. Otra destinada a la contribución al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de Mali por valor de 316.904 euros. Otra destinada a la red iberoamericana de Festivales de Cine lésbico, gay, bisexual y transexual por valor de cien mil euros. Otra destinada a la adaptación al cambio climático de las familias campesinas de la cuenca alta del Mapacho o Congate cuzco en Perú por valor de 80.000 euros. Otra destinada a la implementación del currículo de educación maya bilingüe intercultural por valor de 219.573 euros. Otra destinada al avance hacia la igualdad de género y de los derechos de las mujeres en Níger por valor de 13.494 euros. Otra destinada al avance de las emisoras de radio con enfoque de género en Camboya por 282.786 euros... Todo ello hasta totalizar más de 10.000 millones de las antiguas pesetas.
El Boletín Oficial del Estado Núm 284, Secc. III, Pág. 126006, del viernes 25 de Noviembre de 2011 (5 días después de las elecciones y con el gobierno también en funciones) publica la concesión de 190 subvenciones a diferentes entidades, destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Reseño, a modo de ejemplo, algunos de los proyectos de los cuales se detalla la entidad o agrupación que solicita la subvención, la denominación del proyecto y la cantidad con la que se les subvenciona:
-Fundación Largo Caballero: Testimonios en el archivo oral del sindicalismo socialista: ugetistas en el País Vasco (1948-1982), del franquismo a la transición, 28.800 euros.
-Fundación de Estudios Socialistas Federico Engels: Testimonios de la guerra civil y la revolución. Los Protagonistas, 27.600 euros.
-Comisiones Obreras Unión Regional de Cantabria: Presos con causa 1937-1978: Abrir las puertas de la historia, 29.956,67 euros.
-Fundación Pablo Iglesias: La memoria de la clandestinidad. Identificación y recuperación de la memoria de los órganos de dirección de las organizaciones socialistas a lo largo del primer franquismo (1939-1955): Segunda fase, 40.000 euros.
-Asociación Memoria y Libertad: La represión de la UGT durante el primer franquismo en la provincia de Almería., 28.200 euros.
-Associació Joan Peset i Aleixandre: IV Jornadas sobre la represión franquista en Levante. La represión franquista sobre Izquierda Republicana, 28.600 euros
-Fundación Cultural 1º de Mayo: Represión y resistencia obrera: testimonios de la militancia antifranquista en CCOO (parte II), 26.896,51 euros.
-Fundación Cultural Miguel Hernández: Los amigos exiliados de Miguel Hernández, 27.000 euros.
-Asociación Memoria Histórico Militar Ebro 1938: 2ª Fase localizar y documentar restos soldados muertos batalla del Ebro zona Fayón Mequinenza, 49.014 euros (no se subvenciona análisis genético).
-Confederación General del Trabajo: Recuperación memoria libertaria. Microbiografías libertarias, 21.150 euros.
-Universidad Complutense de Madrid: El impacto de la guerra civil española en Argentina, Chile y Perú, 28.275 euros.
-Ateneo Republicano de León: La represión en el tardofranquismo. Fuentes orales (2ª parte), 28.000 euros.
-Asociación hijos y nietos del exilio republicano: Documental sobre el exilio republicano en el norte de África, 27.200 euros.
-Fundaciò Joan XXIII: Memoria viva: Jesuitas, educación y sociedad, 29.000 euros.
-Asociación juvenil Juventudes Activas de León: Recuperación biográfica, política y periodística de Miguel Castaño y otras víctimas vinculadas, 24.030 euros.
-Fundació d'Estudis Polítics Fundació de la Comunidad Valenciana: Memorias de dos familias obreras. Compromiso con la democracia y represión franquista, 27.200 euros.
-Amics de Ravensbrück: Edición y presentación libro “Censo deportadas españolas a Ravesbrück”, 24.637,50 euros.
-Institut d'Estudis Penedesencs de Vilafranca del Penedès: La represión franquista en el Penedès (Impacto político, cultural y social), 36.000 euros.
Y por último, muestro las fotografías de diferentes edificios construidos con dinero público, con la referencia de su coste respectivo, desproporcionadamente mayor en todos los casos a la rentabilidad social que de ellos se ha extraído o podrá extraerse… especialmente si se considera que se ha manejado un dinero que no se tenía y que ha venido a aumentar una deuda pública que ya había traspasado su punto crítico: