119 de nosotros. Familiares de compañeros Detenidos-Desaparecidos,lista 119 en europa.

Conozca la historia de la colaboración de Agustín Edwards Eastman.
[object Object]
Familiares de compañeros Detenidos-Desaparecidos,lista 119 en europa.
Bélgica
4 jul 2014 — El 9 de enero del 2001 el director de Punto Final, Manuel Cabieses Donoso, solicitó al Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas que abriera un sumario para expulsar a Agustín Edwards Eastman, propietario de El Mercurio, por su responsabilidad en el golpe de Estado de 1973.
Edwards -inscrito en el Colegio de Periodistas con el número 88-, merece ser expulsado -sostiene el acusador- porque su conducta configura una grave violación del Código de Etica del Colegio. Han pasado más de dos años y el sumario contra el poderoso empresario periodístico no se ha iniciado. El convencimiento de que no hay condiciones en el ámbito gremial para investigar la conducta de Edwards, lleva al director de PF a hacer público lo que durante 28 meses se mantuvo en el marco de un procedimiento estatutario que no ha funcionado.
La acusación a Agustín Edwards, formulada en enero del 2001, señala que su responsabilidad en la conspiración que llevó al derrocamiento del presidente Allende ha quedado establecida en el Informe Church del Senado norteamericano, en los documentos desclasificados de la CIA, en las memorias del ex secretario de Estado Henry Kissinger, en testimonios de ex altos funcionarios de la Administración Nixon, y en trabajos de investigación periodística como El precio del poder de Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer en EE.UU.“Esta información -dice la acusación ante el Colegio de Periodistas- señala que Edwards abandonó Chile pocos días después de la victoria electoral del Dr. Salvador Allende, en septiembre de 1970. En EE.UU. inició gestiones en las que fue apoyado por Donald Kendall, presidente de la transnacional Pepsi Cola, quien tenía contacto directo con el gobierno republicano. Kendall y Edwards fueron recibidos por el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca el 14 de septiembre de 1970. En esa reunión participaron también el secretario de Estado Henry Kissinger y el fiscal general, John Mitchell. Agustín Edwards les hizo un análisis de la amenaza que, según él, significaba el triunfo de Allende para los intereses norteamericanos en Chile. Su exposición culminó pidiendo la intervención del gobierno de EE.UU. para impedir que Allende asumiera la presidencia de la República en noviembre de ese año, o para producir luego su derrocamiento. Nixon -según los testimonios- se mostró muy impresionado con los argumentos de Edwards y ordenó de inmediato al director de la CIA, Richard Helms, que se reuniera con Edwards y Kendall para discutir las acciones a emprender en Chile. Esa reunión se hizo al día siguiente y en la noche Nixon volvió a reunirse con Kissinger, Mitchell y Helms, a quienes ordenó actuar contra Allende, acogiendo la petición y sugerencias de Edwards”.
“Como se sabe, la conspiración financiada y asesorada por la CIA -que incluyó el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, y el cohecho de parlamentarios que votarían en el Congreso Pleno- no logró impedir que el Dr. Allende asumiera el 3 de noviembre de 1970. El gobierno de EE.UU. pasó entonces a la segunda fase del plan, promoviendo y financiando la campaña de desestabilización del gobierno constitucional de Chile. Edwards asumió una vicepresidencia en la Pepsi Cola y no regresó a Chile hasta después del golpe de Estado. Durante el período 70-73, como señalan los documentos desclasificados de la CIA, algunos partidos políticos, entidades gremiales, medios de prensa, etc., recibieron cuantiosos fondos clandestinos. El diario El Mercurio recibió más de un millón y medio de dólares por su rol en la conspiración contra la democracia chilena. Estos hechos jamás han sido desmentidos por Agustín Edwards, que no podría hacerlo por la seriedad de las fuentes. Ex funcionarios de El Mercurio, como Fernando Léniz, han admitido que el diario ‘pudo’ recibir dinero de la CIA ‘ignorando’ su procedencia”.
Más adelante la denuncia señala que existe “el deber de abrir esta investigación y sancionar a Agustín Edwards con la expulsión del Colegio de Periodistas. Nuestra institución, que sustenta claros principios democráticos, no puede admitir a alguien que ha violado en forma tan grave -y con consecuencias tan trágicas para el país- los artículos 1, 5 y 28, entre otros, del Código de Etica de los periodistas. Estoy consciente que la expulsión de Edwards del Colegio de Periodistas sería sólo una sanción moral. Su conducta antipatriótica y criminal merecería un castigo verdaderamente ejemplar. Sin embargo, el país vive todavía bajo el imperio de los poderes fácticos -el propio Edwards es uno de ellos- que provocaron la tragedia nacional que costó miles de ejecutados, detenidos desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados políticos, etc. En otras circunstancias o en países donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley, Agustín Edwards sería juzgado por traición a la patria y complicidad en los crímenes atroces cometidos por las FF.AA. y Carabineros. La misma suerte correrían otros empresarios y políticos chilenos que también fueron agentes de una potencia extranjera para pisotear la Constitución y las leyes de nuestro país. No obstante, el Colegio de Periodistas de Chile, en un gesto que sin duda reconocería el país, puede sancionar de alguna manera la vergonzosa conducta de Agustín Edwards, aplicándole el rigor de sus estatutos y Código de Etica”.
Una semana después, el 16 de enero del 2001, se entregaron al Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas diversos documentos que respaldaban la acusación. Entre otros el boletín del Senado norteamericano titulado Covert Action in Chile 1963-73, más conocido como Informe Church; la revista The Atlantic Monthly que reproduce el capítulo “Kissinger, Nixon y Chile” del libro The Price of Power de Seymour M. Hersh, de especial importancia pues registra que Agustín Edwards era “el principal contacto para la CIA y las corporaciones de negocios estadounidenses”; un ejemplar del Informe Hinchey de la Cámara de Representantes de EE.UU. que obligó a la CIA a desclasificar documentos que revelan el financiamiento que entregaba a la empresa de Edwards; el libro Frei, Allende y la mano de la CIA, compilación y traducción de informes del Senado norteamericano del periodista chileno Cristián Opaso (al que se sumaría el libro de Opaso y Armando Uribe sobre la intervención norteamericana en Chile).
El 18 de enero del 2001 se adjuntaron nuevos documentos, entre ellos algunos capítulos del libro Mis Memorias de Henry Kissinger, que se refieren a la participación de Edwards en la conspiración contra Allende, y del libro La Conjura de la periodista chilena Mónica González. Más tarde se agregó la versión de La Tercera (27 de octubre del 2002) sobre las memorias de David Rockefeller, íntimo amigo de Edwards, quien lo puso en contacto con Henry Kissinger incluso antes que Allende ganara las elecciones de 1970.
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas designó al consejero Juan Domingo Silva Reyes para establecer la pertinencia del sumario contra Edwards. El 21 de abril del 2001, ese consejero recomendó abrir la “investigación sumaria sobre la conducta del Sr. Edwards Eastman y que se constituya una comisión ad hoc que revise el comportamiento de la prensa (periodistas y medios) en el período de los años 70 y su responsabilidad en los acontecimientos (pre y post golpe de Estado)”. Sin embargo, el tiempo pasó sin que se iniciara el sumario. El 30 de septiembre del 2002 el Tribunal de Etica y Disciplina de la Región Metropolitana (Tred) comunicó al denunciante su decisión de “declararse incompetente para conocer el caso”. El 2 de octubre, el denunciante recurrió al Tribunal Nacional de Etica del Colegio de Periodistas, solicitándole que ordenara al Tribunal Metropolitano abrir el sumario ya que existían antecedentes suficientes para hacerlo. El 30 de octubre del 2002 el Tribunal Nacional adoptó la resolucion Nº 1-10-02 disponiendo “la apertura del proceso correspondiente en el caso Cabieses vs. Edwards, de acuerdo a la normativa vigente”.
Firmaron esa resolución: Lidia Baltra Montaner, presidenta; Felidor Contreras Muñoz, secretario general; y los jurados Jorge Donoso Pacheco, Guillermo Hormazábal Salgado y Guillermo Sandoval Vásquez.
Sin embargo, el Tribunal Metropolitano del Colegio de Periodistas sigue agobiado por problemas de funcionamiento que le impiden iniciar el sumario contra el dueño de la empresa El Mercurio.
Hacer pública esta denuncia constituye un último recurso a la conciencia de los ciudadanos y, en particular, de los periodistas. Que sean ellos los que juzguen a Agustín Edwards

MANUEL CABIESES DONOSO

PUNTO FINAL