El trasunto educativo vuelve a estar en el candelero mediático, y a tenor de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Extremadura no lo está tanto porque interese mejorar la calidad de la enseñanza cuanto adaptar la organización y los medios disponibles al modelo económico de recortes impuesto por el Ejecutivo. El sueño de un gran pacto educativo se hace a día de hoy una quimera aún más utópica de lo que era antes del periodo de vacas flacas. La educación no escapa del mercadeo presupuestario, por mucho que el señor Rajoy intente hacernos creer lo contrario. Se juega y se seguirá jugando con la educación, la sanidad y la vivienda. No lo dude, amigo lector, no lo dude.Pongamos sobre la mesa dos casos actuales de cómo el contexto económico determinada de manera drástica las políticas educativas. El primero: el Gobierno de Extremadura tiene previsto sustituir el plan PEREX (Programa Especial de Refuerzo de Extremadura) por el llamado Plan de Refuerzo en julio. El PEREX se realizaba a partir de mayo, de forma voluntaria y por la tarde. Este nuevo plan también prevé en un principio realizarse de manera voluntaria. La realización de la prueba extraordinaria de ESO en septiembre -en cristiano, una recuperación después de verano- obligará a los alumnos a estudiar durante el periodo estival, por lo que se articulará un periodo de estudio (refuerzo) dentro del centro educativo a fin de mejorar las competencias del alumno. En principio, parece de sentido común que se ofrezca este servicio público a los alumnos con asignaturas pendientes. La duda está en el cómo, en la organización interna de este plan. Al ser voluntario, no se asegura que los profesores que imparten áreas pendientes se comprometan a reforzarlas en julio. Esto obligará a que otros profesores (afines o no) se ofrezcan como profesores particulares, aunque no conozcan a los alumnos o no les den clases. Con lo cual no se asegura que el refuerzo sea realmente orgánico, una continuación natural del proceso educativo del alumno. Además de esto, no se asegura que exista una comunicación eficaz entre el profesor que imparte la asignatura durante el curso y el profesor de verano. Por lo tanto, este plan de de refuerzo pueden convertirse en poco más que unas clases particulares, ajenas al proceso de aprendizaje de los alumnos. A esto se añade un factor económico. El profesor particular se gana un dinero extra, es cierto. Pero con ello se rompe poco a poco con la articulación del plan de atención a la diversidad que debe vertebrar todo el proceso educativo. El temor que subyace a este tipo de decisiones es que se intuye la cocción a fuego lento de un plan de adelgazamiento de los recursos humanos y técnicos que hasta ahora aseguraban durante el curso que el alumno fuera atendido con garantías de atención individualizada a su propio proceso de aprendizaje. La inclusión de un plan de refuerzo estival puede ser una excusa para ir eliminando recursos y capital humano.Esta duda se hace patente a través de otra medida educativa aún más lesiva y determinante. Hasta ahora, si un profesor se daba de baja, otro cubría su ausencia, retomando la marcha del aula y asegurando así el funcionamiento normalizado del curso. Pues bien, el Gobierno de Extremadura, auspiciado por el talante recortador de su partenaire en Madrid, va a aplicar la filosofía del ahorro al ámbito educativo. ¿Cómo lo hará? Ahorrándose la contratación de interinos. ¿A costa de qué? De lesionar gravemente la calidad de la enseñanza y endurecer las condiciones laborales del profesorado. El profesor deberá añadir a su horario lectivo dos horas más de dedicación. Cuando un profesor solicite una baja de larga duración o una plaza quede libre por jubilación, el Gobierno de Extremadura ya no contratará a otro profesor que cubra esta ausencia; los profesores del centro deberán asumir la carga lectiva que queda descubierta. De esta forma, el señor Monago se ahorra los sueldos de los interinos, cargando sobre el centro las responsabilidades asociadas a esas plazas. Esta decisión es exclusivamente económica; no cuenta con las condiciones laborales del profesorado ni con la disminución de la calidad de la enseñanza que una medida de esta naturaleza lleva aparejada. Se aplica la misma lógica que caracteriza a una empresa; menos profesores, más trabajo. Puro y duro ahorro de costes, solo que sin posibilidad de asegurar iguales beneficios educativos.Cuando un interino cubría una plaza, los padres tenían asegurados que su hijo no se vería afectado por este cambio. Con esta nueva política de ahorro de interinos, Monago deja abierta la veda a que el reparto de carga lectiva no se determine por factores educativos y sí por necesidades organizativas de centro. Los padres no tienen asegurado que sus hijos son atendidos por profesores especialistas del área, coordinados eficazmente en reuniones de Departamento y de Orientación. Los padres no tendrán seguridad de que el centro adopte con garantías medidas de atención a su hijo cuando éste tenga dificultades de aprendizaje. A lo más que podrá acceder es a un plan de refuerzo estival deshilvanado y chapucero. El profesor, por supuesto, deberá atenerse a esta reestructuración de carga lectiva, ofreciendo a los padres peor producto al mismo precio.Podemos admitir que la falta de dinero público nos obligue a ser creativos y adoptar medidas que intenten obtener iguales resultados con menor presupuesto, pero no es admisible vender al ciudadano calidad de enseñanza con un plan de reforma educativa que esté exclusivamente centrado en el ahorro, sin pensar cómo no lesionar la calidad de los servicios que la escuela pública ha conseguido con tanto esfuerzo.Ramón Besonías Román