Este 2017 que se acaba lo empezamos hablando de la reunión del Foro de Davos, que oficializó el rol de la desigualdad como consecuencia y embrión de las crisis pasadas y futuras y combustible para la explotación de recursos que favorece el cambio climático.
El Acuerdo de París y los primeros pasos de la Agenda 2030 han marcado efemérides que ahora terminan, como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que se presentó como una oportunidad para que este sector pudiera contribuir a la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la protección del patrimonio natural y cultural, pero también a la extensión del trabajo decente y a la igualdad de género.
La distancia entre ricos y pobres es la mayor de todos los tiempos, de modo que la solución, según el economista Fernando Luengo, no es otra el avanzar hacia la economía colaborativa, de forma que “pueda desposeeerse de parte de su riqueza a parte de la población.
Pero ante lo prioritario, lo urgente. Los 535 millones de niños y niñas, 1 de cada 4 en el mundo, que viven en países afectados por situaciones de emergencia, como conflictos y desastres naturales, que pueden amenazar sus vidas y su futuro, tal como puso de relieve el informe Acción Humanitaria para la Infancia 2017, hecho público por UNICEF tambien en febrero.
Los niños y las niñas nunca inician las guerras y, sin embargo, son quienes se encuentran más expuestos a sus consecuencias, de las cuales, la falta de acceso al derecho a la educación en situaciones de conflicto puede ser una de las que tiene consecuencias más prolongadas en el tiempo, como ha puesto de relieve las crisis humanitarias en Siria e Iraq y hemos abordado de forma reiterada en el blog.
Salir de la escuela antes de tiempo continúa siendo una de las causas de repetición de la pobreza y el trabajo infantil. Lo hemos abordado a partir de colectivos como los los pueblos indígenas. En la región de América Latina y el Caribe, por término medio, el 85% de los niños indígenas asisten a la escuela secundaria, pero solo el 40% completa ese nivel educativo.
Y son las disparidades de género en el acceso de las niñas a la educación el origen y la consecuencia de muchas de las exclusiones que sigue sufriendo más de la mitad de la humanidad. Si a ello sumamos la perpetuación de los roles patriarcales se explican realidades como que, en distritos como Murshidabad, en el norte de la India, cerca de un 69% de las niñas se casan durante su adolescencia, y la mayoría antes de los 16 años.
La mayoría de estos niños y niñas que quedan fuera del sistema escolar provienen de familias cuyos progenitores tampoco fueron a la escuela, y empoderar a los adultos con la educación, particularmente a las mujeres, es devolverles derechos a ellas pero también fortalecer los de sus hijos y los de todas las comunidades en las que viven. La educación de adultos es clave para luchar contra el trabajo infantil, como hemos visto en Costa de Marfil, donde cerca del 60% de las mujeres adultas no saben leer ni escribir.
Volvimos a recordar los conflictos olvidados que solo saltan a la luz pública cuando se multiplica el número de sus víctimas, como sucedió en el caso de las proporciones de la epidemia de cólera que se está viviendo en Yemen. Y también recordamos cómo los conflictos no terminan hasta que no se resuelven las injusticias que los provocan, como en el caso de Colombia, un país que quiere caminar hacia la paz pero en el han sido asesinadas 105 defensores de los derechos humanos este 2017, según denunció Naciones Unidas la semana pasada.
Muchos de los defensores de los derechos humanos viven en comunidades indígenas. En este 2017 recordamos el décimo aniversario de la aprobación, por parte de las Naciones Unidas, de la Declaración de los Pueblos Indígenas. Y es su lucha por sus territorios y sus recursos la que les ha hecho más visibles, pero no ha mejorado, todavía, la situación de exclusión secular en la que viven en sus territorios. Son cerca de 370 millones de personas, en 70 países, el 5 % de la población mundial, pero sufren la pobreza de una forma desproporcionada.
Este 2017 ha sido, finalmente, el año en el que España incumplió su compromiso de acogida con las personas refugiadas, junto con el resto de países de la Unión Europea. Era un compromiso de mínimos 17.337 personas, pero el Gobierno ha sido incapaz de cumplirlo. En diciembre de 2016 les vimos congelados en campos de acogida y este 2017 hemos vuelto a ver las mismas escenas. ¿Será 2018 el año en el que los Estados empezarán a respetar el derecho al refugio y a entender que es parte de nuestros mismos derechos?.
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Imagen: Niños sirios refugiados en el asentamiento informal de Madaba, en Jordania (Global Humanitaria)