Por Larissa Ramina
Fuentes: NODAL [Imagen: Manifestantes bolsonaristas reclaman la intervención del Ejército ante el cuartel general en Brasilia en noviembre de 2022. Créditos: Sergio Lima/AFP, tomado de NODAL]
El golpe de Estado de 1964 inició la dictadura militar en Brasil que duró hasta 1985. La destitución del presidente João Goulart el 31 de marzo puso fin a la Cuarta República desde su proclamación, el 15 de noviembre de 1889.
Casi 60 años después, el 8 de enero de 2023 se produjo un intento de golpe de Estado en Brasil liderado por el ex militar y ex presidente Jair Bolsonaro. Lula había asumido el poder hacía unos días, cuando la “Praça dos Três Poderes” fue invadida. Ha sido el episodio más grave en el largo proceso de colapso institucional que sufre Brasil desde el gran fraude jurídico y político de 2016, el impeachment de Dilma Rousseff.
El camino hacia la construcción del golpe del 8 de enero empezó con el apoyo de las Fuerzas Armadas al golpe jurídico-parlamentario contra Dilma en 2016, el ascenso de su vicepresidente Michel Temer y luego con su apoyo a la elección de Bolsonaro en 2018. ¿Y qué hizo posible ese nuevo intento de golpe de Estado? La impunidad. Ha sido la impunidad lo que hizo posible que los militares regresaran a la política y apoyaran el golpe contra Dilma.
El 31 de marzo de 1964, una ruptura promovida por los militares inauguraría un período de 20 años de un régimen autoritario que censuró la prensa y persiguió, torturó y asesinó a opositores políticos. Sesenta años después, Brasil todavía no saldó cuentas con el pasado.
El gobierno de extrema derecha de Bolsonaro abrió el camino para el regreso de los militares a la política, que no se resolvió en la transición democrática y la Asamblea Constituyente de 1988. Luego de su elección a la presidencia de la república, muchos generales pasaron al gobierno y miles de oficiales retirados y en actividad accedieron a cargos públicos, revelando el evidente carácter militar del Gobierno. El deseo de volver a la política quedó preservado en las Fuerzas Armadas como consecuencia natural de la impunidad, es decir, de la falta de juicio y rendición de cuentas por el golpe de 1964; y por los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en nombre del Estado durante la dictadura que comandaron.
Ha sido esta impunidad la que hizo posible el golpe jurídico-parlamentario que depuso a Dilma y la detención ilegal de Lula, el candidato favorito en las elecciones de 2018. Ha sido la guerra judicial contra Lula el factor que hizo posible la victoria de la extrema derecha.
¿Y de qué manera? Por medio de la ahora completamente desmoralizada Operación Lava Jato, que se suponía era la “operación más grande contra la corrupción en el mundo” y se convirtió en el “mayor escándalo judicial en el planeta”. Esta Operación, cuyo inicio completa ahora 10 años, no ha sido más que una estrategia exitosa de Estados Unidos para socavar la autonomía geopolítica brasileña, su soberanía económica, y poner fin a la amenaza que representa el crecimiento de empresas que pondrían en riesgo sus propios intereses. En otras palabras, el ascenso de la extrema derecha y de los militares al poder se basó en la intervención extranjera de la Casa Blanca, a través de la cooptación de agentes del sistema de justicia brasileño. Esto ha sido posible porque el sistema judicial no se reformó adecuadamente, permitiendo a jueces y fiscales actuar como agentes extranjeros, pero principalmente porque los militares quedaron impunes por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1964.
Ha sido por la impunidad que las Fuerzas Armadas retomaron su intervención criminal, con el objetivo de controlar los destinos de Brasil apoyando a la candidatura de Bolsonaro, a pesar de que había sido expulsado de la organización.
La historia del 8 de enero no puede registrarse sin responsabilizar a las Fuerzas Armadas, que apoyaron abiertamente el golpe. El intento de golpe sólo ha sido sepultado, entre otras razones, por la reacción inmediata del gobierno del Presidente Lula, del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), y de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, que han encontrado fuerte apoyo de la sociedad civil, parte de las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional.
Es fácil verificar que una de las maneras de abrir las puertas para un nuevo golpe y comprometer las conquistas democráticas en un contexto neoconservador es principalmente gracias a la impunidad de las Fuerzas Armadas. ¿Entonces, cuáles serían los antídotos para esa situación? Por cierto, entre esos antídotos está el fin de la amnistía para los crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Además, la debida rendición de cuentas de los delincuentes. El peligro de nuevos golpes de Estado en Brasil todavía está latente.
Larissa Ramina es profesora de derecho internacional de la Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doctora en derecho internacional por la Universidade de São Paulo (USP). Pos-doctorado por la Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia. Miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD).