La elección presidencial en Venezuela va a decidir el futuro del continente
El próximo domingo 7 de octubre – ó 7-O, como lo llama los venezolanos – va a ser un día histórico para toda Latinoamérica, no apenas para ésa gente, pues está en sus manos decidir el futuro del continente: habrá la elección presidencial. A la izquierda está el mandatario Hugo Chávez, quien busca la segunda reelección. Y a la derecha – formada por una oposición unida –, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. El pueblo va a elegir si quiere el actual escenario político y social que está en vigor desde el 1999, marcado por frenar la prensa, o si quiere de vuelta su libertad, respectivamente.
Si los venezolanos optan a Chávez, cuyo modelo político hace escuela en la región, entonces toda Latinoamérica pagará las consecuencias al menos hasta el 2019. Si él está fuera del juego, varios de sus homólogos simpatizantes perderán sus cimientos. Dicho líder no es una amenaza a la seguridad, pero lo es para la tranquilidad de todo un continente que insta por la libertad de prensa y de expresión. Especialmente cuando él presuntamente hace un chantaje emocional prometiendo una “guerra civil” si pierde en las urnas. Si esto de hecho lo sucede, entonces se está delante de un adversario de los venezolanos, que no sabe respetar la voluntad de la mayoría. Ni su presunta enfermedad ha sido capaz de frenarlo a continuar en el cargo.
Un resumen de la actual Venezuela
Desde que el gobierno aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), en 2004, ha apuntado esa “arma” en contra de los medios críticos y de oposición a su gestión. Por ejemplo, al no renovar la licencia del canal de TV “RCTV”, cerrada en mayo de 2007. Además de la constante persecución a “Globovisión”, que continúa resistiendo de pie, pese a todos los problemas que ha enfrentado a lo largo de los últimos años. Tras manifestarse públicamente en defensa a la propiedad privada en una publicidad, el julio de 2009, fue demandada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) – junto a “Meridiano TV”, “Televen” y otras emisoras – por presunta apología a la guerra, promocionar la inseguridad y causar daños al orden público al confundir el pueblo. En aquella época, el presidente Chávez estaba nacionalizando empresas y propiedades ajenas.
Tras la difusión de un reportaje de “Globovisión” que mostraba un supuesto desperdicio de alimentos y medicinas por parte del gobierno con validez vencidas y en malo estado de conservación, el junio de 2010, la Fiscalía ha ordenado el arresto de los accionistas del canal, Guillermo Zuloaga y Guillermo Zuloaga Siso, por presunto los crímenes de acaparamiento de vehículos y usura genérica, que han sido negados por los empresarios. Ellos son considerados forajidos de la Justicia y han requerido asilo en EEUU, alegando que serían perseguidos políticos. Vale la pena recordar que, el junio de 2009, la jueza Alicia Torres Rivero, quien cuidaba a su caso, ha sido destituida del cargo por haberse negado a aplicar sanciones a Guillermo Zuloaga, como prohibirle de salir del país y obligarlo a presentarse cada siete u ocho días semanales en el Ministerio Público.
También el junio de 2010 fue la vez de otro accionista de “Globovisión”, Nelson Mezerhane, sufrir en las manos del Estado: su Banco Federal ha sido intervenido porque presuntamente tenía baja liquidez y sus bienes fueron bloqueados. El hecho coincidió con los problemas diplomáticos que Caracas tenía con Bogotá, que según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las autoridades venezolanas estarían aprovechándose de la situación para causar distracción política y retener las acciones de la emisora.
De entre tantos episodios entre el gobierno y “Globovisión”, el más reciente, ocurrido el junio de este 2012, fue la multa de dos millones de dólares que ésta fue obligada a pagar bajo la acusación de “apología al delito” y “zozobra a la ciudadanía”. Porque exhibió los motines en la Penitencia de Rodeo I y II, en la capital Caracas, que han resultado en 30 óbitos, según Reporteros Sin Fronteras.
El julio de 2009, por ejemplo, al menos 34 emisoras de radio han sido cerradas, siendo algunas de ellas porque no renovaron sus licencias, y otras debido a la muerte de sus propietarios. Se sabe que en aquella época unas 240 emisoras estarían en la lista negra de las autoridades, lo informó “Globovisión”.
El enero de 2010, “RCTV” sufrió otro golpe y se quedó de manos atadas: la Conatel ha determinado que las cable operadoras no exhibieran más las programaciones del canal internacional de dicha emisora. Pues de acuerdo con la Ley Resorte, los medios que producen el 70 por ciento de programación nacional son considerados nacionales, y por lo tanto, “RCTV” y en esa condición no podría actuar en territorio venezolano, ya que no tenía más su licencia. El canal criticó la decisión del gobierno y dijo que no le fue concedido el derecho a explicarse en la Justicia.
Sin embargo, la censura del gobierno se extendió también a otros medios, como el portal “Noticiero Digital”, acusado el julio de 2009 por el mandatario – desde su programa dominical “Aló, Presidente” – de haber presuntamente incitado al golpe de estado y violentar el orden constitucional. Dicho periódico publicó un reportaje en el que los militares de alto rango presuntamente trabajaban para una transición cívico-militar hasta el 2011. A causa de eso, Hugo Chávez había instado al Ministerio Público que se investigara dicho sitio web, según Reporteros Sin Fronteras.
Ya el agosto de 2010, un tribunal había prohibido a los periódicos de que publicaran fotos, noticias y publicidades con escenas de violencia por 30 días, con disculpa a la ley de protección a los niños y adolescentes. En esa época el país estaba en su periodo electoral para el legislativo. Inicialmente, la medida sólo valía para el diario “El Nacional”, pero luego afectó a los demás.
El enero de 2011, fue la vez de “Televen”, que tuvo censurada dos de sus programaciones: primero, la telenovela colombiana “Chepe Fortuna”, en la que bromeaban el jefe de Estado, a causa de un personaje llamado “Venezuela”, una secretaria charlatana que tenía un perro llamado “Huguito”; segundo, el programa “12 Corazones”, que según la entidad de comunicaciones, exhibían “obscenidades, simplificando la relación amorosa a mera genitalidad, exponiendo a mujeres y hombres como mercancías, donde las personas se besaban apasionadamente sin tener ningún vínculo afectivo”.
En este septiembre de 2012, el gobierno venezolano ha denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al decir que ésta presuntamente actuaría con EEUU para atacar a su país. La insatisfacción se debió al fallo de la Corte IDH, en Costa Rica, que ha responsabilizado al Estado por el “trato inhumano” en contra de Raúl Díaz Peña, que estuvo apresado por seis años en Venezuela por la acusación que presuntamente participó de los ataques a bomba a las oficinas diplomáticas de España y Colombia en 2003. El periodo de transición es de 12 meses para que el país deje a dicho organismo. Para la Amnistía Internacional, la denuncia de Caracas es una afronta a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La escuela de Chávez
Argentina
En la Argentina, por ejemplo, Hugo Chávez ha inspirado su par Cristina Fernández a lograr en el Congreso la aprobación de la Ley de Audiovisual – 26.522 – el octubre de 2009. El pasado 22 de septiembre, el gobierno – desde su Autoridad Fiscal de Servicios de Comunicación (AFSCA) – ha lanzado ataques (video 1) en contra del diario local “Clarín” durante los partidos de fútbol del canal estatal, acusándolo de presuntamente no respetar los Tres Poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo). En la publicidad gubernamental se ha marcado el 7 de diciembre – ó 7D – para la que el artículo 161 dicha ley entre en vigor, éste que fue impugnado – además del 45 – en la Justicia por el grupo periodístico que los considera inconstitucionales. El conglomerado mediático de la familia Herrera de Noble tiene 240 canales por cable, nueve radios AM, una radio FM y cuatro emisoras de TV abiertas. Con el artículo 161, “Clarín” sólo podría tener en total 24 licencias de canales por cable y 10 de abiertas (TV y/o radios), y tendría que desfacerse de varias de sus empresas o entonces devolverlas. Dicho medio también tiene el 49 por ciento de las acciones de la empresa “Papel Prensa”, la única fabricante de papel para periódicos. Ya el gobierno, el 29 por ciento, y el diario “La Nación”, el 22 por ciento. Las autoridades han definido el 7D como el D de “diciembre”, de “diversidad” y de “democracia”.
Video: Afsca / Reproducción: You Tube
Sin embargo, el grupo contraatacó con otra película (video 2), diciendo que el 7 de diciembre no le sucederá nada en su contra, porque es cuando se inicia el plazo de un año para la adecuación al artículo 161, que puede ser prorrogado. Clarín busca ganar tiempo en la justicia para invalidar la ley. “¿Qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el estado de derecho en la Argentina?”, finalizó.
Video: Clarín / Reproducción: You Tube
La intención de la Casa Rosa en transformar en demonios los enemigos de su ideología – aprovechándose de su propia prensa –, al atacar a Clarín, no es muy distinta de la del Palacio de Miraflores en contra a dichos canales. Además de que eso no es una postura seria de un gobierno que quiere ser respetado.
El pasado abril, el gobierno ha nacionalizado la petrolífera YPF, que pertenecía al grupo español Repsol, y se justificó diciendo que las inversiones de la empresa han sido bajas.
Ecuador
Ya en Ecuador, los directivos del diario “El Comercio” han recibido una advertencia del presidente Rafael Correa de que él podría iniciar un proceso judicial en su contra por divulgar “una falsedad”. Dicho periódico publicó el pasado 26 de agosto que su primo Pedro Delgado, que es presidente del Banco Central, estaría siendo investigado por presuntas irregularidades a un préstamo en ésa institución financiera. Ya la periodista del canal “Teleamazonas”, Janet Hinostroza, tuvo que retirarse temporalmente de su función tras las amenazas de muertes recibidas por denunciar presuntas irregularidades en el Banco el 19 de septiembre último, de acuerdo con la SIP.
El julio de 2011, cuatro ejecutivos del diario ecuatoriano “El Universo” han sido sentenciados a cuatro años de cárcel y a un pago de 30 millones de dólares por el crimen de difamación, porque el febrero del mismo año el periodista Emilio Palacio se refirió al jefe de Estado – sin mencionar su nombre – como un “dictador” en un artículo, debido al presunto golpe de estado el septiembre de 2010, en el cual el mandatario se abrió la camisa y gritó a los militares que lo matara, mientras estaba en un hospital. Palacio ha criticado a Rafael Correa, al decir que él puso en riesgo la vida de los pacientes. Después de las críticas internacionales, el gobierno les perdonó a los reos de su acusación. Actualmente, Emilio Palacio está asilado en Estados Unidos.
El diciembre de 2009, las autoridades han suspendido las transmisiones de “Teleamazonas” por 72 horas, debido a un reportaje que informaba que la exploración de gas en la Isla Puná por la petrolífera venezolana PDVSA preocupaba a los habitantes que dependían de la actividad pesquera. La Superintendencia de Telecomunicaciones acusó a ésa emisora de haber presuntamente violado la Constitución y la Ley de Radiodifusión y Televisión, por divulgar informaciones falsas basadas en suposiciones.
En Bolivia
Ya en la Bolivia de Evo Morales, la Agencia de “Noticia Fides” y los periódicos “El Diario” y “Página Siete” son acusados por el gobierno por un presunto delito de incitación al racismo, debido a unas declaraciones en las que ha dado el 15 de agosto pasado: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo: solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimentos, mientras en el altiplano es diferente; si hay heladas y no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimentos, es una verdad esto, pero en el oriente no, solo por flojos podemos hambrear”.
El mayo pasado, el gobierno de Evo Morales ha nacionalizado la Red Eléctrica de España (REE), una empresa de energía.
En 2006, nacionalizó sus reservas de petroleo y gas, expropiando la petrolífera brasileña Petrobras. El hecho ha generado un malestar en los dos países. Recientemente, los medios han publicado una información del portal Wikileaks, que dijo que el mandatario presuntamente habría sido inducido por su homólogo venezolano.
El apoyo político a Chávez
En Brasil, por ejemplo, algunos partidos políticos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores (PT) – el del expresidente Lula da Silva –, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), además de otros y de sindicatos laborales, han iniciado la campaña “Brasil con Chávez”, en apoyo a su reelección. Esos grupos tienen promocionado fiestas y manifestaciones públicas en el intento de exhibirlo como un ser querido en el continente.