Las mujeres en la Argentina engrosan la lista de personas a las cuales el Indec considera trabajadores plenos, por haber declarado en el censo que una vez por semana hacían alguna changa. También por la lista de mujeres que son empleadas por empresas truchas, “cooperativas”, las que están avaladas por el Estado, sin cobertura social ni aportes jubilatorios. Las mujeres pobres engrosan la lista de la venta ambulante, la mano de obra en negro en el comercio, la industria de la indumentaria, el trabajo doméstico o el trabajo en negro en el campo.
El Ministerio de Trabajo ha permitido que las patronales que “la levantan en pala” abusen de la necesidad de la mujer de sostener un hogar, para obligarlas a trabajar en negro y de forma plenamente precarizada. Las mujeres son mayoría entre los planes sociales “Argentina Trabaja”, presas de la acción punteril: realizan tareas de trabajadores municipales sin el amparo de ningún convenio, sin cobertura gremial y con ingresos que están por debajo del salario “mínimo, vital y móvil”. También en las oficinas del ministro Tomada se han destruido las conquistas sociales de las mujeres bajo convenio: se eliminaron de éstos el día femenino o la obligación patronal de instalar jardines maternales.
El modelo de las líneas asistenciales hace agua, ya que los subsidios creados para madres embarazadas o para pagos de asignaciones familiares han sido devorados por la inflación.
Violencia
En medio de la presión para el tratamiento de la Ley de Aborto Legal en el Congreso y luego de una masiva marcha que lo reclamó el 1º de noviembre, el gobierno anunció, días después, la creación de un Registro Unico de Violencia contra la Mujer, que debía ser puesto en marcha el 1º de enero de este año. Si llega a algo, no pasará de ser un Indec de la Mujer, el cual tenderá a ocultar la realidad social de las mujeres pobres, creado para competir con las cifras de ONG que muestran el panorama adverso que hoy impera.
A las mujeres que desaparecen, el Ministerio de Justicia de Alak las llama “extraviadas” -algo que no debiera llamar la atención, ya que fue un funcionario que ha apoyado la dictadura y que combatió a los organismos de derechos humanos en su lucha posterior como funcionario y como intendente de La Plata. En todos estos años -incluso luego de aprobada la ley de Trata de Personas- ni una sola red de trata ha sido desmantelada, ni un funcionario político o policial ha sido desplazado y el sistema prostibular en la Argentina está intacto. El fallo absolutorio para los 13 imputados en la causa por la desaparición de María de los Angeles “Marita” Verón es el corolario de una espantosa complicidad política de parte del gobierno de Alperovich con el delito organizado en la provincia.
Las cifras -no oficiales- de mujeres asesinadas por sus parejas o por sus ex parejas ha ido en aumento, sin que desde el Estado se tomara una sola medida efectiva, ya que el refuerzo del código penal es una burla sin ningún efecto cierto sobre la disminución de este flagelo.
En las provincias gobernadas por la oposición devaluacionista, el panorama es similar. En la Ciudad de Buenos Aires (Caba) hay una sola casa refugio para mujeres violentadas, la cual no contiene ni el 1% de esta problemática; los empleados que deben atender los CIM están totalmente precarizados y sin recursos. Todo es el arte de hacer como que hacemos e, incluso, ni eso. En Santa Fe, el sistema de Salud está en manos de elementos clericales que -como en la Caba y en el resto del país- bloquean las prácticas de abortos no punibles o el acceso a otras prácticas para mujeres y niñas.
El kirchnerismo y su oposición patronal -el FAP, el macrismo o las fracciones del peronismo- buscan profundizar los mecanismos de disciplinamiento social sobre las mujeres: que no reclamen, que no levanten cabeza y de ningún modo liberarlas de sus cadenas.
La salida de las mujeres es por izquierda. Es la organización independiente del Estado y de los sectores patronales, que levanta un programa para las mujeres -que no quede supeditado a las agendas derechistas de conciliación con el poder clerical y patronal- lo que nos permitirá recorrer el camino firme por nuestras reivindicaciones: trabajo en blanco; aborto legal, seguro y gratuito; derecho a los tratamientos de fertilización asistida, jardines maternales, acceso a una vivienda propia, salud gratuita y de calidad, y educación. El 8 de marzo, organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles convocamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. En el resto del país, movilizaciones y radios abiertas se realizarán por estas reivindicaciones.
Vanina Biasi