Luis Britto García
El primer boletín del Consejo Nacional Electoral que registra 8.089.320 votantes, 41,53% del padrón electoral, a despecho de las amenazas imperiales y de una ofensiva terrorista con saldo de dos centenares de mesas electorales acosadas, prueba la vigencia de un proyecto político.
Con esta victoria el bolivarianismo confirma una vez más que no es un simple movimiento clientelar. Cuando el petróleo se hundía a ocho dólares el barril y no habían arrancado las Misiones, los bolivarianos eligieron con mayorías abrumadoras y luego salvaron del golpe de Estado de 2002 y del sabotaje petrolero a Hugo Chávez Frías.
Ahora que el propio Comandante está ausente y todos los poderes de los Imperios se confabulan contra nosotros, todavía el bolivarianismo decide el destino de Venezuela e inspira al continente. Una vez más la torpeza de la oposición al abstenerse en un proceso electoral entrega a los sectores progresistas un poder casi absoluto para crear normas. No podemos dejar pasar de nuevo la oportunidad sin ejercerlo: estamos en medio de un cerco imperial externo e interno: no podemos cometer más errores por acción ni omisión.
Hasta ahora los golpes más demoledores contra el bolivarianismo han venido de quienes decían militar en sus filas: un alcalde de Caracas elegido con votos chavistas ejecutó el golpe del 11 de abril; un politiquero a quien se entregó la selección de la fracción parlamentaria de la época salió esa tarde a subastarla al mejor postor; el número de los tránsfugas, como el de los demonios, es legión.
Para sobrevivir, debemos purgar la Constitución de las normas neoliberales que los opositores infiltraron en el texto de 1999: otorgamiento a la inversión extranjera de iguales condiciones que al capital nacional; supuesta primacía de los tratados de Derechos Humanos sobre la misma Constitución; posible sujeción de las controversias sobre contratos de interés público a jueces, cortes o árbitros extranjeros; obstáculos insalvables para la expropiación; autarquía de los poderes que hace insalvables sus divergencias; federalización extrema que permite a gobernadores y alcaldes actuar sin coordinación con la República y comandar ejércitos propios; convocatoria de revocatorios con apenas el 20% de la cifra de sufragios que eligieron al funcionario; disolución de la nacionalidad; posibilidad de secesiones con pueblos, autoridades y territorios propios.
También debemos preservar y perfeccionar las conquistas de la Carta Magna de 1999: propiedad de la República sobre la industria de los hidrocarburos; gratuidad de todos los niveles de la educación pública; reconocimiento de las prestaciones laborales para los trabajadores, irreversibilidad de las conquistas sociales; derecho a la información veraz y oportuna; democracia participativa y protagónica, entre muchísimas otras. Desde 1999 hasta hoy surgen nuevas realidades que necesitan marco institucional claro e inserción armónica con el orden jurídico vigente: misiones, comunas, fundos zamoranos, movimientos sociales, reserva, medios libres, comunitarios y alternativos; todas las instituciones de hoy que despejan el camino hacia un mañana que ha sido proclamado como socialista.
La Constituyente no neutralizará por si misma la ofensiva de una guerra de cuarta generación, que es también económica, social, cultural, diplomática, sicológica, mediática y paramilitar; pero define y consolida el bloque que debe librarla y posibilita crear las normas que permitan a Venezuela ejercer el derecho de defenderse y el deber de vencer en ella.
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