El número de procesados por delitos de corrupción registrados en España en el tercer trimestre del año pasado asciende a 99, casi un centenar de personas para las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en tan solo tres meses. Los procedimientos judiciales afectan a funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y abarca tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Los delitos de corrupción son los relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, la prevaricación de funcionarios públicos, la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de sus funciones y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Según estos datos, del 1 de julio al 30 de septiembre pasados, los jueces dictaron 21 sentencias en casos de corrupción, de los que 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9 % del total. Además, en este periodo hubo 69 condenados por sentencia firme, siendo los de mayor frecuencia los de prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística, es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico. En el mismo período, los jueces finalizaron hasta 20 procedimientos judiciales.
El CGPJ señala que a 1 de enero de este año había en España 74 penados, 40 de ellos por malversación como delito principal, otros 21 por cohecho y 13 preventivos.