El derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer sus valores personales callando a otros.
En esos comentarios o situaciones en que unos ven censura otros pueden sentir excesos y hasta ofensas. Los límites de la libertad de expresión están en debate en España. El retroceso de esta libertad ha sido evidente en los últimos años. Esto pone en riesgo los límites de la tolerancia, y su acicate es el endurecimiento del Código Penal.
El artículo 578 del Código Penal llegó a finales de 2000 y quince años después se modificó para incluir delitos cometidos a través de las redes sociales y endurecer así las penas.
Este artículo ha servido para sentar en el banquillo de los acusados a Cassandra Vera, condenada en 2017 a un año de prisión por escribir en Twitter mensajes con chistes sobre el asesinato del almirante Carrero Blanco. Antes, dos titiriteros acusados de enaltecimiento, fueron absueltos, al igual que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, juzgado por humillación a las víctimas. El supuesto delito de los cómicos fue mostrar en un espectáculo una pancarta en la que se leía “Gora Alka ETA”. El edil había reproducido en Twitter chistes de dudoso gusto sobre víctimas como Irene Villa, quien declaró no sentirse ofendida.
Un rapero fue condenado a tres años y medio de cárcel por la letra de sus canciones, una jueza ordenó el secuestro cautelar de un libro sobre el narcotráfico gallego y de la feria ARCO se retiró una serie de 24 fotografías titulada “Presos políticos en la España contemporánea”.
Para muchos, la libertad de expresión ampara cualquier juicio, valor o idea, ya que en una sociedad democrática no se comprende que haya condenas por este motivo. Para otros, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites, por ejemplo la dignidad humana. Lo que sí está claro es que, cuando se humilla hasta límites extremos e intolerables, se traspasan las fronteras de lo permisible. No obstante, la libertad de expresión debe prevalecer sobre otros bienes jurídicos, algo que no está ocurriendo en la actualidad. Vivimos una época de regresión de las libertades.
n 2017, el drag queen Sethlas fue denunciado por la Asociación de Abogados Cristianos por una actuación en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde se vistió de Virgen. Hay que aprender a distinguir lo que es mal gusto de lo que es delito. El problema, a la vista está, no es legal, sino más bien de educación, las redes sociales nos han mostrado que estamos muy por debajo del nivel normal de tolerancia y sufrimos de ofensa con hábito demasiado continuado.
Como en casi todo, pasamos por un momento de incertidumbre en el que no hay posicionamientos ante los derechos fundamentales. Los políticos se acobardan y no quieren descubrir sus preceptos ideológicos, intentan jugar, por el contrario, a ver qué le parece a la opinión pública lo que hacen.
Al rapero gallego Volk Gz, le denunciaron hace unos años por un delito de amenazas en una canción: «a todo cerdo le llega su San Martín», decía, y añadía «no toleramos a esos bastardos, que entiendan que ya estamos hartos, hartos de tanta hipocresía». Y ahora lo surrealista de este caso, Pedían para él dos años y cinco meses de prisión, al final, se le condenó a 120 euros de multa. En ese momento el rapero tenía 18 años, era un crío, pero lo peor es que el vídeo con la canción, que sólo habían visto cien personas en YouTube, fue censurado.
España va a notar los efectos de esta situación de manera muy negativa. Muchos ciudadanos van a dejar de expresar sus opiniones por miedo y eso no es bueno para el país. Lo malo es que no se van a poder cuantificar cuántos serán, porque callarán para no levantar la liebre.
Hoy mismo se ha condenando a Teresa Rodríguez, de Podemos Andalucía, por decir en Twitter que el ministro franquista Utrera Molina fue responsable de la muerte de Puig Antich. 5.000 euros a los herederos del ministro franquista, es la condena. Alfredo Díaz Cardiel, también de Podemos tendrá que indemnizar igualmente a dichos herederos con otros 5.000 euros por su tuit. ¿Es esto libertad de expresión? Está claro que no. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo.